La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha exigido este viernes al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, el levantamiento de la suspensión cautelar sobre el decreto antidesahucios y ha recordado el planteamiento a las entidades financieras para que establezcan una moratoria de los desahucios hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no se pronuncie tras el recurso interpuesto por el Gobierno.
En declaraciones a los periodistas en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), Cortés ha señalado que la próxima semana tendrá novedad respecto a esta petición a las entidades financieras. En cuanto al decreto antidesahucios, ha insistido en que es "constitucional", indicando además que el Ejecutivo central lo ha recurrido por "una cuestión ideológica y porque el Gobierno andaluz ha puesto en evidencia que hay alternativas a la política de vivienda que está haciendo el PP". En este sentido, ha hecho hincapié en que el decreto "funciona".
Este viernes Elena Cortés y el alcalde de Punta Umbría han firmado la adhesión del Ayuntamiento al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un programa que en toda Andalucía se han adherido 215 municipios. Cortés ha subrayado que Punta Umbría es "el primer ayuntamiento en sumarse tras la suspensión del decreto ley para asegurar la Función de la Vivienda por el recurso del Gobierno ante el Constitucional", a lo que ha añadido que la Consejería de Fomento y Vivienda "no baja los brazos y continúa luchando para evitar desahucios".
A su juicio, este programa ha supuesto "una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras a favor de las familias", haciendo hincapié en la necesidad de que la Administración "tomara partido, dado el abismo de estatus y de privilegios que existe entre ambas partes".
La consejera ha explicado que este decreto "no solamente evitaba desahucios mediante la expropiación temporal del uso, a la que se habían acogido 18 familias en riesgo de exclusión social en tres meses, dos de ellas en Huelva".
Tampoco, según ha añadido, "se limitaba a ofrecer una expectativa razonable de acogerse a la medida de cientos de personas más en sólo tres meses, sino que es mucho más porque se trata de una norma que evitaba desahucios cada día, al afectar a todos los desahucios, ya que ante la perspectiva de quedarse con una vivienda vacía expropiable o sancionable, la entidad financiera se lo pensaba más antes de echar a nadie".
"Ahora vuelven a tener vía libre", ha enfatizado Cortés, y ha añadido que en las oficinas contra los desahucios "se evitan desalojos, pero de un modo, por así decirlo, paliativo", ya que "la resolución del problema de fondo es competencia estatal". En este punto, ha insistido en que la expropiación era "una medida de justicia social de carácter paliativo".
Pero el decreto, según ha remarcado, "tenía además medidas que iban a la raíz del problema" y ha citado entre ellas la sanción de hasta 9.000 euros por vivienda vacía en manos de bancos e inmobiliarias.
