Este gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la administración pública. Estos indultos se han acordado sin ninguna explicación de las causas que los motivaban
El ministro Gallardón ha declarado que este Gobierno no ha concedido indultos en casos de corrupción y no lo va a hacer en el futuro. Sin embargo, resulta evidente que el ministro no está diciendo la verdad. Este gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la administración pública. Estos indultos se han acordado sin ninguna explicación de las causas que los motivaban. También ha existido absoluta opacidad en los indultos a agentes que han torturado o a conductores kamikazes. Con estas medidas de gracia se realiza un uso abusivo de la figura del indulto, se vulnera la división de poderes propia de un Estado de Derecho y se provoca el descrédito de las instituciones, pues se traslada a la ciudadanía la imagen de que la justicia no es igual para todos.
Los datos objetivos sobre concesión de indultos indican con claridad que el mayor porcentaje se produce en los delitos vinculados a la corrupción o en supuestos de personas que tienen conexión con el poder político. Con ello se provoca la sensación de que el poder se perdona a sí mismo, a pesar de contar con el criterio desfavorable a estas medidas de gracia de los tribunales sentenciadores. El indulto se está configurando como una cuarta instancia en la que, sin ninguna justificación, el Gobierno puede dejar sin efecto lo acordado en los juzgados.
Este uso inadecuado de los indultos está provocando un considerable malestar en todos los sectores de la judicatura, que observa con perplejidad cómo quedan en papel mojado las sentencias, en ocasiones tras un importante esfuerzo de investigación judicial. Este descontento ha llegado hasta el propio Tribunal Supremo, que en sus últimas resoluciones sobre la materia ha puesto de manifiesto la arbitrariedad en la concesión de los indultos.
Resulta necesaria una reforma de la Ley de Indulto, a pesar de la oposición del Gobierno, que parece querer reservarse la facultad de perdonar las penas injustificadamente a quien desee. En un Estado de Derecho no es admisible la existencia de espacios de impunidad arbitraria. Hace falta una nueva legislación, que regule la motivación obligatoria de cada indulto y que establezca un control judicial sobre las medidas de gracia, lo cual permitiría acabar con la sensación de amiguismo que actualmente se percibe desde la ciudadanía.
