nuevatribuna.es
30 de abril de 2010, 10:19
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 29.04.2010
Hace ya dos años que familiares de las víctimas del franquismo en Madrid registraron un escrito en el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, solicitando que se colocara un memorial en recuerdo de los 3.000 fusilados en el Cementerio del Este entre los años 1939 y 1942. La petición estaba respaldada por miles de firmas pero resultó infructuosa ya que el consistorio dio la callada por respuesta. “No han cumplido ni siquiera con la más mínima cortesía del procedimiento administrativo, ni el Alcalde ni nadie se ha dignado a contestarnos hasta la fecha. ¿Lo va a hacer ahora?”, se pregunta Tomás Montero de la Asociación de Familiares de Fusilamientos Franquistas en Madrid.
La indignación de las víctimas ha ido en aumento después de escuchar el anuncio hecho por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegurando que ayudará a todos aquellos madrileños que quieran encontrar los restos de sus familiares habilitando para ello un registro. Varias asociaciones de la memoria han salido en tromba a denunciar que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de la capital “no han hecho nada” para ayudar a las víctimas de la dictadura.
La polémica ha ido subiendo de tono después de que Aguirre se negara a condenar el franquismo en el pleno de la Asamblea, un asunto que el PSOE ha trasladado al Ayuntamiento con una moción que se debatirá y votará la próxima semana.
Por lo pronto, Ruiz-Gallardón también se ha negado a retirar el nombre de la Plaza del Caudillo en el distrito Fuencarral-El Pardo alegando que el Gobierno de la nación no ha elaborado un reglamento al respecto y lleva tiempo haciendo caso omiso a los colectivos de víctimas para la colocación de un monumento en su honor.
Ambas administraciones, gobernadas por el PP, se han lavado las manos en el caso del Cementerio de la Almudena. Nada más terminar la Guerra Civil, se inició el periodo más sangriento del régimen franquista fuera de la contienda. Los juicios sumarísimos y las ejecuciones se sucedieron días tras días y duraron años. Los cuerpos de los fusilados, juzgados por un tribunal militar de madrugada y sin previo aviso a sus familiares, fueron llevados a una fosa común del camposanto madrileño. La historiadora Mirta Núñez ha recopilado en un libro la lista con los nombres de todas esas personas, cuyos cuerpos fueron exhumados en la década de los cuarenta para depositarlos en un osario común, e incluso, algunos fueron trasladados al Valle de los Caídos.
Se desconoce la fecha de esos primeros desenterramientos como también el lugar exacto donde se condujeron para su incineración. Tal y como nos cuenta Javier Jiménez Corcho, cuyo abuelo fue asesinado y enterrado en ese lugar, han acudido a la gerencia del Cementerio de la Almudena solicitando ver los archivos donde figuran los nombres y la fecha de exhumación de todas esas personas. Pero la Empresa Mixta de Servicios Funerarios que gestiona el camposanto se ha negado en rotundo. Su director, Gabino Abanades Guerrero, se niega a facilitar esos datos si la orden no viene dictada por un juez.
El asunto ha sido llevado a la Audiencia Provincial de Madrid y al Tribunal Supremo que aún no se han pronunciado al respecto. Los colectivos también se dirigirán a la Comunidad de Madrid con la confianza de que desde la administración regional se les apoye –tal y como ha dicho Aguirre- no ya para desenterrar a sus muertos (tarea difícil porque la mayoría de cuerpos fueron trasladados a no se sabe dónde) sino para ver esos archivos que tan férreamente tienen custodiados y conseguir que se instale un lugar de memoria donde los familiares puedan llevar flores y honrar a sus antepasados.
El pasado 10 de abril, la asociación Memoria y Libertad celebró un acto en la tapia del Cementerio del Este para mantener vivas sus reivindicaciones. En la página web de este colectivo también se puede encontrar una recopilación de datos de las víctimas con imágenes y un breve recordatorio de sus vidas.
