El Gobierno “constata la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre"
El Gobierno ha convocado para el próximo sábado un consejo de ministros extraordinario que aprobará las medidas a seguir en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el fin de “restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.
Así lo señala en un comunicado publicado inmediatamente después de conocerse la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento hecho por el Gobierno para que aclarase si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre.
“El próximo sábado el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”, anuncian desde La Moncloa. La fecha se ha pospuesto porque Mariano Rajoy viaja a Bruselas para asistir este jueves y viernes al Consejo Europeo.
En respuesta a la carta de Puigdemont, el Gobierno señala que “ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado”.
El Gobierno también agradece el apoyo de distintas fuerzas políticas, principalmente del PSOE y C’s para dar una “respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista”. Asimismo, denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat “de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña”.
Por último, el Ejecutivo de Rajoy afirma que “pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”.
