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nuevatribuna.es | agencias | 13.01.2011

El vicepresidente regional, Ignacio González, ha confiado en que los tribunales juzgarán la "huelga salvaje" e "ilegal" que dejó a los madrileños sin Metro a principios del pasado verano, así como la actuación de los trabajadores que no respetaron "la obligación" de cumplir los servicios mínimos.

González se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el mismo día en que se celebra el juicio por la huelga de Metro de Madrid de los pasados días 29 y 30 de junio, a raíz de una demanda interpuesta por la empresa contra los sindicatos, al haber incumplido los servicios mínimos.

El "número dos" del Gobierno regional ha querido diferenciar lo que es el juicio, de los expedientes que se han abierto contra algunos trabajadores por "la actitud que tuvieron en la huelga y por los acontecimientos que se vivieron".

Esa actitud, que según González llegó a ser en algunos casos "provocadora" y "virulenta", ha llevado a Metro a abrir expedientes a algunos empleados y a comunicarles las sanciones correspondientes "según las distintas actuaciones" que protagonizaron durante la huelga, ha indicado el vicepresidente.

Ha añadido que los sancionados han formulado las correspondientes alegaciones que han sido, en su caso, estimadas parcialmente, y en otros casos, desestimadas, pero ha recordado que "es la empresa la que tiene que resolver" este asunto, de acuerdo con lo que aleguen los afectados.

González ha insistido en que eso no tiene "nada que ver" con el juicio que se celebra hoy por incumplimiento de los servicios mínimos durante la "huelga salvaje" y "totalmente ilegal" de Metro, según la ha calificado el vicepresidente.

Una huelga en la que ha dicho que se llegó a actuar "de manera salvaje, muy provocadora, con graves expresiones y actos de virulencia" por parte de algunos trabajadores de Metro y de sus representantes sindicales.

El vicepresidente, que ha bromeado al ser preguntado sobre este asunto diciendo que no lo consideraba "un tema relevante, con la que está cayendo", ha confiado en que los tribunales juzgarán los daños derivados "del incumplimiento de una obligación legal" como es el derecho de los madrileños al uso de los servicios públicos.

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