El fracaso de esta fase del diálogo social, motivado por la posición empresarial va a tener consecuencias para todas las partes implicadas en el mismo. Pretenden generar quiebras en el modelo democrático.
A finales del mes de julio del pasado año, las representaciones del Gobierno, de las organizaciones empresariales y de los sindicatos levantaban acta de defunción de esta fase del diálogo social.
Después de varios meses de reuniones las posiciones de las empresariales CEOE y CEPYME impedían cualquier acuerdo que sirviera para proteger a las personas que caían en el desempleo, reactivar la economía e impulsar un nuevo modelo productivo.
En esta fase del diálogo social, se han enfrentado en la mesa de negociación dos posiciones ante la crisis económica y sus repercusiones sociales, dos formas de combatir los efectos y de proponer una salida que ponga en primer lugar a las personas.
Para los empresarios se trata de aprovechar una vez más la situación de crisis económica para arrumbar con los derechos de los trabajadores, empeorar las condiciones de trabajo e incrementar en los centros de trabajo el poder empresarial.
La propuesta presentada por CEOE sobre el diálogo social hacía imposible cualquier mínima posibilidad de acuerdo.
La trayectoria errática y contradictoria de los empresarios en el proceso de negociación y en la presentación de las demandas a última hora, deja al descubierto la posición de éstos en la negociación.
Sus pretensiones de abordar reformas estructurales, incluida la laboral, junto a su objetivo de reducir los costes del factor trabajo, por la vía de las cotizaciones sociales, aún a costa de poner en riesgo los sistemas de protección social, no tenían cabida en el marco de la negociación establecida en la Declaración de Julio de 2008, “Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social”.
Esta ruptura del marco del diálogo social no es la expresión de un desencuentro puntual. Las declaraciones verbales de sus dirigentes y los escritos de las organizaciones empresariales, apuntan a que estos cuestionan el actual modelo de negociación.
Primero fue su negativa a negociar el Acuerdo para la Negociación Colectiva y la actitud mantenida en la negociación de los convenios colectivos, ahora sus propuestas. CEOE parece haber optado por un cambio de su papel, asumiendo ser un grupo de presión que actúa ante el Gobierno y para el que el resto de los interlocutores solo son obstáculos para el logro de sus objetivos.
Por ello, huye de la negociación e intenta reducir el diálogo social a procedimientos de información y consulta, acompañados de decisiones unilaterales.
El diálogo social es un instrumento básico de interlocución, participación y negociación entre sindicatos, organizaciones empresariales y gobierno para impulsar un modelo de crecimiento y desarrollo equilibrado, de calidad en el empleo, de bienestar social, de cohesión territorial y sostenibilidad ambiental.
El diálogo social es un marco para negociar las propuestas sindicales e influir en los procesos de cambio. No es un fin en si mismo, depende de la voluntad y el compromiso de cada una de las partes y esta sujeto a circunstancias concretas, entre ellas, la más importante la correlación entre las fuerzas sociales.
Las organizaciones empresariales en sus demandas proponen: la desregulación, abaratar el coste, descausalizar el despido, reducir la tutela judicial y la desaparición del control de la autoridad laboral en los casos de despido; reforzar el poder empresarial en las relaciones laborales actuando sobre la contratación laboral y buscando vías todavía más flexibles en la regulación de las condiciones de trabajo.
A la vez, las organizaciones CEOE-CEPYME promueven el debilitamiento de los sistemas de protección social, reduciendo las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que conllevaría la entrada inmediata del sistema en déficit y el agotamiento del actual Fondo de Reserva en menos de cuatro años.
También reducir la protección en caso de enfermedad, adoptando medidas como el “control del absentismo laboral”, orientadas a reducir costes reduciendo la protección de quienes sufren una enfermedad, gestión del absentismo por las mutuas y suprimir la obligación empresarial del pago de prestación de baja por enfermedad entre el cuarto y el decimoquinto día como sucedía hasta 1992.
Además proponen la participación privada en los Servicios públicos de empleo, por tanto el reconocimiento de las agencias de colocación con ánimo de lucro y la apertura a los sectores productivos, que están actualmente prohibido su uso, de las empresas de trabajo temporal.
Al mismo tiempo, que CEOE-CEPYME quieren reducir las cotizaciones sociales y el impuesto de sociedades, propone un compromiso fiscal para que el Gobierno no suba los impuestos de sociedades, actividades económicas, plusvalías e IVA.
Las propuestas empresariales no son neutras. Su alternativa a la crisis económica pasa por reducir las prestaciones y los derechos de los trabajadores, disminuir el papel de los servicios públicos, poner en riesgo los sistemas de protección social y proponer un modelo de gastos e ingresos que conduce vertiginosamente al deterioro de las prestaciones y de los servicios públicos.
Si los empresarios después de romper esta fase del diálogo social, siguen manteniendo el bloqueo de la negociación de los convenios colectivos, no cabe ninguna duda cuál es su apuesta en esta situación de crisis económica.
La actitud del Gobierno y sus propuestas para enfrentar la crisis no han sido, ni son las más adecuadas. Ha arbitrado algunas medidas que aún yendo en la buena dirección han resultado inconexas y con un alcance limitado, incluso algunas se han revelado como ineficaces y contraproducentes, al ser aprobadas de forma unilateral.
La caída del empleo se va agudizar en los próximos meses, la economía española atraviesa un momento sumamente grave. De esta situación no se sale sin una implicación activa del conjunto de la sociedad, empezando por sus principales actores, el Gobierno, los agentes sociales y económicos para impulsar un Pacto por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social que enfrente la actual coyuntura, reactive la economía y siente las bases par una apuesta estratégica que genere una base industrial sólida, mejore el sistema educativo y la Formación Profesional, consolide y amplié la protección social.
Hay que evitar que la crisis se zanje como una nueva oportunidad para la derecha y el capital de recuperar sus tasas de beneficio por la vieja vía de imponer sus propuestas desreguladoras, reducir el empleo y los salarios, precarizar las condiciones laborales, y suprimir derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay que levantar la voz, popularizar nuestras propuestas y ampliar y nuestra fuerza.
