nuevatribuna.es
7 de diciembre de 2009, 12:17
NUEVATRIBUNA.ES - 7.12.2009
Aminetu Haidar ha afirmado que la actuación del juez de guardia en Arrecife (Lanzarote), Jerónimo Alonso, le ha empujado a renunciar a toda atención médica. A través de un comunicado que ha leído Fernando Perahíta, miembro de la Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar en el aeropuerto de Guacimeta, en Arrecife, donde la pacifista lleva más de una veintena de días en huelga de hambre, Haidar asegura sentirse "aterrorizada" por la forma "violenta" en la que el juez entró en el habitáculo en el que se encuentra. Incluso llega a comparar la actuación de Alonso y las personas que le acompañaban con la de la "policía marroquí, encendiendo la luz, expulsando" a las personas que se encontraban con Aminetu.
La pacifista saharaui denuncia que la "amenazaron con obligarla a alimentarla contra su voluntad", lo que "viola sus derechos, está contra la Ley y va contra los derechos humanos".
El juez ya había visitado el domingo a Haidar tras lo que pudo comprobar que cuenta con "plena lucidez" y razona con "absoluta claridad", por lo que decidió no adoptar ninguna de las medidas solicitadas por la Delegación del Gobierno en Canarias. En su escrito al juez de guardia de Arrecife, la Delegación del Gobierno en las islas solicitó las "medidas necesarias" para evitar la muerte de Haidar y le recordó "el peligro que para su vida e integridad física supone el mantenimiento de su actitud", lo que, destacó, "obliga a una actuación urgente de asistencia sanitaria". Entre las medidas solicitadas figura "el ingreso en un centro hospitalario y, en todo caso, la realización de cuantos controles se estimen necesarios por los facultativos del Servicio Canario de Salud o del médico forense para evaluar el estado físico de la señora Haidar".
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Así las cosas, la situación de la activista saharaui se complica después de que Marruecos abortara, el pasado viernes, el permiso inicial para permitir el regreso de Haidar a El Aaiún en un avión medicalizado. Recordemos que Marruecos le ha ofrecido un pasaporte a cambio del que le confiscó obligándole a regresar a Lanzarote con una serie de condiciones, como "pedir perdón" por su lucha a favor de la independencia del Sáhara, que Haidar considera inaceptables. A cambio, el Gobierno español le ofrece el estatuto de refugiada o la nacionalidad española para que continúe su lucha desde territorio español. Haidar tampoco acepta esta propuesta y reclamar su pasaporte original.
Pero, para centrar el debate, lo esencial de este caso no es el pasaporte. Lo ha reconocido Agustín Santos Maraver, jefe de gabinete del ministerio de Asuntos Exteriores de España, en la entrevista que le ha hecho Daniel Raventós: Para evitar confusiones, ese no es el problema esencial. De lo que se trata es de defender el derecho de libertad de circulación de las personas y en concreto de los habitantes del Sahara Occidental que no se consideran marroquíes. El número del pasaporte que haga posible ejercer ese derecho es algo accesorio. Lo importante es que la Sra. Haidar tenga un pasaporte o un documento de viaje marroquí que le permita viajar desde o al Sahara Occidental. Seria un absurdo político una huelga de hambre tan dura no por ejercer un derecho sino por un número de pasaporte concreto. Y este no es el caso. Pero al final, la respuesta marroquí ha sido exigir unas condiciones inaceptables a la Sra. Haidar.
Lo que no dice Santos Maraver es que el problema de fondo es no es sólo el Sáhara, sino la complicidad española con la ocupación de la RASD, cuya denuncia constituye la razón de ser y de vivir de Aminetu Haidar. Lo recuerda también Pilar Rego desde la web de nuevatribuna.es (“España es responsable de todo el sufrimiento del pueblo saharaui jurídica e históricamente. Hay intereses bilaterales entre ambas naciones…”) y lo subraya Hugo Martínez Abarca en su blog al afirmar: El gobierno español prefiere forzar la voluntad de Aminatou para no tener que pedir al gobierno marroquí que deje de forzar la del pueblo saharaui.
