jueves. 28.03.2024

La represión de las manifestaciones debe ponerse en relación con la actitud arrogante y prepotente que se adopta desde los máximos responsables políticos del Ejecutivo

La Cumbre Social ha denunciado este miércoles “la estrategia del Gobierno, expresada a través de su delegación en Madrid y del Ministerio del Interior, consistente en descalificar y desprestigiar ante la opinión pública las manifestaciones de rechazo a las políticas antisociales promovidas por el Ejecutivo convirtiéndolas en un problema de orden público”.

Así se ha manifestado en un comunicado en relación a las protestas ciudadanas celebradas los días 25, 26 y 27 de septiembre en las que se registraron cargas policiales “de extrema dureza” y un importante número de detenciones y heridos.

La plataforma denuncia las órdenes dadas a la policía que generaron “intervenciones de inusitada agresividad, una tensión del todo innecesaria y dieron una imagen de manifestación violenta cuando se trataba de una convocatoria pacífica”.

Por ello exigen que se depuren responsabilidades políticas y plantean el cese o dimisión de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Asimismo piden que los procesos judiciales en curso como consecuencia de los incidentes que pudieran haberse producido en el transcurso de las manifestaciones se reconduzcan y adecuen a los hechos ocurridos que, “en ningún caso, pueden ser calificados como de atentado contra las instituciones del Estado”.

Las organizaciones de la Cumbre Social también expresan su “profunda preocupación ante la deriva autoritaria que está adoptando el Gobierno”. A su juicio, “la represión de las manifestaciones debe ponerse en relación con la actitud arrogante y prepotente que se adopta desde los máximos responsables políticos del Ejecutivo, con la ausencia de diálogo social y político, con el ocultismo con el que se abordan temas fundamentales para el país como es el posible rescate de la economía española, con los intentos de manipulación de la opinión pública”, lo que supone “una involución en nuestro sistema de derechos y libertades que amenaza con poner en riesgo las reglas de convivencia de las que nos dotamos en el inicio de la transición política”.

La Cumbre Social denuncia la “deriva autoritaria” que está adoptando el Gobierno