nuevatribuna.es
7 de abril de 2010, 14:29
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 7.4.2010
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha opinado este miércoles que "la aparición de alguna duda razonable acerca de la rectitud de la conducta de cualquier cargo público exige el apartamiento de las funciones que hasta ese momento se venían ejerciendo mientras se aclara esa cuestión".
Durante su intervención ante la Junta Directiva Regional, la presidenta madrileña ha dicho que "la corrupción, es decir, la utilización de los cargos públicos para el enriquecimiento personal, constituye una incalificable falta de lealtad hacia los compañeros, militantes, simpatizantes y votantes del partido que han depositado su confianza en ti (...) La corrupción es, sin ningún género de dudas, el peor delito que puede cometer un político" porque "consiste en utilizar la confianza que depositan en ti los ciudadanos para tu provecho personal".
Indiferente a las sospechas que el levantamiento del secreto del sumario ha arrojado sobre su propio Gobierno, Aguirre ha seguido explicando que "los políticos tienen una responsabilidad añadida a la responsabilidad penal de todos los ciudadanos, que es la responsabilidad política. Y eso exige, ante la aparición de alguna duda razonable acerca de la rectitud de conducta de cualquier cargo público, el apartamiento de las funciones que hasta ese momento se venían ejerciendo mientras se aclara esa cuestión. Ésa es mi posición y la del PP, y conforme a ella seguiremos actuando ante cualquier situación que se produzca".
El caso es que según el sumario hecho público el martes hay una rama madrileña de la trama Gürtel compuesta por distintas administraciones de la Comunidad que contrataron con la red de Francisco Correa, en la que aparecen implicados cuatro ayuntamientos (Majadahonda, Pozuelo, Arganda y Boadilla del Monte) y el propio Gobierno regional.
Tras la investigación de más de 500 adjudicaciones, la mayoría por contratos menores que no necesitan concurso público, se ha concluido que varias empresas relacionadas con la trama Gürtel consiguieron contratos con el Gobierno de Esperanza Aguirre por 367 expedientes con un valor de 3.189.565,69 euros. De todos ellos sólo tres se hicieron por concurso, mientras que 364 fueron contratos menores que se adjudicaban a dedo y sin publicidad.
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha opinado este miércoles que "la aparición de alguna duda razonable acerca de la rectitud de la conducta de cualquier cargo público exige el apartamiento de las funciones que hasta ese momento se venían ejerciendo mientras se aclara esa cuestión".
Durante su intervención ante la Junta Directiva Regional, la presidenta madrileña ha dicho que "la corrupción, es decir, la utilización de los cargos públicos para el enriquecimiento personal, constituye una incalificable falta de lealtad hacia los compañeros, militantes, simpatizantes y votantes del partido que han depositado su confianza en ti (...) La corrupción es, sin ningún género de dudas, el peor delito que puede cometer un político" porque "consiste en utilizar la confianza que depositan en ti los ciudadanos para tu provecho personal".
Indiferente a las sospechas que el levantamiento del secreto del sumario ha arrojado sobre su propio Gobierno, Aguirre ha seguido explicando que "los políticos tienen una responsabilidad añadida a la responsabilidad penal de todos los ciudadanos, que es la responsabilidad política. Y eso exige, ante la aparición de alguna duda razonable acerca de la rectitud de conducta de cualquier cargo público, el apartamiento de las funciones que hasta ese momento se venían ejerciendo mientras se aclara esa cuestión. Ésa es mi posición y la del PP, y conforme a ella seguiremos actuando ante cualquier situación que se produzca".
El caso es que según el sumario hecho público el martes hay una rama madrileña de la trama Gürtel compuesta por distintas administraciones de la Comunidad que contrataron con la red de Francisco Correa, en la que aparecen implicados cuatro ayuntamientos (Majadahonda, Pozuelo, Arganda y Boadilla del Monte) y el propio Gobierno regional.
Tras la investigación de más de 500 adjudicaciones, la mayoría por contratos menores que no necesitan concurso público, se ha concluido que varias empresas relacionadas con la trama Gürtel consiguieron contratos con el Gobierno de Esperanza Aguirre por 367 expedientes con un valor de 3.189.565,69 euros. De todos ellos sólo tres se hicieron por concurso, mientras que 364 fueron contratos menores que se adjudicaban a dedo y sin publicidad.
