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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 2.3.2010

Las críticas ciudadanas hacia la inseguridad derivaron hace una semana en enfrentamientos, toda vez que elementos ultraderechistas de la localidad aprovecharon ese clima para cargar contra los inmigrantes. Ahora, Plataforma per Catalunya, una formación conocida por sus planteamientos xenófobos y islamofóbicos, aprovecha para sacar un comunicado en el que, además de anunciar su candidatura por Salt en las próximas municipales, denuncia que las disputas vecinales del pueblo "demuestran el fracaso de las equivocadas políticas de inmigración llevadas a cabo por los otros partidos".

El partido, que ya tiene concejales en otras localidades y que aspira a sentarse en el Parlamento catalán, ha ratificado a Josep Anglada como candidato a la Generalitat por Barcelona, a Moisès Font por Girona, a Eduard Pallerola por Lleida y a Myriam Muñoz por Tarragona.

La tensión estalló en Salt el pasado jueves cuando en el curso de un pleno municipal para debatir medidas que pongan coto a la inseguridad ciudadana la alcaldesa, Iolanda Pineda, fue increpada por grupos de 'ultras' que fueron desalojados. Unos 200 vecinos, tanto locales como inmigrantes, se concentraron delante del edificio y discutieron de manera acalorada.

En el pleno se aprobó una partida del presupuesto para la incorporación de tres agentes más a la plantilla de la Policía Local, además de la instalación de cámaras de vídeo-vigilancia en tres sectores de la localidad: la zona centro, la plaza Catalunya y el sector de la Massana. Para esto último, el Ayuntamiento destinará 90.000 euros del presupuesto. Desde mediados de febrero los Mossos d'Esquadra han aumentado su patrullaje por la noche, lo que ya a disminuido el número de delitos. Pero en muchos casos, los detenidos quedan en libertad de inmediato. "Salt ha pasado de un 6 a un 43 por ciento de inmigración en diez años y esto no es fácil asimilarlo", admitió los últimos días la propia Pineda.

La alcaldesa ha dicho en más de una ocasión que "Salt es el laboratorio de la Catalunya del futuro en el tema de la inmigración". Con ello se refiere al trasfondo real del problema: la crisis económica que se ha cebado especialmente en la población inmigrante, con unas cuotas de paro que triplican la media del país y se sitúan entre el 40 y el 50% de la población activa de origen extranjero. La inseguridad ciudadana ha sido el detonante del estallido social pero los motivos reales son mucho más profundos y complejos.

PACTO POR LA CONVIVENCIA

Este lunes, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad y los colectivos de inmigrantes magrebís se comprometieron a abrir una nueva página en la historia de la ciudad. Iolanda Pineda (PSC), el jefe de los Mossos en la región policial de Girona, Francesc Xavier Gàmez, el responsable de la policía local de Salt, Antoni Marco, el diputado del PSC Mohamed Chaib y representantes de tres asociaciones magrebís, entre ellas una de jóvenes laicos que hasta la fecha no se sentían representados por el resto de colectivos, formalizaron un acuerdo para impulsar una mesa para la convivencia que aglutine a todos los vecinos de la población, independientemente de su origen y procedencia.

Pineda explicó que el objetivo de la mesa para la convivencia es que, a partir de ahora, en cualquier reivindicación de la ciudad, incluida la demanda de más seguridad, estén representados todos los colectivos. "Los jóvenes y los colectivos magrebís también quieren que se frenen los robos y que se encarcele a los reincidentes, porque es un problema que también les afecta a ellos", señaló Chaib, que aprovechó la comparecencia para reclamar a la administración que dedique más recursos a las poblaciones como Salt, en las que hay una gran tasa de inmigración.

Otro de los puentes de entendimiento que se tendieron ayer fue el establecimiento de una vía de comunicación permanente entre las fuerzas de seguridad y los representantes de los jóvenes magrebís. Pineda subrayó que el ayuntamiento y los Mossos mantendrían la presión policial de los últimos días porque se había demostrado su eficacia. Tras hablar con los responsables policiales, los jóvenes se mostraron dispuestos a aceptar que prosigan los controles y las identificaciones, aunque solicitaron que los agentes fueran más respetuosos con su intimidad y que no se les expusiera a humillaciones en público.

La crisis, oportunidad para los 'ultras'