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24 de marzo de 2010, 5:18
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 23.3.2010
El instructor de esta causa, el magistrado Manuel Marchena, le cita como imputado de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, según fuentes del alto tribunal, que también señalaron que el día 21 se ha llamado a declarar a otras a tres personas cuya comparecencia, en calidad de testigos, había solicitado la acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Los testigos son María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el ex director del centro universitario James D. Fernández.
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea interpusieron una querella contra Garzón en la que relacionan la percepción de 302.000 dólares por parte del juez por unos cursos impartidos en Nueva York con su decisión de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las "cesiones de crédito".
SEGUNDA DECLARACIÓN ANTE EL SUPREMO
Será la segunda ocasión en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comparece ante el Supremo, después de que el pasado 9 de septiembre declarara en relación con la querella que se tramita contra él a instancias del sindicato de funcionarios Manos Limpias por una presunta prevaricación cometida cuando abrió una causa en la Audiencia Nacional por las desapariciones durante el franquismo. Y aún podría ser citado a declarar una vez más si se rechaza el recurso de súplica que ha presentado contra la admisión a trámite de una tercera querella contra él, esta vez por intervenir conversaciones de los cabecillas de la trama de corrupción denominada "Gürtel" con sus abogados en prisión.
Los querellantes habían solicitado las declaraciones de estos tres testigos, entre otros, por dudar de la veracidad de un documento de la Universidad de Nueva York en la que Garzón impartió los cursos y que aportó la defensa para certificar que el magistrado ni solicitó ni recibió financiación del Santander. En un escrito al Supremo, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón señalaban que el contenido del citado certificado, que lleva la firma de James D. Fernández y de la actual directora del centro, Jo Labanyi, no se corresponde con la realidad porque su contenido contradice el de otros documentos que ya obran en la causa, aportados por el propio Banco Santander. Según los querellantes, "la documentación aportada por el Banco Santander en las presentes diligencias pone de relieve que 100.000 dólares de los 302.000 de que se compusieron los dos patrocinios fueron desviados desde el Banco de Santander hacia la Universidad de Nueva York, evitando su ingreso en las cuentas del Centro Juan Carlos I de España" (que era el que organizaba directamente los cursos).
Los querellantes aludían igualmente a otro documento en el que el responsable del banco en EE.UU., Gonzalo de las Heras, da cuenta al presidente de la entidad de una comida con Garzón celebrada el 21 de abril de 2005 y le señala: "Nos habló de sus contactos con las autoridades antiterroristas americanas y de los programas que desde la cátedra King Juan Carlos I of Spain quiere organizar. (...) Hoy me envía la propuesta que te adjunto, y que me parece importante aunque ambiciosa". "Esta documentación aportada en las actuaciones pone inequívocamente de relieve que la información proporcionada por el certificado aportado por el querellado es falsa, ya que no es la Universidad o el Centro Rey Juan Carlos I quien pide, sino el querellado -valiéndose, claro está, de su cargo como reza al pie de firma (Garzón firmaba como magistrado-juez) y de la problemática condición por entonces del presidente del Santander, imputado en varios procesos penales ante la propia Audiencia Nacional (...)-", añaden los letrados.
Decían también que otros documentos indican que los gastos de viaje se desembolsaron directamente a proveedores de servicios "con arreglo a las facturas presentadas por el juez", y que el Centro Juan Carlos sufragó asimismo "la educación de la hija del juez, escolarizada en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas durante el año escolar 2005-2006".
BALÓN DE OXÍGENO DEL CGPJ
El pasado mes de febrero, el Supremo dió un respiro al magistrado de la Audiencia Nacional al rechazar el incidente de ejecución de sentencia planteado por José Luis Mazón y Antonio Panea contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar, el pasado mes de julio, la queja que ambos interpusieron contra Garzón. Mazón y Panea interpusieron este incidente de ejecución de sentencia al entender que el hecho de que el CGPJ acordara por segunda vez archivar su queja contra Garzón sin practicar ninguna diligencia constituía "una burla o pantomima a la sentencia dictada" en su día por el Supremo.
En su decisión de archivo, el Consejo señaló en su día que Garzón se desplazó a la Universidad de Nueva York en virtud de la concesión de una licencia de estudios "y no de una autorización de compatibilidad para el ejercicio de un segundo empleo", por lo que no cabía analizar si las cantidades percibidas en el citado centro superaron los límites establecidos en la Ley , "ya que estos límites se establecen para los supuestos en los que se compatibilizan dos cargos públicos", una circunstancia que no se da en este caso.
