La Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público aprobada en el Congreso sin apenas debate y sólo con los votos del PP permite saltarse el sistema vigente de concurso abierto por una designación directa del Consejo General del Poder Judicial.
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno haya evitado el debate y condicionado la votación de la Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público, reglamento que aumenta el control político sobre el sistema judicial, al introducir en ella la norma que permite el aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación.
La norma, ahora pendiente de aprobación en el Senado, incluye dos enmiendas que modifican la manera de cubrir las vacantes por comisión de servicios especiales en los juzgados españoles, esto es, las vacantes que se originan cuando el juez titular de la plaza se va temporalmente a otro destino sin perder la plaza. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los magistrados son nombrados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o son convocados al Tribunal Constitucional.
Hasta ahora, dichas vacantes se cubrían como cualquier otra, salía a concurso abierto y el juez con más puntos según el sistema de la carrera judicial lograba el puesto. Así lo disponía el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, derogado en diciembre de 2013. Con la nueva ley, este sistema no se elimina, pero se abre la posibilidad de que sea una comisión de servicios controlada por el CGPJ quien elija al suplente, un órgano dependiente del poder político y en el que los magistrados elegidos por el actual Ejecutivo son mayoría.
Estas comisiones de servicios no tendrán por qué utilizar los criterios de experiencia o méritos previos para justificar sus decisiones. El CGPJ ni siquiera tendrá que argumentar por qué una plaza se cubre mediante este sistema y no con el concurso habitual.
FACUA considera que la nueva norma atenta contra la separación de poderes, dado que en la práctica esto supondrá que el Gobierno controlará los jueces en plazas sensibles, que tengan que decidir cuestiones sensibles para el Ejecutivo, su partido o sus miembros. Además, la organización también critica que se haya aprobado fuera de los cauces ordinarios, sin apenas debate, y sin informar previamente a la ciudadanía.
El propio presidente del Congreso, Jesús Posada, calificó hace días de "chapuza" la metodología utilizada para aprobar la norma, por no haber utilizado una ley propia sino una enmienda en una ley ajena al asunto, mismo motivo por el que la oposición no respaldó la norma. Precisamente por tratarse de una situación inédita en España, la necesidad de regular la situación jurídica del jefe de Estado saliente, no se consideraron en el debate ni en la votación el resto de aspectos contenidos en la nueva norma.
