viernes 06.12.2019
OBSERVATORIO CRíTICO DE I+D+I

España y la investigación no pueden esperar

El proceso de desinversión acumulada en investigación y desarrollo ha tenido importantes implicaciones en la sociedad.

La potencialidad futura de nuestra I+D+i guarda cierta relación con otro de los servicios públicos más damnificados por los últimos recortes, la educación

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Gobierno de coalición como desarrollo democrático

Si procesamos las señales de la política española de las últimas semanas, veremos como al eliminar el ruido, básicamente nos quedan dos opciones acordes al  resultado electoral del 20D,  nuevas elecciones o gobierno de coalición. Es la primera vez que se plantea esta disyuntiva en el sistema democrático surgido  tras la dictadura; aunque bien es verdad, que  algunos presidentes  anteriores necesitaron  para su investidura el apoyo de partidos nacionalistas o regionales, a cambio de concesiones para sus respectivas autonomías, a costa de producir agravios comparativos interterritoriales. 

Es previsible que la opción de ir a otras elecciones no resuelva la fragmentación actual de la distribución de escaños en el Congreso, y sea visto por amplios sectores de la población como una  maniobra dilatoria de nuestra clase política ante  su incapacidad  para abordar los retos políticos, sociales y económicos que tenemos por delante.  Tampoco parece  recomendable dilatar la formación de un nuevo gobierno, teniendo uno en funciones que está presidido por un partido implicado en múltiples casos de corrupción e imputado por obstrucción a la justicia. El PP  al contemplar  su más que probable salida de los despachos ministeriales, intensificará  la resolución de  asuntos de gobierno que deberían ser competencia del futuro gabinete; algunos ejemplos que han trascendido a la opinión pública son la creación a última hora de la Agencia Estatal de Investigación, la ley de punto final que fija un plazo para instruir sumarios judiciales difícilmente asumible por nuestra justicia y que fue puesta en vigor  el 7 de diciembre,  las prisas por tramitar  la ampliación del plazo de operatividad de la central nuclear de Garoña y la concesión del  permiso de explotación a la papelera ENCE de Pontevedra por otros 60 años.

En principio con un Congreso tan fragmentado podemos especular con un gobierno de coalición con diferentes  partícipes, pero las posibilidades  se reducen dada la soledad del partido del gobierno, tras cuatro años de sufrido rodillo parlamentario. La llave de la gobernabilidad depende esencialmente de los posibles acuerdos entre el PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS. Conviene no olvidar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, y si finalmente se queda en la oposición, la utilizará para hacer valer sus políticas, fundamentalmente en cuestiones territoriales donde esta cámara tiene la iniciativa legislativa. 

Si pensamos que con las dificultades nos crecemos, los partidos deberían emplear la coyuntura para aparcar  planteamientos electoralistas –no incurriendo en la  tentación de poner fecha de caducidad al futuro gabinete-, y  trabajar los puntos de coincidencia programática con los que hasta ahora han sido sus competidores en las urnas. Todo un reto de desarrollo  democrático  para un país donde el sectarismo político está más arraigado de lo que debiera.

En primera aproximación, se podría llegar a un pacto   si el objetivo es un  gobierno de coalición que aborde las cuestiones más acuciantes para la mayoría de  los españoles:  un plan urgente contra la pobreza, la reforma fiscal, un plan de reducción del déficit, diferentes medidas de estímulo económico y creación de empleo, la  mejora de los servicios públicos (educación, sanidad, I+D+i, etc.), diferentes medidas contra la corrupción, la derogación de las últimas reformas laborales, la modificación de la ley electoral y artículos de la Constitución que tiendan puentes para  resolver los problemas derivados de  la plurinacionalidad del país, una mejor definición de  las competencias de los diferentes niveles de la Administración y dotar de mayor protagonismo político al  Senado. Partimos de una situación tan degradada, que por poco que se avance en los temas planteados los resultados serán elocuentes.

