viernes 28/1/22

La defensa de Garzón entrega documentos sobre desapariciones forzadas

Declara ante el TS el hijo de un asesinado por su supuesta vinculación con "maquis". El último testigo narra como se aplicaba "la muerte física y la desaparición jurídica" a los represaliados.

Resoluciones sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos o la vulneración del derecho internacional humanitario

El abogado defensor del juez Baltasar Garzón en la causa abierta por investigar los crímenes del franquismo ha entregado a los siete magistrados del Tribunal Supremo un "acopio" de decenas de resoluciones y documentos emitidos por instancias internacionales sobre desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad e incluso el exdictador libio Muamar el Gadafi.

Una vez concluido el interrogatorio de dos testigos, la defensa del magistrado de la Audiencia Nacional ha explicado que ha reunido cerca de 60 documentos muy voluminosos, cuyo contenido íntegro ha entregado a la Sala en soporte digital mientras que también ha remitido copia a las partes.

En la sexta sesión del juicio por el franquismo, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda ha subrayado que, entre este material, se incluye un comunicado de 28 de marzo de 2009 de organizaciones integradas en Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) relacionado con la memoria histórica y la posibilidad de juzgar la historia.

Además, la relación de escritos incorpora varios requerimientos de la Oficina de Registro de la Corte Penal Internacional sobre la investigación a Gadafi después de "haber contemplado su muerte en la televisión", así como múltiples resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos o la vulneración del derecho internacional humanitario.

La defensa ha incorporado en la prueba documental resoluciones de Naciones Unidas también hablan sobre la cooperación internacional para el castigo de crímenes de guerra o de lesa humanidad. De igual modo, ha recopiado declaraciones de Cruz Roja, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Comité contra la Tortura.

Las resoluciones que avalan la jurisdicción internacional en la investigación de los crímenes contra la humanidad

JURISPRUDENCIA SOBRE PINOCHET O YUGOSLAVIA

Además, ha adjuntado jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, así como de tribunales nacionales que han resuelto casos sobre Yugoslavia, Líbano o la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet. Sentencias dictadas en Chile, en Perú, Venezuela, Argentina o Chile son otras de las incorporadas a la causa.

La secretaria judicial ha dado lectura a algunas de las resoluciones que avalan la jurisdicción internacional en la investigación de los crímenes contra la humanidad y precisan que España ha ratificado estos convenios. Además, ha citado jurisprudencia española que establece la obligación de perseguir e investigar los crímenes de lesa humanidad.

La situación de prisioneros españoles recluidos en el campo de concentración de Mathausen por ser constitutivos de genocidio y lesa humanidad

POSTURA DE LA FÍSCALÍA EN PRISIONES ESPAÑOLES

El abogado defensor también ha solicitado la lectura de documentos relativos a la postura exhibida el 14 de julio de 2008 por la Fiscalía en las diligencias tramitadas en el Juzgado Central de Instrucción número 2. En ellas, trataba la competencia de un asunto relativo a la situación de prisioneros españoles recluidos en el campo de concentración de Mathausen por ser constitutivos de genocidio y lesa humanidad.

Asimismo, ha pedido leer ante el tribunal el voto particular emitido por tres magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la causa sobre la memoria histórica, mientras que ha unido a las actuaciones las denuncias interpuestas por este caso.

A pesar de que la defensa solicitaba que no se hiciera lectura de la querella presentada contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, el presidente del tribunal, Carlos Granados, ha admitido la propuesta del abogado de Manos Limpias José María Ruiz.

Declara ante el TS el hijo de un asesinado por su supuesta vinculación con "maquis"

Este martes ha declarado ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón por una presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo Antonio Solsona, vecino de Castellón e hijo de un desaparecido en octubre de 1947. Se trata de la primera víctima que narra su experiencia ante el alto tribunal por hechos acaecidos bastantes años después de la Guerra Civil, por la supuesta vinculación de esta persona con los "maquis" que operaban en la zona, que su hijo niega.

Solsona ha llegado a señalar incluso el nombre -M. Lobo- del responsable de la Guardia Civil que se llevó de su casa a su padre y a un vecino. No tuvo constancia formal de su muerte hasta que tuvo que arreglar unos papeles en un notario en 1973, mediante un atestado de la Guardia Civil decía que tuvieron que aplicarle la denominada "ley de fugas" por intentar escaparse de camino al cuartel, pero la familia nunca recuperó su cuerpo.

