nuevatribuna.es
9 de marzo de 2010, 7:35
NUEVATRIBUNA.ES 08.03.2010
Baltasar Garzón ha recibido este lunes dos nuevos varapalos relacionados con la querella por prevaricación presentada contra él por investigar los crímenes del franquismo.
Por un lado, el magistrado del Tribunal Supremo e instructor de la causa, Luciano Varela, ha notificado una providencia en la que da cuenta del depósito de 6.000 euros realizado por Falange Española de la JONS en cumplimiento de la fianza impuesta el pasado 17 de febrero como paso previo para ejercer la acusación popular contra el juez de la Audiencia Nacional. La organización ultraderechista se personará con representación letrada propia al margen de las otras dos asociaciones que también se han querellado: el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Por otro lado, Varela también ha rechazado resolver las pruebas solicitadas por Garzón hasta que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se pronuncie sobre el recurso presentado por el magistrado. En el auto, con fecha 1 de marzo pero que se ha dado a conocer hoy, se dice que "no ha lugar a resolver" sobre las pruebas requeridas "en tanto la Sala no comunique la decisión que adopte sobre el recurso de apelación pendiente". "Una vez se dé cuenta de la decisión de la Sala sobre la apelación interpuesta, se resolverá sobre la admisión de dichas diligencias", añade.
Entre las pruebas solicitadas por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, figura la declaración de juristas internacionales, como la fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, que acusó a Slodoban Milosevic; el juez chileno Juan Guzmán, que abrió procesos a Pinochet; Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina; Hugo Relva, coordinador de Justicia de Amnistía Internacional; Sergio García Ramírez magistrado de la Corte Internacional y Eduardo Freile, presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina.
Garzón también solicitó la declaración como testigos de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel. Estos tres jueces discreparon a través de votos particulares de la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo.
Asimismo, se solicitó la declaración como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que aclare la postura mantenida por su departamento a la largo de la instrucción de la causa abierta por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
El magistrado pidió la práctica de todas estas pruebas de descargo en el mismo escrito de recurso (el pasado 9 de febrero) en el que solicitó a la Sala de lo Penal que archive la causa abierta contra él.
Baltasar Garzón ha recibido este lunes dos nuevos varapalos relacionados con la querella por prevaricación presentada contra él por investigar los crímenes del franquismo.
Por un lado, el magistrado del Tribunal Supremo e instructor de la causa, Luciano Varela, ha notificado una providencia en la que da cuenta del depósito de 6.000 euros realizado por Falange Española de la JONS en cumplimiento de la fianza impuesta el pasado 17 de febrero como paso previo para ejercer la acusación popular contra el juez de la Audiencia Nacional. La organización ultraderechista se personará con representación letrada propia al margen de las otras dos asociaciones que también se han querellado: el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Por otro lado, Varela también ha rechazado resolver las pruebas solicitadas por Garzón hasta que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se pronuncie sobre el recurso presentado por el magistrado. En el auto, con fecha 1 de marzo pero que se ha dado a conocer hoy, se dice que "no ha lugar a resolver" sobre las pruebas requeridas "en tanto la Sala no comunique la decisión que adopte sobre el recurso de apelación pendiente". "Una vez se dé cuenta de la decisión de la Sala sobre la apelación interpuesta, se resolverá sobre la admisión de dichas diligencias", añade.
Entre las pruebas solicitadas por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, figura la declaración de juristas internacionales, como la fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, que acusó a Slodoban Milosevic; el juez chileno Juan Guzmán, que abrió procesos a Pinochet; Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina; Hugo Relva, coordinador de Justicia de Amnistía Internacional; Sergio García Ramírez magistrado de la Corte Internacional y Eduardo Freile, presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina.
Garzón también solicitó la declaración como testigos de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel. Estos tres jueces discreparon a través de votos particulares de la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo.
Asimismo, se solicitó la declaración como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que aclare la postura mantenida por su departamento a la largo de la instrucción de la causa abierta por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
El magistrado pidió la práctica de todas estas pruebas de descargo en el mismo escrito de recurso (el pasado 9 de febrero) en el que solicitó a la Sala de lo Penal que archive la causa abierta contra él.
