JpD denuncia el "paraíso fiscal" en el que vive la Iglesia Católica española
Jueces para la Democracia (JpD) ve con “verdadera alarma” cómo el Gobierno “gestiona los intereses comunes con olvido de los pilares básicos de la democracia”.
Así se ha pronunciado esta asociación en su XXVII Congreso nacional celebrado el pasado fin de semana en Valencia y del que salió elegido su nuevo órgano de dirección
En un comunicado, JpD critica al Ejecutivo de Rajoy por gobernar a golpe de decreto, hurtando el debate parlamentario y “permitiéndose el lujo de establecer la injerencia en la función jurisdiccional indicando que una norma no pueda ser interpretada, lo que constituye un verdadero ataque a la independencia judicial”, afirman.
Asimismo manifiestan su “honda preocupación por la falta de sensibilidad hacia los ciudadanos, que están soportando las consecuencias directas del desastre económico-financiero”. “Resulta bochornoso –añaden- que la crisis financiera sirva de justificación para todo tipo de tropelías contra el Estado Social”.
En el caso particular de Bankia, la asociación progresista exige que la inyección multimillonaria de dinero por el Estado “vaya acompañada de la investigación que permita establecer las responsabilidades de todo tipo en las que hayan podido incurrir sus gestores, administradores, supervisores y los cargos políticos involucrados”.
Entre otras cuestiones piden "regular el sobreendeudamiento familiar de forma que las personas, en otro tiempo asalariados o empresarios, no se ven abocadas a la exclusión social"; desarrollar la mediación institucional en el ámbito del consumo; poner límites legales a "los excesos en la contratación de las entidades del sector financiero con los ciudadanos". JpD alerta de las medidas liberalizadoras anunciadas en materia de alquiler que "empujan hacia la trashumancia y con ello a la falta de arraigo social, por falta de estabilidad para fijar la sede personal y familiar" y denuncia "la falta de ética y transparencia en instituciones públicas y privadas y la falta de control efectivo del gasto público".
Jueces para la Democracia también critica el “adelgazamiento forzoso de la Justicia” y las tasas “desproporcionadas” que “está llevando a la muerte por inanición del Estado de Derecho”. En este sentido, considera que su finalidad es “estrictamente recaudatoria” y “pudiera atentar contra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”. A juicio de esta asociación, “el copago judicial creará desigualdades procesales y supondrá el final de una justicia igualitaria ya que se servirá especialmente a los que puedan pagársela”.
“Ante un cambio radical de circunstancias en la economía, en las reglas del mercado, las iniciativas legislativas, las reformas legales no pueden menoscabar los valores básicos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Como jueces estaremos alerta de que se respeten en todo momento los principios constitucionales de todos los ciudadanos. Como Asociación de Jueces reivindicaremos el espacio de Justicia que la Sociedad Española merece”, advierten.
La asociación también abordó en su congreso otros temas de actualidad como los privilegios fiscales de la Iglesia Católica o las medidas anunciadas por el Gobierno para “criminalizar la protesta pacífica”.
Finalmente y en otro orden de cosas, JpD pidió la dimisión de Carlos Dívar, como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo y reclamó una auditoria de los gastos del CGPJ, “al valorarse que no han funcionado los mecanismos previstos de control presupuestario”.
