Lo hace ante la indefensión a la que viene siendo sometido después de que le hayan sido denegadas todas las pruebas y testigos solicitados por su defensa en España.
Garzón lleva casi un año en un limbo profesional. El 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial decidió suspenderle cautelarmente de sus funciones jurisdiccionales como magistrado del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia pero le autorizó ejercer de asesor en La Haya con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. A día de hoy todavía está a la espera de que el Supremo anuncie la apertura de juicio por un presunto delito de “prevaricación”.
Parece que dilatar este proceso (que despertó y sigue despertando tanta indignación en buena parte de la opinión pública española) estuviera dentro de la estrategia del Alto Tribunal que tiene además otras dos causas abiertas contra él, por el tema de los cursos impartidos en Nueva York y por las escuchas telefónicas de la trama Gürtel. Así las cosas, Garzón ha decidido dar un paso al frente quizá con el objetivo de presionar al Supremo para que acelere un juicio contra él por la causa de la Memoria Histórica.
ATAQUE A LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES
Para ello se ha puesto en manos de Interights, una organización especializada en litigio internacional de casos de derechos humanos. En la demanda ante el TEDH, se aduce que el Tribunal Supremo español con la causa abierta contra el juez, “se ataca o perjudica la independencia de los jueces, la libertad de interpretación de la ley y por tanto al estado de derecho al dejar indefensas a las víctimas”.
En contra de los que se han lanzado a criticar el paso dado por Garzón argumentando que antes debía agotar las vías jurídicas en España, el magistrado se acoge a su derecho de utilizar esta “vía de urgencia” cuyo primer estadio será admitir o no trámite la demanda. Si Estrasburgo da el sí, el Supremo quedará de nuevo en evidencia, sin descartar que la Sala 61 (la misma que ha decidido no legalizar a Sortu) pueda procesarle y condenarle primero por alguna de las otras dos causas, lo que dejaría en manos de juzgados ordinarios la causa del franquismo, un asunto que sin duda ‘quema’ a los magistrados del Alto Tribunal por la contestación social que está teniendo el tema.
La demanda interpuesta por la que será su abogada defensora, Helen Duffy, pone en entredicho la legalidad del procedimiento judicial, supone una “amenaza para la independencia de los jueces y para su función de investigar la responsabilidad por crímenes sistemáticos y generalizados, así como la protección de las víctimas en su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”.
El juez Garzón alega que el caso penal abierto contra él en España viola varias de las obligaciones del país según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre dichas obligaciones se incluye la de proteger la independencia judicial en general, y especialmente el deber de protección de los jueces frente a procedimientos penales sin fundamento. En concreto, el proceso judicial contra el juez Garzón viola la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos per se, de someter a proceso a personas sólo sobre la base de legislación penal clara y estrictamente aplicada, y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional, así como el derecho de los jueces a tomar decisiones judiciales meditadas en el ejercicio de sus funciones judiciales.
El proceso judicial contra el juez Garzón viola la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos per se.La Organización Interights recuerda que normalmente, la imputación o procesamiento de jueces en España y, en general, el procesamiento de jueces en Estados europeos es sumamente excepcional. Según decisiones anteriores de los tribunales españoles, los jueces únicamente pueden ser procesados por decisiones "injustas" que sean irracionales, perversas u objetivamente insostenibles. “No hay fundamentos ni en el derecho español ni en el derecho internacional para que un juez sea enjuiciado por realizar interpretaciones razonadas de la ley. El enjuiciamiento de jueces a causa de sus decisiones, específicamente, por sus interpretaciones de la ley, en lugar de la apelación o revisión de dichas decisiones dentro del marco legal normal, viola el principio fundamental de la independencia de los jueces”.
Helen Duffy, Directora del departamento de Litigios de Interights, considera que “el enjuiciamiento de un juez por opiniones judiciales bien argumentadas y razonadas, tanto si se está de acuerdo con ellas o no, es un hecho condenatorio para la justicia. El juez Garzón está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones internacionales de España de investigar crímenes graves y de honrar los derechos de las víctimas. Ahora, él mismo es víctima de un procedimiento penal injustificable, que ha dejado una profunda huella en su vida. Se pone de manifiesto el posible efecto intimidatorio para otros jueces cuando tengan que esclarecer casos controvertidos, ya sea desde el punto de vista político o jurídico, y esto constituye una grave amenaza para la independencia judicial y el estado de derecho".
Añade además que "resulta sorprendente que un país enormemente comprometido con el estado de derecho, que surgió de una dictadura hace décadas, responda a la investigación de un destacado juez sobre los crímenes del franquismo de esta forma".
GARZÓN, LA ÚLTIMA VÍCTIMA DEL FRANQUISMO
Ha habido una reacción global, tanto por parte del público como de los profesionales, con respecto al procesamiento. Han tenido lugar manifestaciones públicas en 21 ciudades españolas y siete extranjeras, incluida una manifestación en abril del año pasado en Madrid a la que acudieron 60.000 personas. Destacadas organizaciones internacionales y de derechos humanos han criticado también los ataques políticos al juez Garzón y no ha pasado inadvertido el hecho de que, paradójicamente, él es la primera persona en España que se sienta en el banquillo de los acusados en un caso con alguna vinculación a las atrocidades del franquismo. Este caso surge en un momento en el que, como ha reconocido recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los jueces están sufriendo cada vez con mayor frecuencia ataques a su independencia y deberían estar protegidos del acoso y las represalias a causa de su trabajo.
En este sentido, Helen Duffy señala que "La demanda presentada ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intenta reivindicar el derecho del juez Garzón como juez, a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial, pero además tiene repercusiones en más aspectos. La garantía del respeto de los derechos humanos internacionales depende de que los jueces de cada país quieran y puedan hacer cumplir la normativa en materia de derechos humanos en sus países, incluidas cuestiones difíciles y controvertidas como la responsabilidad por crímenes contra la humanidad. En esta ocasión, España no ha podido cumplir su obligación de proteger a un juez de procedimientos penales infundados y ha puesto en grave peligro tanto la independencia judicial como los derechos de las víctimas de acceder a la justicia al actuar de este modo".
