ICV pregunta al ministro de Defensa por su actividad al frente de una empresa de armamento

La diputada de ICV-EUiA en el Congreso Laia Ortiz ha pedido al ministro de Defensa, Pedro Morenés, que informe sobre la situación en que se encuentra su reclamación al Estado, de 40 millones, cuando era consejero de la compañía de armamento Instalaza por haber dejado de fabricar bombas de racimo.

En nota de prensa, ICV-EUiA ha explicado que la exempresa de Morenés pidió la referida compensación económica al Gobierno en 2008 por dejar de fabricar este tipo de bombas, tal y como exige el Tratado de Dublín.

Sin embargo y según ICV-EUiA, que ha presentado en la Cámara Baja una batería de preguntas sobre este asunto para su respuesta escrita, en 2009, Instalaza mantenía, en el catálogo de su web, la bomba de racimo MAT-120 a pesar de ser un equipamiento militar prohibido.

Esta formación política ha asegurado que, "según diferentes ONG, las bombas de racimo MAT-120 utilizadas por el líder libio Muamar el Gadafi en sus ataques a población libia de Misrata fueron fabricadas en la empresa Instalaza".

Entre la batería de preguntas, la diputada de ICV-EUiA también interroga a Morenés sobre si cree que el Gobierno debe compensar a empresas privadas por cumplir los tratados internacionales y qué medidas deberá llevar a cabo el Ejecutivo para asegurar el cumplimiento de la Convención sobre Municiones en Racimo, adoptada en Dublín en 2008.