viernes 13.12.2019
TRAS LA CONSPIRACIÓN DESTAPADA POR EL DIARIO ‘PÚBLICO’

JpD exige que se depuren responsabilidades por las grabaciones secretas de Interior

Jueces para la Democracia denuncia que la actitud del ministro Jorge Fernández Díaz “revela un profundo desprecio por las instituciones democráticas”.

Jueces progresistas exigen que se depuren responsabilidades por las grabaciones secretas del ministro de Interior

Mientras el diario Público sigue desvelando el contenido de las grabaciones secretas del ministro de Interior en funciones Jorge Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, el Gobierno de Mariano Rajoy se mantiene pasivo ante el escándalo.

Jueces para la Democracia ha pedido este martes que se depuren responsabilidades de todas las personas implicadas en la trama sobre la presunta conspiración del ministro contra políticos soberanistas catalanes.

En un comunicado, el colectivo de jueces denuncia que la actitud del titular de Interior “revela un profundo desprecio por las instituciones democráticas”. En este sentido recuerda que la Oficina Antifraude Catalunya es una oficina comisionada dependiente directamente del Parlament de Catalunya, cuyo titular está nombrado por él y ante el que le rinde cuentas, nacida para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como 3%. “Por eso, debemos denunciar la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político”, señala.

JpD califica de “inaceptables presiones” las ejercidas por el ministro a De Alfonso, inaceptables “por parte de quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en tal calidad, tiene como misión constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. A juicio de esta asociación, “a ninguno de estos fines se atiene el Ministro si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia”. 

Por todo ello, exige que se investiguen los hechos y recuerda que “cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, sin que quepan atajos ilegales como el que nos ocupa”. 

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