Martínez Abarca explica además por qué no es posible obligar a Haidar a ingerir alimento alguno en contra de su voluntad: La jurisprudencia avala que el Estado fuerce la alimentación de huelguistas de hambre cuando éstos son presos, pues en prisión el responsable de la vida de los ciudadanos es el propio estado. Así lo decidieron en la huelga de hambre de unos presos del GRAPO y así se reiteró con la huelga de hambre de De Juana Chaos. Pero nadie forzó la alimentación de quienes realizaron una huelga de hambre en los 90 pidiendo que se cumpliese el compromiso de aportar un 0′7% del PIB a ayuda al desarrollo, porque ellos y no el estado eran dueños de su vida.
Entretanto, hemos sabido que el juez de Lanzarote Jerónimo Alonso enviará a otro facultativo este lunes para examinar a la activista en huelga de hambre antes de tomar una decisión sobre su situación. Lo asegura la agencia EFE que dice que el magistrado todavía no ha resuelto sobre las medidas reclamadas por la Delegación del Gobierno en Canarias a pesar de la información facilitada anoche por la abogada de Haidar. Al parecer, los dos informes médicos con los que cuenta el juez son contradictorios: el médico que la atiende de forma voluntaria dice que está muy mal, y los resultados de la revisión judicial de anoche apuntan en principio a que su estado no es tan grave.
EL DEBATE JURÍDICO
Por lo que se refiere al debate jurídico, la doctrina constitucional establece que Haidar no podría ser alimentada forzosamente por orden de un juez mientras se encuentre consciente. Así se establece en la sentencia 120/1990, de 27 de junio, dictada en respuesta a la huelga de hambre iniciada a finales de la década de los ochenta por casi medio centenar de presos pertenecientes a los GRAPO, a la que alude Martínez Abarca.
En cuanto a las asociaciones de jueces, los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, y Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno, rechazan que un juez pueda acordar la alimentación forzosa de la activista, argumentando que hay que respetar su voluntad expresada libremente. Sin embargo, los portavoces de la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), Marcelino Sexmero, y el Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, defienden la potestad de un juez para decretar que la activista sea alimentada, si su vida corre peligro.
Según Antonio García, existen principios como el de la dignidad que "no son derrotables" y "no existe interés de Estado de ninguna naturaleza que pueda pasar por encima". Para Gimeno, aunque un juez pudiera asumir su tutela en el caso de que perdiera la consciencia, sería una especie de "fraude", porque ya ha expresado su deseo de no ser alimentado previamente.
Marcelino Sexmero opina que sí sería posible que una autorización judicial ordenara su alimentación, como ocurrió con los presos de los GRAPO, si peligra la vida de Haidar porque la activista se encuentra "a disposición de las autoridades españolas", al haber entrado de manera irregular en el país. Conrado Gallardo añade que "lo que no se puede tolerar es el suicidio", que, aunque no está castigado, si debe ser impedido en la medida de lo posible.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Independientemente de lo que finalmente haga el juez, lo que ha conseguido la señora Haidar con estos 22 días de huelga de hambre es ya muy importante: volver a colocar el conflicto del Sáhara en primera línea de la información internacional, generando un movimiento de solidaridad que alcanza a todas las esferas sociales y a todos los países. Aministía Internacional ha puesto en marcha una campaña de solidaridad.
Y este lunes, aprovechando la jornada de puertas abiertas del Congreso, cerca de una veintena de personas han exhibido en el hemiciclo pancartas en favor de la activista saharaui. En los carteles que portaban se podía ver una fotografía en blanco y negro de Haidar con la leyenda '¡Sáhara libre!' que han levantado todos al unísono y en silencio en los escaños que habían ocupado en el Salón de Plenos de la Cámara Baja.
Los ujieres han acudido prestos a sustraer los carteles que mostraban y, minutos después, eran los miembros de los servicios de seguridad que custodian las dependencias de la Cámara Baja los que se encargaban de desalojarles del hemiciclo.
El pasado jueves algunas de estos manifestantes protagonizaron una escena similar frente al Palacio del Congreso, donde se colocaron para reivindicar la "inmediata" libertad de la activista saharui con las manos pintadas de rojo y ataviados con la bandera del Frente Polisario y con la fotografía de Haidar en sus bocas. Un día antes, otro grupo de unos 25 jóvenes aprovecharon las Jornadas de Puertas Abiertas del Senado para exhibir carteles de apoyo a la activista sahauri cuando fueron recibidos por los políticos en la Cámara Alta.
