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11 de abril de 2010, 14:46
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 09.04.2010
Medio centenar de jueces y fiscales de la "izquierda judicial" lamentaron hoy que los "herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados" al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la causa que el Tribunal Supremo instruye contra el magistrado por haber cometido un presunto delito de prevaricación al investigar los crímenes de la dictadura.
Los firmantes del manifiesto, suscrito por Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), destacan que el procedimiento judicial que deberá afrontar el juez Garzón constituye "un hecho doloroso e injustificable" y que "significa el resurgir de (des) valores" que "siempre" han rechazado.
Tras destacar el compromiso de Garzón "en la lucha por los derechos" y la "conquista civilizatoria" alcanzada por algunas de sus investigaciones, como la instruida contra el dictador chileno Augusto Pinochet, el comunicado recalca que el proceso instruido por el magistrado Luciano Varela, fundador de JpD, "rompe con valores constitucionales y pone en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español".
"Cuestionar la Ley de Amnistía con base en el derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar", afirman los firmantes, que reconocen no obstante que la causa abierta por Garzón contra el franquismo era "arriesgada".
"VERGÜENZA NACIONAL"
De igual modo, señalan que "todavía subsisten algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado" y que la democracia "no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura", hasta el extremo de que hay "miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares".
Este "drama", que califican de "vergüenza nacional", resulta "particularmente hiriente" si se considera que la jurisdicción española "ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países", entre los que citan Chile.
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social; el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; y los ex fiscales Carlos Jiménez Villarejo, Carlos Castresana y José María Mena.
Medio centenar de jueces y fiscales de la "izquierda judicial" lamentaron hoy que los "herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados" al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la causa que el Tribunal Supremo instruye contra el magistrado por haber cometido un presunto delito de prevaricación al investigar los crímenes de la dictadura.
Los firmantes del manifiesto, suscrito por Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), destacan que el procedimiento judicial que deberá afrontar el juez Garzón constituye "un hecho doloroso e injustificable" y que "significa el resurgir de (des) valores" que "siempre" han rechazado.
Tras destacar el compromiso de Garzón "en la lucha por los derechos" y la "conquista civilizatoria" alcanzada por algunas de sus investigaciones, como la instruida contra el dictador chileno Augusto Pinochet, el comunicado recalca que el proceso instruido por el magistrado Luciano Varela, fundador de JpD, "rompe con valores constitucionales y pone en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español".
"Cuestionar la Ley de Amnistía con base en el derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar", afirman los firmantes, que reconocen no obstante que la causa abierta por Garzón contra el franquismo era "arriesgada".
"VERGÜENZA NACIONAL"
De igual modo, señalan que "todavía subsisten algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado" y que la democracia "no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura", hasta el extremo de que hay "miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares".
Este "drama", que califican de "vergüenza nacional", resulta "particularmente hiriente" si se considera que la jurisdicción española "ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países", entre los que citan Chile.
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social; el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; y los ex fiscales Carlos Jiménez Villarejo, Carlos Castresana y José María Mena.