Una lectura de los programas electorales del PSOE, PODEMOS y UP-IU evidencia un notable solapamiento de sus propuestas a las cuestiones arriba mencionadas. Esta opción de gobernabilidad fue la que PODEMOS trasladó al Jefe del Estado en la primera ronda de consultas hace doce días (22 de enero), y hasta ahora la única que se ha presentado a la opinión pública. La aritmética parlamentaria la podría hacer viable si el  PSOE e IU están dispuestos a compartir un proyecto de gobierno, y además se consigue recabar los  apoyos de  CIUDADANOS  y/o  los  partidos no estatales para un programa de rescate del conjunto de la sociedad española. Lo que hará necesaria y creíble la propuesta, o de otras que se puedan plantear en los próximos días, tras la ronda de consultas que ha iniciado Pedro Sánchez, será  la capacidad de sus promotores para forjar una  mayoría parlamentaria que permita regenerar nuestra democracia y  mandar al PP a la oposición, con el fin de que afronte las causas judiciales que tienen pendientes algunos de sus dirigentes, y aborde un proceso de regeneración interna.  La renuncia a líneas rojas que impidan las negociaciones por un gobierno de cambio será una buena señal de que pueden compartir el gobierno, y si llega el acuerdo todos tendrán que ser leales al mismo, sin que esto implique renunciar a  la difusión de sus propias ideas y alternativas. Será la sociedad civil  la  que deberá decir si el proyecto resultante cumple sus expectativas, lo apoya y se  implica en el diseño de las nuevas políticas, o en cambio,  les da la espalda y les deja caer en caída libre. Si esto último ocurriera, sería el momento de determinar la convocatoria de nuevas elecciones.

¿Cómo puede contribuir la I+D+i a las propuestas de un gobierno de coalición?

Como saben la I+D+i está gravemente enferma, padece una mal crónico, esencialmente por malnutrición y  envejecimiento. Los recortes presupuestarios desde el año 2009 han sido notorios, citando por ejemplo como la partida PG46 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015 dedicada a investigación representa el 34% de la cantidad asignada en su máximo histórico. Este proceso de desinversión acumulada ha tenido importantes implicaciones, destacando la reducción drástica de la dotación presupuestaria de los proyectos de investigación públicos de los últimos años, la disminución desde el 2010 de 12000 investigadores en centros públicos, la  reducción de la financiación de infraestructuras científicas y la pérdida de credibilidad por no cumplir  nuestros compromisos internacionales. El envejecimiento de los recursos humanos de I+D+i disponibles es también alarmante, ya sea por la huida de los investigadores más jóvenes ante la falta de perspectivas o por el aumento de la edad media del personal en plantilla (por encima de 50 años en algunas Universidades y OPIs). En este contexto, es difícil pensar que la I+D+i actual  pueda ser un elemento decisivo para mejorar nuestra competitividad internacional y afrontar los retos socio-económicos que la sociedad española tiene por delante.

En las economías avanzadas, los programas públicos de I+D+i son claves en la dinamización de  la economía, ya que por un lado asumen el  riesgo inherente  a las actividades de I+D+i básica y de innovación, y por otro favorecen el retorno socio-económico de estas inversiones. La I+D+i tiene un papel fundamental en la generación de conocimiento necesario para producir nuevos bienes y servicios de alto valor añadido e intensivos en mano de obra cualificada. La I+D+i financiada con recursos públicos debería estar al servicio de todos los sectores sociales,  y  es decisiva  en la transición a un modelo económico más sostenible.

Las economías avanzadas han adquirido su nivel de desarrollo, porque entre otras medidas apostaron firmemente por la I+D+i. Son apuestas políticas a medio plazo, que exigen varias décadas para ver resultados, pero esto no nos debe de desanimar, sino hacernos  conscientes de la necesidad de elaborar políticas de I+D+i que puedan ser mantenidas en el tiempo, lejos de los vaivenes a los que nos hemos visto sometidos en los últimos años con las nefastas consecuencias que todos conocemos. La potencialidad futura de nuestra I+D+i guarda cierta relación con otro de los servicios públicos más damnificados por los últimos recortes, la educación. La mayoría de los ciudadanos piensan que educar y formar a los jóvenes es la clave para el sostén de nuestra sociedad, pues son conscientes que un  bajo nivel cultural no asegura las cotas de libertad necesarias para influir en su propio destino. La I+D+i es un complemento necesario a una educación de calidad para que transforme ese potencial formativo en la creación de nuevos productos y servicios que fortalezcan  la  competitividad de nuestra economía, haciendo posible que nuestros mejores profesionales no necesiten emigrar porque España sigue integrada en las economías más desarrolladas. El estado de bienestar que hemos construido en las últimas décadas solo podrá mantenerse, entre otros factores, por una distribución de la riqueza más justa que la sociedad en conjunto sea capaz de generar, y para lo cual es importante que la I+D+i permee nuestro tejido productivo, aportando soluciones a los problemas socio-económicos (locales o globales) que tenemos ante nosotros. Existe un mecanismo de retroalimentación entre los diferentes componentes del estado de bienestar y una economía flexible y dinámica que pueda afrontar los escenarios que se nos avecinan  (cambio de modelo productivo, economía más sostenible, cambio climático, etc.).

