La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha admitido que no hay ninguna sanción que penalice a los ciudadanos que incumplan el llamamiento a conformar las mesas para poder votar el 9 de noviembre y ha confiado en "el deber ciudadano y el compromiso democrático" para conformarlas. "El sorteo se realizará desde el departamento -sobre el grueso de votantes- y la obligación para poder asistir y estar al frente de una mesa es el deber ciudadano y el compromiso democrático, que es un deber cívico que tienen los ciudadanos", ha matizado en rueda de prensa Ortega, que ha confirmado que la ausencia no comportará delito electoral.
El Govern no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en la convocatoria de consulta y pedirá al Tribunal Constitucional "de manera rápida y automática" levantar la suspensión cautelar después de que este domingo el Consejo de Estado se reuniese para aprobar el dictamen sobre los dos recursos al TC.
En concreto, se prevé llamar a 24.390 miembros titulares de las mesas y a 48.780 suplentes, y en el dispositivo participarán 4.830 representantes de la Adminsitración, 9.200 policías -6.200 Mossos d'Esquadra y 3.000 locales- y 1.000 coordinadores municpales.
Sobre la falta de predisposición de los ayuntamientos para participar de la logística de la eventual consulta echa pública por algunos alcaldes, Ortega ha restado importancia afirmando que no tiene en cuenta "declaraciones políticas hechas en los medios, sino comunicaciones oficiales", que, por el momento, sólo se han realizado para confirmar que se sumarán al dispositivo.
El departamento ha puesto a disposición de los consistorios los lugares que consideran apropiados para constituirse como local de consulta, que albergará las mesas, y ha insistido en que los ayuntamientos tienen diez días desde la aprobación del decreto para informar oficialmente de cuáles son los escogidos. Ortega ha insistido que en caso de que no se pronuncien sobre su elección o lo hagan de forma negativa, el departamento "garantizará" que todos los llamados a votar puedan hacerlo, aunque no ha desvelado el modo.
El municipio de Viladecens, con 261 habitantes, ha sido el primer ayuntamiento en proponer el centro cívico del municipio como local de consulta. El departamento de Governació tiene previsto alcanzar los 23.718 locales de consulta en cuyo interior colocará: 8.130 mesas con 10.800 urnas, 5.200 cabinas, 6.700.000 papeletas de votación bilingües y 8.600 trilingües, y 7.000.000 de sobres.
La dimensión del operativo, que llamará a 5,4 millones ciudadanos cuya condición política sea catalana (que excluye a los catalanes empadronados fuera de Catalunya residentes en España), a 2.547 catalanes que residen en el extranjero y que ya se han inscrito para poder votar, y extranjeros empadronados en Catalunya durante más de un año en caso de ser comunitarios y más de tres los extracomunitarios, será "similar al de unas elecciones", ha insistido la vicepresidenta que ha confirmado que el presupuesto destinado para realizarlo es de 8,8 millones de euros.
El dispositivo prevé crear una comisión de control formada por siete miembros, juristas y politólogos, que serán designados en pleno parlamentario esta misma semana, 7 comisiones de seguimiento, mesas de consulta.
La Generalitat ha puesto en marcha la página web '9nconsulta2014.cat' que informa de las especificidades de los perfiles de los votantes y lo que tienen que hacer para ejercer el voto, una página que entró en funcionamiento el sábado y que en menos de 24 horas ya ha recibido más de 58.460 visitas, un 6% desde el extranjero.