Aminetu Haidar ha afirmado que la actuación del juez de guardia en Arrecife (Lanzarote), Jerónimo Alonso, le ha empujado a renunciar a toda atención médica. A través de un comunicado que ha leído Fernando Perahíta, miembro de la Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar en el aeropuerto de Guacimeta, en Arrecife, donde la pacifista lleva más de una veintena de días en huelga de hambre, Haidar asegura sentirse "aterrorizada" por la forma "violenta" en la que el juez entró en el habitáculo en el que se encuentra. Incluso llega a comparar la actuación de Alonso y las personas que le acompañaban con la de la "policía marroquí, encendiendo la luz, expulsando" a las personas que se encontraban con Aminetu.
La pacifista saharaui denuncia que la "amenazaron con obligarla a alimentarla contra su voluntad", lo que "viola sus derechos, está contra la Ley y va contra los derechos humanos".
El juez ya había visitado el domingo a Haidar tras lo que pudo comprobar que cuenta con "plena lucidez" y razona con "absoluta claridad", por lo que decidió no adoptar ninguna de las medidas solicitadas por la Delegación del Gobierno en Canarias. En su escrito al juez de guardia de Arrecife, la Delegación del Gobierno en las islas solicitó las "medidas necesarias" para evitar la muerte de Haidar y le recordó "el peligro que para su vida e integridad física supone el mantenimiento de su actitud", lo que, destacó, "obliga a una actuación urgente de asistencia sanitaria". Entre las medidas solicitadas figura "el ingreso en un centro hospitalario y, en todo caso, la realización de cuantos controles se estimen necesarios por los facultativos del Servicio Canario de Salud o del médico forense para evaluar el estado físico de la señora Haidar".
Así las cosas, la situación de la activista saharaui se complica después de que Marruecos abortara, el pasado viernes, el permiso inicial para permitir el regreso de Haidar a El Aaiún en un avión medicalizado. Recordemos que Marruecos le ha ofrecido un pasaporte a cambio del que le confiscó obligándole a regresar a Lanzarote con una serie de condiciones, como "pedir perdón" por su lucha a favor de la independencia del Sáhara, que Haidar considera inaceptables. A cambio, el Gobierno español le ofrece el estatuto de refugiada o la nacionalidad española para que continúe su lucha desde territorio español. Haidar tampoco acepta esta propuesta y reclamar su pasaporte original.Pero, para centrar el debate, lo esencial de este caso no es el pasaporte. Lo ha reconocido Agustín Santos Maraver, jefe de gabinete del ministerio de Asuntos Exteriores de España, en la entrevista que le ha hecho Daniel Raventós: Para evitar confusiones, ese no es el problema esencial. De lo que se trata es de defender el derecho de libertad de circulación de las personas y en concreto de los habitantes del Sahara Occidental que no se consideran marroquíes. El número del pasaporte que haga posible ejercer ese derecho es algo accesorio. Lo importante es que la Sra. Haidar tenga un pasaporte o un documento de viaje marroquí que le permita viajar desde o al Sahara Occidental. Seria un absurdo político una huelga de hambre tan dura no por ejercer un derecho sino por un número de pasaporte concreto. Y este no es el caso. Pero al final, la respuesta marroquí ha sido exigir unas condiciones inaceptables a la Sra. Haidar.
Lo que no dice Santos Maraver es que el problema de fondo es no es sólo el Sáhara, sino la complicidad española con la ocupación de la RASD, cuya denuncia constituye la razón de ser y de vivir de Aminetu Haidar. Lo recuerda también Pilar Rego desde la web de nuevatribuna.es (“España es responsable de todo el sufrimiento del pueblo saharaui jurídica e históricamente. Hay intereses bilaterales entre ambas naciones…”) y lo subraya Hugo Martínez Abarca en su blog al afirmar: El gobierno español prefiere forzar la voluntad de Aminatou para no tener que pedir al gobierno marroquí que deje de forzar la del pueblo saharaui.