El instructor de esta causa, el magistrado Manuel Marchena, le cita como imputado de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, según fuentes del alto tribunal, que también señalaron que el día 21 se ha llamado a declarar a otras a tres personas cuya comparecencia, en calidad de testigos, había solicitado la acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Los testigos son María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el ex director del centro universitario James D. Fernández.
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea interpusieron una querella contra Garzón en la que relacionan la percepción de 302.000 dólares por parte del juez por unos cursos impartidos en Nueva York con su decisión de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las "cesiones de crédito".
SEGUNDA DECLARACIÓN ANTE EL SUPREMO
Será la segunda ocasión en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comparece ante el Supremo, después de que el pasado 9 de septiembre declarara en relación con la querella que se tramita contra él a instancias del sindicato de funcionarios Manos Limpias por una presunta prevaricación cometida cuando abrió una causa en la Audiencia Nacional por las desapariciones durante el franquismo. Y aún podría ser citado a declarar una vez más si se rechaza el recurso de súplica que ha presentado contra la admisión a trámite de una tercera querella contra él, esta vez por intervenir conversaciones de los cabecillas de la trama de corrupción denominada "Gürtel" con sus abogados en prisión.
Los querellantes habían solicitado las declaraciones de estos tres testigos, entre otros, por dudar de la veracidad de un documento de la Universidad de Nueva York en la que Garzón impartió los cursos y que aportó la defensa para certificar que el magistrado ni solicitó ni recibió financiación del Santander. En un escrito al Supremo, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón señalaban que el contenido del citado certificado, que lleva la firma de James D. Fernández y de la actual directora del centro, Jo Labanyi, no se corresponde con la realidad porque su contenido contradice el de otros documentos que ya obran en la causa, aportados por el propio Banco Santander. Según los querellantes, "la documentación aportada por el Banco Santander en las presentes diligencias pone de relieve que 100.000 dólares de los 302.000 de que se compusieron los dos patrocinios fueron desviados desde el Banco de Santander hacia la Universidad de Nueva York, evitando su ingreso en las cuentas del Centro Juan Carlos I de España" (que era el que organizaba directamente los cursos).
Los querellantes aludían igualmente a otro documento en el que el responsable del banco en EE.UU., Gonzalo de las Heras, da cuenta al presidente de la entidad de una comida con Garzón celebrada el 21 de abril de 2005 y le señala: "Nos habló de sus contactos con las autoridades antiterroristas americanas y de los programas que desde la cátedra King Juan Carlos I of Spain quiere organizar. (...) Hoy me envía la propuesta que te adjunto, y que me parece importante aunque ambiciosa". "Esta documentación aportada en las actuaciones pone inequívocamente de relieve que la información proporcionada por el certificado aportado por el querellado es falsa, ya que no es la Universidad o el Centro Rey Juan Carlos I quien pide, sino el querellado -valiéndose, claro está, de su cargo como reza al pie de firma (Garzón firmaba como magistrado-juez) y de la problemática condición por entonces del presidente del Santander, imputado en varios procesos penales ante la propia Audiencia Nacional (...)-", añaden los letrados.
Decían también que otros documentos indican que los gastos de viaje se desembolsaron directamente a proveedores de servicios "con arreglo a las facturas presentadas por el juez", y que el Centro Juan Carlos sufragó asimismo "la educación de la hija del juez, escolarizada en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas durante el año escolar 2005-2006".
BALÓN DE OXÍGENO DEL CGPJ
El pasado mes de febrero, el Supremo dió un respiro al magistrado de la Audiencia Nacional al rechazar el incidente de ejecución de sentencia planteado por José Luis Mazón y Antonio Panea contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar, el pasado mes de julio, la queja que ambos interpusieron contra Garzón. Mazón y Panea interpusieron este incidente de ejecución de sentencia al entender que el hecho de que el CGPJ acordara por segunda vez archivar su queja contra Garzón sin practicar ninguna diligencia constituía "una burla o pantomima a la sentencia dictada" en su día por el Supremo.
En su decisión de archivo, el Consejo señaló en su día que Garzón se desplazó a la Universidad de Nueva York en virtud de la concesión de una licencia de estudios "y no de una autorización de compatibilidad para el ejercicio de un segundo empleo", por lo que no cabía analizar si las cantidades percibidas en el citado centro superaron los límites establecidos en la Ley , "ya que estos límites se establecen para los supuestos en los que se compatibilizan dos cargos públicos", una circunstancia que no se da en este caso.
