Este texto se debatirá en la última sesión plenaria de esta legislatura, con lo que, aunque sea aprobada, decaerá el próximo 26 de septiembre, momento en el que se disuelven las Cortes para las próximas elecciones del 20 de noviembre, puesto que no podrá debatirse su consecuente moción.
IU-ICV recuerda así que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha autorizado la prórroga de funcionamiento de Ascó para diez años más, y ahora está en manos del Gobierno decidir antes del próximo 1 de octubre si deniega la renovación del permiso de funcionamiento, ya que el informe del CSN no es vinculante.
"IU-ICV considera la decisión del CSN sobre Ascó precipitada puesto que todavía no se dispone de los resultados completos de las pruebas de resistencia que se están efectuando, a la vez que aventurada porque conceden la autorización antes de que se cumplan las condiciones de las operaciones", comenta.
Así, argumenta que, "sería un error no interpretar las consecuencias del accidente de Fukushima y actuar responsablemente", dado que el próximo 1 de octubre el Gobierno debe tomar una decisión independiente del CSN sobre la licencia de Ascó y considerando que países nuclearizados con Suiza, Japón, Alemania e Italia, entre otros, han paralizado sus proyectos nucleares o bien han iniciado el abandono de la energía nuclear y su sustitución por renovables limpias y seguras.
EXTREMA PELIGROSIDAD DE LA ENERGÍA NUCLEAR
En la exposición de motivos, detalla que, a pesar de los intentos de la industria nuclear de minimizar el accidente múltiple en la central nuclear de Fukushima, ha quedado "de nuevo claramente manifiesta la extrema peligrosidad" de este tipo de energía con el accidente de la planta de tratamiento de residuos nucleares de Marcoule dans le Gard en Francia hace escasas semanas. "No sólo las centrales son peligrosas sino la tecnología nuclear en sí misma también lo es", añade.
Así, apunta que en España representa "un error" pretender minimizar lo que está pasando porque la seguridad tampoco ha sido una prioridad en la gestión de las instalaciones atómicas españolas.
En este sentido determina que, recientemente, se ha conocido la "falta de transparencia" en torno a la seguridad de las nucleares tras conocer que el Ministerio de Industria no envió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe elaborado por la cartera de Medio Ambiente sobre los problemas de refrigeración del reactor de Garoña, que solicitaban una modificación del actual sistema de refrigeración si se prorrogaba su actividad más allá de 2009. "Pocos días después el Gobierno prorrogó la actividad de Garoña", puntualiza.
En el caso de Ascó, señala que se han acumulado "cerca de un centenar de problemas" de funcionamiento en los últimos cuatro años, el más grave en 2007 cuando un escape masivo de partículas radioactivas contaminó sus edificios y el entorno llegando hasta la costa, pero la dirección de la central y el CSN, según especifica, "escondieron la contaminación durante más de cuatro meses", hasta que Greenpeace lo hizo público gracias a un chivatazo de los trabajadores.
