viernes 06.12.2019

Familiares de represaliados relatan las dificultades en la búsqueda de víctimas

María Martín López y María del Pino Sosa, de 81 y 75 años respectivamente, relataron ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Baltasar Garzón por investigar el franquismo careciendo de competencias, las dificultades a las que se enfrentaron en la búsqueda de sus familiares represaliados antes de interponer denuncia por lo sucedido ante la Audiencia Nacional.

Las dos mujeres fueron las primeras testigos en declarar en la vista en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se enfrenta a una pena de hasta 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que solicita para él el sindicato Manos Limpias. La Fiscalía no acusa en este procedimiento.

La primera en declarar fue María Martín, una mujer enlutada y con el pelo cano que tardó varios minutos en acceder a la Sala debido a que tenía que caminar muy despacio y ayudada de un andador. Con un casi imperceptible hilo de voz, narró que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima".

Según Martín, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna Administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.

El mismo día que mataron a su progenitora -la mujer no ha señalado quien lo había hecho-, también se llevaron de su pueblo a 27 hombres y tres mujeres. "Sólo un hombre se escapó, y no lo encontraron".

QUEJA DE LA DEFENSA

Tras concluir este testimonio, el representante legal de Manos Limpias pidió la palabra para señalar que no entendía la presencia de estos testigos dado el objeto del procedimiento que se está viendo ante esta Sala, que es la presunta prevaricación cometida por Garzón. El presidente del tribunal, Carlos Granados, le ha contestado de forma rotunda: "Es el presidente el que determina las pruebas que son pertinentes".

La segunda testigo, María del Pino Sosa, ha ratificado ante el tribunal que la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (Gran Canaria), que ella representa, fue de las primeras que presentó denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. Esta agrupación denunció en dicho momento más de 500 desapariciones, pero se han ido sumando muchas más.

Sosa ha manifestado ante el tribunal que no supo nada de su padre desde que "se lo llevaron", y que su madre nunca quiso aceptar la declaración de fallecimiento. "Se los llevaron vivo y vivo lo reclamaba", ha señalado, para añadir que "se los llevaron de casa, los apaleraron, los tuvieron presos, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas".

A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, la testigo ha recordado que, ante la tardanza de Garzón en tramitar sus denuncias, su asociación presentó una queja en noviembre de 2007 en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que pedían explicaciones por estas delaciones en relación con los delitos de lesa humanidad denunciados.

Ha señalado que su asociación empezó denunciando los hechos en un juzgado de Las Palmas, aunque el caso fue archivado. "Reclamar era mi deber", ha afirmado. En un momento de su declaración, el abogado de Manos Limpias ha preguntado a esta testigo si su asociación recibe ayudas públicas, a lo que Sosa ha respondido que no.

Tras esta declaración, la vista se ha interrumpido hasta las 12.30 horas, cuando se reanudará con el testimonio del tercer testigo previsto para hoy, que es Ángel Rodríguez Gallardo, de la Asociación de Memoria de Ponteareas (Pontevedra).

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