Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Constitución con la que pretenden introducir profundos cambios en el Senado y la Ley Electoral y generalizar la convocatoria de referendos como fórmula para reforzar la participación y el pluralismo políticos.
Para IU y BNG, tras más de tres décadas de vigencia es "inaplazable" abordar una revisión constitucional para mejorar la calidad de la democracia española que debería empezar por dotarla de un sistema electoral "con un mayor grado de proporcionalidad" entre los votos emitidos por los electores y representación obtenida por las distintas formaciones políticas.
CIRCUNSCRIPCIÓN AUTONÓMICA
En aras de lograr ese objetivo, plantean que la circunscripción electoral sea la comunidad autónoma en lugar de la provincia, que todas las formaciones políticas puedan concurrir a las elecciones sin necesidad de sumar un determinado número de firmas y que se eliminen los umbrales mínimos para acceder al reparto de escaños, de manera que éstos se repartan entre todas las que obtengan sufragios "mediante un sistema de representación proporcional directa".
Respecto al Senado, la federación de izquierdas y los nacionalistas gallegos aspiran a convertirlo en una verdadera Cámara territorial suprimiendo la elección de senadores por sufragio universal, el único caso del sistema español en el que se utilizan listas abiertas.
Su idea es que la Cámara Alta esté únicamente compuesta por miembros designados por la Asambleas de las comunidades autónomas, "atendiendo tanto a la proporcionalidad territorial como a la pluralidad política".
ILPs SIN RESTRICCIONES
Otra de las propuestas busca facilitar la tramitación de iniciativas legislativas populares (ILPs), de manera que se suprima de la Constitución el requisito de que, para que sean analizadas en las Cortes, tengan que estar avalada por medio millón de firmas.
También quieren eliminar las restricciones actuales y que estas leyes impulsadas por la sociedad civil puedan afectar a todo tipo de materias incluidas las relativas a derechos fundamentales, impuestos, asuntos internacionales o indultos, que ahora están vetadas a las ILPs.
Asimismo, defienden ampliar los supuestos para la convocatoria de referendos consultivos, flexibilizar sus requisitos y reconocer el derecho de las Comunidades Autónomas y Entes Locales a convocarlos en asuntos de su competencia. En las materias que corresponden al Estado, sugieren que el Rey los convoque mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada a petición de un 5 por ciento de los miembros del Congreso o el Senado o de una iniciativa popular.
