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viernes 20/5/22
La dirección del PP valenciano organizó una financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market, según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que lleva por título "Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de actos del PP" y que hoy publican los diarios "El País" y "El Mundo".

Este informe fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el presidente de esta comunidad, Francisco Camps, por un supuesto delito de "cohecho impropio" en el caso Gürtel.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Según la Policía, el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.

Estos cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat.

El informe policial revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano, que era conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido.

Así, la contabilidad de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'-, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra "en negro".

La denominada "caja A" aparece denominada como "Alicante" y la "B" como 'Barcelona'.

"En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe que publica "El Mundo".

En los pagos "en dinero B" por actos del PP, la Policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

El informe recoge media docena de transcripciones de grabaciones realizadas por la policía al propio Francisco Correa o al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, entre otros. En esos pasajes señalan a varios altos cargos del PP y la Generalitat, entre ellos el vicepresidente tercero y conseller de Industria, Vicente Rambla, o al propio secretario general del partido, Ricardo Costa. El vicesecretario de organización, David Serra, también aparece en el informe, al igual que el ex director general de RTVV, Pedro García. Este último cesó en su puesto el pasado 28 de agosto. Fue una destitución que se presentó como dimisión. Su marcha precipitada tiene que ver, según algunas fuentes, con su relación con el escándalo Gürtel.

Para el jefe de la trama, Francisco Correa, era de suma importancia que Pedro García estuviera en la dirección general de RTVV. Precisamente García sustituyó a Correa como padrino de una hija de Álvaro Pérez el pasado 7 de febrero, un día después de que el juez Baltasar Garzón desencadenara la operación de registro de empresas y detenciones de implicados, entre otras la de Correa.

La elección del sustituto en el bautizo no fue casual. La amistad de Pedro García con Álvaro Pérez viene de lejos. El empresario organizador de Fitur y de otros eventos de la Generalitat y del PP -a este partido le facturó Orange Market prácticamente 1,8 millones de euros entre 2003 y 2007 por actos y campañas electorales- fue uno de los participantes en la fiesta sorpresa que un selecto grupo de contratistas y amigos le ofreció a Pedro García en Marrakech en diciembre de 2007 con motivo del 40 cumpleaños del ex director general de la televisión autonómica. Quien hizo de gancho de aquella sorpresa fue Vicente Cotino, que llevó a García en su jet privado. Este empresario es sobrino del vicepresidente tercero del Consell Juan Cotino y copropietario del Grupo Sedesa, una de las contratistas de la Generalitat que aparecen en el citado informe como presuntas financiadoras del PP. Junto a Sedesa, figuran otras constructoras como Lubasa, la alicantina Enrique Ortiz e Hijos o Facsa, la empresa de Enrique Gimeno.

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