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sábado. 04.02.2023

La familia Cotino podría embolsarse más de tres millones por un error administrativo

El Ayuntamiento de Valencia se olvidó de pagar a tres familias cuyas parcelas habían sido expropiadas para levantar el Parque de la Cabecera. Ahora, la deuda es muy superior a la cantidad que hubiera tenido que abonar en su momento.
NUEVATRIBUNA.ES - 5.5.2010

Se trata de las familias Trénor, Benlloch y Cotino, que se han acogido a la retasación, ya que el consistorio rebasó los dos años que tenía para abonar el precio fijado por el Jurado de Expropiaciones. Por ahora, la Justicia ha fallado a favor de los Trénor para que se les pague 1.401.599 euros en lugar de los 273.692 que le correspondía pagar al ayuntamiento. Teniendo en cuenta que la extensión de la parcela de la familia del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, es el doble que la de los Trénor y que el Jurado de Expropiaciones había acordado para ellos el pago de 687.000 euros, es previsible que la cantidad final que le corresponda ronde los tres millones.

El consistorio que preside Rita Barberá aprobó el 24 de julio de 1998 expropiar 140 parcelas (300.000 metros cuadrados) de la antigua huerta de Campanar para levantar el Parque de Cabecera. Su previsión era gastar algo más de siete millones de euros. Se pagó a todos los propietarios menos a tres, las familias antes citadas, que ahora han pedido al Jurado de Expropiaciones que retase sus terrenos, es decir, que amolde la cantidad que el Ayuntamiento les había de pagar a la coyuntura actual. El motivo de que el coste de las parcelas se haya disparado es que cuando se inició la expropiación, en 1998, era suelo no urbanizable, mientras en 2008, cuando vuelve a iniciarse el proceso como resultado de la retasación, el jurado lo considera suelo urbano consolidado debido a la existencia del parque.

Lo ha explicado el concejal socialista, Juan Ferrer, que ha hecho la siguiente reflexión: “No quiero pensar que el retraso ha sido deliberado, pues supondría la imputación de un delito“. El concejal ha añadido que “los técnicos municipales siempre advierten de las demoras”, y que, en cualquier caso, se trata de “una negligencia inaceptable” que ha costado a los valencianos 1,13 millones, sin que se hayan depurado responsabilidades.

Sea como fuere, nunca cobrar tarde ha sido tan rentable.

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