Las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- y las tres fiscales -Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- han presentado un escrito ante el Ministerio de Justicia con las concretas reclamaciones que anunciaron que efectuarían el pasado 23 de enero.
Asimismo, en cumplimiento de lo acordado, anuncian un primer paro de tres días en horario de audiencia (entre las 10.00 y las 14.00 horas) para los días 5, 6 y 7 de marzo de 2019. El resto de paros y medidas se irán concretando según vayan evolucionando las negociaciones con el Gobierno. En el caso de no avanzarse en ellas, los paros podrán verse repetidos en meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, semanales e, incluso, paros indefinidos.
Junto con el anuncio de estas movilizaciones han presentado un escrito en el Ministerio en el que desglosan once propuestas de mejora de las condiciones de la Justicia. Los representantes de ambas carreras señalan que se trata de "propuestas claras, alcanzables y con mínima dotación presupuestaria". "Solo hace falta voluntad política", dicen.
Las propuestas que han trasladado al Gobierno son las siguientes:
- Desarrollo reglamentario del artículo 437.2 en órganos judiciales sobrecargados, asignándoles dos jueces de manera permanente, con el correlativo aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones.
- “Derogación urgente” del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurriendo al Real decreto ley si es necesario, evitando casos de impunidad en casos de corrupción como los de Murcia y Granada.
- Paralización de la “Justicia Digital”, replanteo de su implantación, aplicaciones y solución de problemas de la herramienta informática.
- Convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal.
- Efectivo incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales (80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado.
- Retribución de las guardias conforme a la responsabilidad del cargo, modificando para ello la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las carreras judicial y fiscal.
- Retribución de las sustituciones de manera completa, conforme al Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo.
- Desarrollo del complemento de carrera profesional, introducido en la reciente reforma de la LOPJ (art. 403.2), para fijar sus criterios, requisitos y cuantías de este nuevo concepto retributivo.
- Recuperación del exceso de bajada retributiva sufrido “injustificadamente” por las carreras fiscal y judicial con relación a la media de bajada que sufrió la función pública, aceptando un plan progresivo en este ejercicio y en los inmediatamente siguientes.
- Inclusión de la partida de 7.000.000 euros en el capítulo I de los PGE o, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda, para su reparto entre las carreras judicial y fiscal.
- Derogación “urgente” de la nueva redacción de los artículos 307, 326 y 347 bis LOPJ, operada por la LO 4/2018 de 28 de diciembre, para volver a la anterior redacción.