Martínez Abarca explica además por qué no es posible obligar a Haidar a ingerir alimento alguno en contra de su voluntad: La jurisprudencia avala que el Estado fuerce la alimentación de huelguistas de hambre cuando éstos son presos, pues en prisión el responsable de la vida de los ciudadanos es el propio estado. Así lo decidieron en la huelga de hambre de unos presos del GRAPO y así se reiteró con la huelga de hambre de De Juana Chaos. Pero nadie forzó la alimentación de quienes realizaron una huelga de hambre en los 90 pidiendo que se cumpliese el compromiso de aportar un 0′7% del PIB a ayuda al desarrollo, porque ellos y no el estado eran dueños de su vida.
Entretanto, hemos sabido que el juez de Lanzarote Jerónimo Alonso enviará a otro facultativo este lunes para examinar a la activista en huelga de hambre antes de tomar una decisión sobre su situación. Lo asegura la agencia EFE que dice que el magistrado todavía no ha resuelto sobre las medidas reclamadas por la Delegación del Gobierno en Canarias a pesar de la información facilitada anoche por la abogada de Haidar. Al parecer, los dos informes médicos con los que cuenta el juez son contradictorios: el médico que la atiende de forma voluntaria dice que está muy mal, y los resultados de la revisión judicial de anoche apuntan en principio a que su estado no es tan grave.
EL DEBATE JURÍDICO
Por lo que se refiere al debate jurídico, la doctrina constitucional establece que Haidar no podría ser alimentada forzosamente por orden de un juez mientras se encuentre consciente. Así se establece en la sentencia 120/1990, de 27 de junio, dictada en respuesta a la huelga de hambre iniciada a finales de la década de los ochenta por casi medio centenar de presos pertenecientes a los GRAPO, a la que alude Martínez Abarca.
En cuanto a las asociaciones de jueces, los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, y Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno, rechazan que un juez pueda acordar la alimentación forzosa de la activista, argumentando que hay que respetar su voluntad expresada libremente. Sin embargo, los portavoces de la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), Marcelino Sexmero, y el Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, defienden la potestad de un juez para decretar que la activista sea alimentada, si su vida corre peligro.
Según Antonio García, existen principios como el de la dignidad que "no son derrotables" y "no existe interés de Estado de ninguna naturaleza que pueda pasar por encima". Para Gimeno, aunque un juez pudiera asumir su tutela en el caso de que perdiera la consciencia, sería una especie de "fraude", porque ya ha expresado su deseo de no ser alimentado previamente.
Marcelino Sexmero opina que sí sería posible que una autorización judicial ordenara su alimentación, como ocurrió con los presos de los GRAPO, si peligra la vida de Haidar porque la activista se encuentra "a disposición de las autoridades españolas", al haber entrado de manera irregular en el país. Conrado Gallardo añade que "lo que no se puede tolerar es el suicidio", que, aunque no está castigado, si debe ser impedido en la medida de lo posible.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Independientemente de lo que finalmente haga el juez, lo que ha conseguido la señora Haidar con estos 22 días de huelga de hambre es ya muy importante: volver a colocar el conflicto del Sáhara en primera línea de la información internacional, generando un movimiento de solidaridad que alcanza a todas las esferas sociales y a todos los países. Aministía Internacional ha puesto en marcha una campaña de solidaridad.
Y este lunes, aprovechando la jornada de puertas abiertas del Congreso, cerca de una veintena de personas han exhibido en el hemiciclo pancartas en favor de la activista saharaui. En los carteles que portaban se podía ver una fotografía en blanco y negro de Haidar con la leyenda '¡Sáhara libre!' que han levantado todos al unísono y en silencio en los escaños que habían ocupado en el Salón de Plenos de la Cámara Baja.
Los ujieres han acudido prestos a sustraer los carteles que mostraban y, minutos después, eran los miembros de los servicios de seguridad que custodian las dependencias de la Cámara Baja los que se encargaban de desalojarles del hemiciclo.
El pasado jueves algunas de estos manifestantes protagonizaron una escena similar frente al Palacio del Congreso, donde se colocaron para reivindicar la "inmediata" libertad de la activista saharui con las manos pintadas de rojo y ataviados con la bandera del Frente Polisario y con la fotografía de Haidar en sus bocas. Un día antes, otro grupo de unos 25 jóvenes aprovecharon las Jornadas de Puertas Abiertas del Senado para exhibir carteles de apoyo a la activista sahauri cuando fueron recibidos por los políticos en la Cámara Alta.
