jueves. 28.03.2024

Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han cargado este jueves contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S tras los altercados con la policía. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio.

"El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está haciendo bastante mal". "Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes", ha añadido. A su juicio "no se puede acusar así, linealmente de un delito tan grave".

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de la CEP, Ignacio López quien cree que "una vez más" Interior "peca de no haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el alcance de las acusaciones". Según ha dicho, "es una falta de respeto hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible imputación y que después no se haga".

"Lo que no se puede hacer es con el trabajo policial y con situaciones tan críticas aprovecharse para obtener réditos políticos o mediáticos. Una vez más condenamos la aceleración verbal que desde el Ministerio del Interior se produce ante la actuación policial ante determinados asuntos", ha zanjado.

Pese a que desde el Ministerio del Interior y el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciaron que los 35 detenidos iban a ser acusados de un delito contra los altos organismos del Estado por la protesta ante el Congreso de los Diputados el propio atestado policial descarta este extremo. Por este motivo el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha remitido la causa a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla.

 La Audiencia Nacional también ha mostrado su malestar ante la actuación de Interior en este caso

Pedraz ha remitido a la Policía una providencia en la que le informa que los delitos que se imputan a los 35 detenidos en la protesta ante el Congreso de los Diputados no son competencia de la Audiencia Nacional e insta a las Fuerzas de Seguridad del Estado "que actúen en consecuencia".

El magistrado, que ha recibido un atestado por la comisión de delitos por parte de los arrestados de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos toma en el escrito "conocimiento de la detención" y especifica que ninguno de los delitos "son competencia de la Audiencia Nacional". El juez ha dictado la providencia tras esperar durante más de 40 horas notificación oficial sobre los arrestados y los delitos que indiciariamente iba a imputarles la Policía.

La competencia de la Audiencia Nacional quedaría establecida únicamente en el caso de que se imputen a los detenidos este tipo de delitos, previstos en los artículos 493, 494 y 495 del Código Penal. 

De hecho, la sede judicial ha mostrado este jueves su malestar ante la actuación de Interior en este caso. Fuentes jurídicas han criticado la imprecisión y falta de comunicación mantenida por el Ministerio, que ha provocado un evidente retraso en la notificación oficial remitida al Juzgado.


El Juzgado de Instrucción Nº 8 de Madrid, en funciones de Guardia de detenidos, procederá a tomar declaración en el transcurso de la tarde del jueves, 27 de septiembre, a los 35 detenidos.

Los arrestados se encuentran en los calabozos de las dependencias judiciales de Plaza de Castilla a excepción de un menor de edad, a cargo del GRUME, cuya disposición judicial compete a la Fiscalía de Menores, según se regula en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

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