En un comunicado, la sección territorial de JpD en la Comunidad de Madrid critica las "insidias y descalificaciones" vertidas contra la juez Luz Almeida Castro por el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, la secretaria de Comunicación, Lucía Figar y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
Unas críticas que para esta asociación de jueces progresista suponen un "ataque indirecto" a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y reflejan el "miedo" a que la investigación judicial siga adelante para depurar las "responsabilidades penales reales".
En concreto, Granados consideró el pasado día 30 que la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir el "caso del espionaje" tenía una "intencionalidad" vinculada a la cercanía de las elecciones, y cargó contra la ponente del auto a la que definió como "socialista reconocida", hermana de la que fue candidata del PSOE a la Comunidad de Madrid en 1999 Cristina Almeida.
En esa idea insistió Figar al asegurar que la magistrada es "una abogada socialista, que ni siquiera es jueza por oposición".
Ante estos ataques, que JpD califica de "descalificaciones e insidias", la asociación de jueces ha recalcado su "rechazo y preocupación, por lo que supone de cuestionamiento infundado y gratuito de una resolución judicial".
Igualmente, admite que toda resolución judicial puede ser objeto de crítica informada, formada y fundada en derecho, pero recalca que "nunca puede fundarse en una descalificación personal basada en motivos ideológicos".
Por último, subraya que la resolución de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido fruto de la deliberación colegiada de dos magistradas y un magistrado, y que, por ello, ello, "difundir la insidia" de que es fruto exclusivo de la juez ponente es "un insulto a la inteligencia" y expresa una "visión rabulesca" del carácter colegiado de las deliberaciones de los órganos judiciales plurales.
"El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, debería estar seriamente preocupado por las carencias del servicio público de la justicia en Madrid. Y no debería fomentar las críticas infundadas sobre una resolución judicial adoptada por un órgano colegiado tras un recurso", concluye la nota.