Hace ya dos años que familiares de las víctimas del franquismo en Madrid registraron un escrito en el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, solicitando que se colocara un memorial en recuerdo de los 3.000 fusilados en el Cementerio del Este entre los años 1939 y 1942. La petición estaba respaldada por miles de firmas pero resultó infructuosa ya que el consistorio dio la callada por respuesta. “No han cumplido ni siquiera con la más mínima cortesía del procedimiento administrativo, ni el Alcalde ni nadie se ha dignado a contestarnos hasta la fecha. ¿Lo va a hacer ahora?”, se pregunta Tomás Montero de la Asociación de Familiares de Fusilamientos Franquistas en Madrid.
La indignación de las víctimas ha ido en aumento después de escuchar el anuncio hecho por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegurando que ayudará a todos aquellos madrileños que quieran encontrar los restos de sus familiares habilitando para ello un registro. Varias asociaciones de la memoria han salido en tromba a denunciar que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de la capital “no han hecho nada” para ayudar a las víctimas de la dictadura.
La polémica ha ido subiendo de tono después de que Aguirre se negara a condenar el franquismo en el pleno de la Asamblea, un asunto que el PSOE ha trasladado al Ayuntamiento con una moción que se debatirá y votará la próxima semana.
Por lo pronto, Ruiz-Gallardón también se ha negado a retirar el nombre de la Plaza del Caudillo en el distrito Fuencarral-El Pardo alegando que el Gobierno de la nación no ha elaborado un reglamento al respecto y lleva tiempo haciendo caso omiso a los colectivos de víctimas para la colocación de un monumento en su honor.
Ambas administraciones, gobernadas por el PP, se han lavado las manos en el caso del Cementerio de la Almudena. Nada más terminar la Guerra Civil, se inició el periodo más sangriento del régimen franquista fuera de la contienda. Los juicios sumarísimos y las ejecuciones se sucedieron días tras días y duraron años. Los cuerpos de los fusilados, juzgados por un tribunal militar de madrugada y sin previo aviso a sus familiares, fueron llevados a una fosa común del camposanto madrileño. La historiadora Mirta Núñez ha recopilado en un libro la lista con los nombres de todas esas personas, cuyos cuerpos fueron exhumados en la década de los cuarenta para depositarlos en un osario común, e incluso, algunos fueron trasladados al Valle de los Caídos.
Se desconoce la fecha de esos primeros desenterramientos como también el lugar exacto donde se condujeron para su incineración. Tal y como nos cuenta Javier Jiménez Corcho, cuyo abuelo fue asesinado y enterrado en ese lugar, han acudido a la gerencia del Cementerio de la Almudena solicitando ver los archivos donde figuran los nombres y la fecha de exhumación de todas esas personas. Pero la Empresa Mixta de Servicios Funerarios que gestiona el camposanto se ha negado en rotundo. Su director, Gabino Abanades Guerrero, se niega a facilitar esos datos si la orden no viene dictada por un juez.
El asunto ha sido llevado a la Audiencia Provincial de Madrid y al Tribunal Supremo que aún no se han pronunciado al respecto. Los colectivos también se dirigirán a la Comunidad de Madrid con la confianza de que desde la administración regional se les apoye –tal y como ha dicho Aguirre- no ya para desenterrar a sus muertos (tarea difícil porque la mayoría de cuerpos fueron trasladados a no se sabe dónde) sino para ver esos archivos que tan férreamente tienen custodiados y conseguir que se instale un lugar de memoria donde los familiares puedan llevar flores y honrar a sus antepasados.
El pasado 10 de abril, la asociación Memoria y Libertad celebró un acto en la tapia del Cementerio del Este para mantener vivas sus reivindicaciones. En la página web de este colectivo también se puede encontrar una recopilación de datos de las víctimas con imágenes y un breve recordatorio de sus vidas.