Emilio Silva: "en el momento de presentar denuncia en la Audiencia Nacional, esta asociación llevaba ya ocho años ayudando a localizar desaparecidos"

El abogado de Garzón en esta causa, Gonzalo Martínez-Fresneda, preguntó a Solsona si creía que la detención de su padre estuvo relacionada con un "maquis" que operaba en dicha zona. "No tenía relación alguna -ha contestado el testigo-. Tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida, poco o mucho les tuvo que dar".

Solsona denunció los hechos en la Fiscalía de Castellón de pero le contestaron que "estaban prescritos".

El segundo testigo en declarar ha sido Emilio Silva, dirigente de la Asociación por la Memoria Histórica, que opera en toda España, y coautor del libro "Las Fosas de Franco". Ha señalado que, en el momento de presentar denuncia en la Audiencia Nacional, esta asociación llevaba ya ocho años ayudando a localizar desaparecidos.

Silva se describió como nieto de un desparecido en una zona de León donde existía mucha actividad sindical, por lo que la "represión" fue muy "sistema habitual", y ha añadido que cuando su abuela murió, momento en el que él tenía 33 años, no le había dicho nada por miedo. "No sabiamos que a los muertos también les ocurren cosas", ha señalado.

Según Silva, su asociación tiene documentados más de 12.000 casos de desaparecidos en toda España, y si no presentaron denuncia hasta 2006 es porque "las cosas tienen que madurar".

"Fuimos allí porque en España se investigaron desapariciones en Argentina, y entendemos que, en virtud del principio de Justicia Universal, ello puede ser bidireccional. Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad (de investigar), eso es lo que queremos"

DENUNCIA ANTE LA ONU

Entre otras acciones, el testigo ha narrado su denuncia de 64 casos concretos ante Naciones Unidas solicitando la aplicación del protocolo de desaparecidos de 2002.

" Estas familias ni siquiera han tenido la consciencia de víctimas -ha explicado el testigo- Han estado viendo como el Estado franquista investigaba los crímenes cuyos autores fueron aquellos que llamaban las ''hordas marxistas', reparaban a sus familiares, les daban puestos en la Administración.Y hay que reunir fuerzas, porque a mí me dijeron que esto fuera de casa no se podía decir".

A juicio de Silva, "las exhumaciones son una parte del problema, de la que se tienen que responsabilizar el Estado", pero las víctimas también quieren "justicia".

Finalmente, ha tomado la palabra el fiscal Luis Navajas, que es la primera vez que lo hace en este juicio para interrogar a un testigo, para interesarse por la personación de la Asociación de la Memoria Histórica en una causa abierta por una juez argentina por las despariciones ocurridas en España entre 1936 y 1977.

"Fuimos allí porque en España se investigaron desapariciones en Argentina, y entendemos que, en virtud del principio de Justicia Universal, ello puede ser bidireccional -ha afirmado-. Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad (de investigar), eso es lo que queremos".

Tras esta declaración, el tribunal ha empezado la fase documental del juicio en espera de que llegue el último de los testigos, Antonio Ontañón (de la asociación Heróes República y Libertad), que en dicho momento se encontraba en un vuelo de Santander a Madrid.

Así, se ha dado lectura de varios documentos, entre ellos, el voto particular mediante el cual tres magistrados de la Audiencia Nacional se opusieron a la decisión de sus compañeros de considerar incompetente a Garzón para investigar las denuncias de las asociaciones de Memoria.

Manos Limpias, que concurre conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita inicialmente que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía no presenta acusación en este procedimiento. Una vez las partes se pronuncien sobre si mantienen o no estos pronunciamientos será el momento de exposición de sus informes, y el juicio se cerrará con el turno de última palabra para el juez suspendido de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-.

Por su parte, Manos Limpias sostiene en su escrito de acusación que, en todas sus actuaciones, Garzón "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.

