La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha contestado hoy a los sindicatos CCOO y UGT que no va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma laboral del Gobierno porque todavía no ha sido aprobada definitivamente en el Parlamento.
El pasado 23 de abril los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, solicitaron a la defensora del Pueblo que promoviese un recurso de inconstitucionalidad. Este viernes finalizaba el plazo para que la Defensora del Pueblo les contestara. La respuesta que les ha dado Cava de Llano es que el examen de la reforma laboral lo pospone hasta que sea definitivamente aprobada en el Parlamento.
El próximo día 24 de mayo la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados tiene previsto dar su visto bueno a la norma, que posteriormente enviará al Senado para que se pronuncie sobre ella. Aunque está en proceso de tramitación parlamentaria lleva en vigor desde el pasado 12 de febrero.
Desde esa fecha CCOO y UGT tienen en marcha una campaña de rechazo "creciente y sostenida" contra la reforma, que les llevó a convocar una huelga general el pasado 29 de marzo. El jueves dieron un paso más en su campaña de denuncia al presentar en la oficina en España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dos quejas porque la reforma laboral "viola" el derecho de libertad sindical y a la negociación colectiva, así como las garantías de los trabajadores ante un despido.
En el caso de la Defensora del Pueblo, CCOO y UGT justifican su inconstitucionalidad en que no había razones para aprobarla por real decreto, en que en el contrato indefinido para pymes y emprendedores de menos de 50 trabajadores se fija un periodo de prueba de un año y en que se suprimen los salarios de tramitación para los despidos improcedentes.
Otros argumentos que dan para que se pronuncie el Constitucional son que la reforma laboral vulnera los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva, y que abre la puerta al despido colectivo para los empleados públicos laborales, a los que no les reconoce la posibilidad de que les apliquen mecanismos de flexibilidad interna como la suspensión o reducción de jornada.