Con estos planteamientos, no será difícil conseguir el apoyo de nuestro Parlamento y los partidos que formen el posible gobierno de coalición a las demandas de los diferentes colectivos vinculados a temas  de I+D+i,  bien documentadas en multitud de foros y medios en los últimos años:

  • Pacto de Estado por la Ciencia. Actualización y desarrollo de la Ley de la Ciencia (14/2011) a partir de una Comisión Parlamentaria de I+D+i, que dote  a los programas de I+D+i  de una planificación temporal independiente de las legislaturas, asegurando la financiación correspondiente en planes plurianuales.
  • Reorganización política de la I+D+i. Ministerio de Ciencia, Tecnología e  Innovación. Consejo de Política Científica, Tecnológica  e  Innovación. Desarrollo de la Agencia Estatal de Investigación. Reestructuración de la red pública de I+D+i (OPIs –CSIC, etc.-, Universidades).
  • Aumento de la financiación de tal manera que nos aproximemos al porcentaje del PIB que invierten las principales economías europeas en un periodo no superior a  dos lustros. Conexión con los programas europeos, sin desatender las necesidades del país. Apoyo a las I+D+i de las empresas e impulsar  la transferencia tecnológica con la I+D+i de OPIs y Universidades.  Aumento del retorno socio-económico en la I+D+i pública mediante evaluaciones por resultados.
  • Optimización y  transparencia en la gestión de la I+D+i. Reducción de la carga administrativa de gestión de proyectos. Coordinación de convocatorias. Publicidad de los resultados de los programas. Cumplimiento de los compromisos adquiridos.
  • Renovación e incremento de los recursos humanos. Fin de la precariedad laboral  y plan de estabilización de las actuales plantillas. Planificación del incremento de plantillas. Ofertas de plazas y procesos de selección transparentes. Conexión y retorno con la I+D+i exiliada. Incorporación de profesionales externos.

Cuántas de estas propuestas están contenidas en los programas electorales de los diferentes partidos del arco parlamentario tendrá que ser analizado con atención; aunque a trazo grueso podemos decir que la  mayoría de ellas se pueden encontrar en sus programas. La I+D+i debe expresar sus opiniones sobre el conjunto  de propuestas comunes de los potenciales socios del gobierno, a partir del cual  será más fácil definir el necesario programa de choque que permita en pocos meses frenar el desmantelamiento de la I+D+i del que hoy somos testigos, y a medio plazo alcanzar los niveles de la I+D+i de las principales economías europeas.

Señores diputados, aléjense del ruido mediático,  pónganse a trabajar, y empiecen hacer propuestas de potenciales programas de  gobiernos de coalición, el país y la I+D+i no pueden esperar.


Observatorio Crítico de I+D+i

Firmantes del artículo:

Eduardo Enciso (Profesor/Investigador de la Facultad de Químicas de la UCM)

Francisco del Monte (Investigador del ICMM (CSIC))

Tomás Junquera (Doctor en Ciencias Físicas, PYME tecnológica)

Ismael Martel (Profesor/Investigador de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UHU)

Ernesto Caballero (Doctor en Ciencias Químicas, Departamento de Neurocirugía, Universidad de Nuevo Méjico)

José Manuel López (Ingeniero Informático, PYME tecnológica)

Gemma Heras (Ingeniera de  Sistemas de Telecomunicaciones, ICV (CSIC))

Joan Pere Enciso (Profesor/Investigador de la Facultad de Derecho y Económicas  de la UdL)

Juan Manuel Zaragoza (Doctor/Investigador en Ciencias Sociales).

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