El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

A los represaliados se les aplicaba "la muerte física y la desaparición jurídica", pues existía la consigna de que "de los rojos no debía quedar ni rastro"

El último testigo narra como se aplicaba "la muerte física y la desaparición jurídica" a los represaliados

El último testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al investigar sin competencias los crímenes del franquismo, Antonio Ontañón, ha narrado ante los siete magistrados que componen la Sala que a los represaliados se les aplicaba "la muerte física y la desaparición jurídica", pues existía la consigna de que "de los rojos no debía quedar ni rastro".

Ontañón, presidente de la Asociación de la República de Cantabria y autor del libro "Rescatados del Olvido", ha manifestado a preguntas de la defensa de Garzón que esta obra, que él aportó a la causa abierta en la Audiencia Nacional, es fruto de 30 años de investigación y se refiere al periodo 1937 y 1948, que es cuando se produjo la represión franquista en Santander.

Ha señalado que, en aplicación de la anterior consigna, se aplicó el tiro de gracia y se hizo desaparecer a cientos de personas "en la tapia oeste" del cementerio de Ciriego desde el 27 de agosto de 1936, "que es cuando las tropas de Franco entraron en Santander".

16 EJECUTADOS POR CAMIÓN, 100 POR ZANJA

Según la investigación de Ontañón, que reflejó en su libro, de edición propia, una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas y fijada la fecha de la ejecución, el jefe de piquete se personaba en la prisión provincial y decía al director el número de presos que a ejecutar, que casi siempre eran entre 13 y 16 personas.

"Me preocupé por investigar este número, y era precisamente la cabida de cada camión, aunque hubo días de 42 ejecuciones", ha narrado Ontañón ante el tribunal.

Según este testigo, el capellán castrense, encargado de los archivos del cementerio de Ciriego, era "el encargado de desaparecerlos".

Las fosas comunes, "zanjas comunes" para Ontañón, se preparaban para cien cadáveres, cada día se metían los ejecutados y se echaba cal viva encima, hasta cubrir la zanja con el centenar previsto. "Como mínimo en el cementerio civil hay 12 zanjas de éstas", ha puntualizado.

A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, el testigo ha señalado que interpusieron su denuncia en septiembre de 2008, tras conocer que en la Audiencia Nacional se había iniciado un procedimiento. "Como es lógico, nos falta tiempo para sumarnos".

El interés de esta asociación era el de "enmendar una situación arbitraria e injusta, porque se trata de crímenes contra la humanidad". Antes habían acudido al Juzgado de Torrelavega en relación con dos fosas que querían abrir, pero no les atendieron ni se personó nadie de este órgano. Tampoco han obtenido subvenciones.

"Pretendemos que la Audiencia Nacional colabore en la búsqueda de los desaparecidos que denunciamos -ha manifestado Ontañón a preguntas de la acusación particular, ejercida por el letrado José María Ruiz en representación de Manos Limpias-. Nuestra limitación es por falta de medios, queríamos que la Audiencia Nacional colaborara con nosotros en orden a buscar a los desaparecidos"

MAÑANA PODRIA CONCLUIR LA VISTA

La declaración de este testigo había obligado a suspender la vista por espacio de casi una hora debido a que Ontañón se encontraba volando hacia Madrid cuando fue citado por primera vez ante la Sala.

Ahora, y una vez desarrollada también la fase documental, solo queda que las diferentes partes expongan sus informes finales y se conceda turno de última palabra al acusado.

El abogado de Manos Limpias intentó que este último trámite se pasara al próximo lunes, alegando que necesitaba tiempo tras la abundante documentación aportada hoy por la defensa de Garzón. No obstante, el presidente de la Sala, Carlos Granados, ha denegado esta petición y el juicio se reanudará mañana.

Manos Limpias, que concurre conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita inicialmente que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía no presenta acusación en este procedimiento. Una vez las partes se pronuncien sobre si mantienen o no estos pronunciamientos será el momento de exposición de sus informes, y el juicio se cerrará con el turno de última palabra para el juez suspendido de la Audiencia Nacional.

La Sala decidió el pasado martes continuar con la vista tras rechazar las cuestiones previas esgrimidas por la defensa del juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía para que fuera anulada entre ellas la aplicación al caso de la 'doctrina Botín'.

La Fiscalía, que apoyó todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-.

Por su parte, Manos Limpias sostiene en su escrito de acusación que, en todas sus actuaciones, Garzón "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.

El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

La defensa de Garzón entrega documentos sobre desapariciones forzadas
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