COORDINADO POR LA FUNDACIÓN BALTASAR GARZÓN

España, entre los países de Europa que menos protegen a los que denuncian corruptelas

El informe identifica las dificultades que pueden ser encontradas por los españoles que quieren dar un paso adelante con información sobre prácticas corruptas en el sector público o privado.

Se han identificado las dificultades que pueden ser encontradas por los españoles que quieren dar un paso adelante con información sobre prácticas corruptas e ilegales en el sector público o privado

Una nueva serie de informes independientes producidos por una ONG internacional, Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, ha encontrado a España entre los peor situados en la Unión Europea cuando se trata de proveer mecanismos y protección legal para la protección de los denunciantes de prácticas corruptas o alertadores.

Encontrándose entre los siete peores países en la UE, con una puntuación de cero, España tiene un rendimiento pobre. El informe identifica las dificultades que pueden ser encontradas por los españoles que quieren dar un paso adelante con información sobre prácticas corruptas e ilegales en el sector público o privado, y cómo los estándares internacionales, una vez alcanzados, pueden arreglar esto. Alertar y denunciar es uno de los caminos más efectivos para luchar la corrupción. En el Estudio de Casos de Fraude de 2016, la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude estimó el impacto de fraude entre los casos analizados en 6,3 billones de dólares anuales e identificó la información provista por los denunciantes de corrupción como el modo más efectivo para detectar la corrupción.

'Huecos en el sistema: leyes de protección de Alertadores en la UE' es el primer informe independiente para evaluar las leyes de protección de los alertadores de todos los Estados miembro de la UE, de acuerdo con nueve estándares reconocidos internacionalmente. 'Seguro o Arrepentido: Leyes de protección de alertadores en Europa, resultados diversos' es el primer informe en evaluar el funcionamiento práctico de las leyes de protección en Europa, logrando resultados preocupantes en el caso de España:

  • En las 9 categorías, España fue incapaz de cubrir parte o alguno de los estándares internacionales.
  • 21 países miembro de la UE obtuvo un puntaje mayor que España.
  • Algunos países a lo largo de la UE fueron adoptando leyes de protección de denunciantes de dichas prácticas corruptas desde 2013 con un ritmo entusiasta, lo que está dejando a España detrás.
  • Se adoptaron nuevas leyes o protecciones en diez países miembro en los últimos 5 años, incluyendo, más recientemente, a Italia.
  • Más de la mitad de los países miembro cumple en este momento tres estándares internacionales, en parte o completamente.
  • Visto como una unidad, la Unión Europea puede decir que cada estándar es cubierto, en parte o completamente, en 5 o más países miembro.

Sin embargo:

  • El 79% de los países en la Unión Europea obtiene un cero en lo que refiere a la provisión de inmunidad frente a la persecución por exponer información sensible.
  • El 75% de los países de la Unión Europea obtiene un cero en las penalidades por las represalias y otros maltratos contra los denunciantes.
  • El 43% de los países miembro cuentan con un cero en lo que respecta a proveer de diversos canales de denuncia. Este estándar refleja el compromiso de los países miembros frente a la libertad de expresión.

“Nuestra investigación, muestra que España está en un grupo en el fondo de los países miembro de la Unión Europea cuando hablamos de protección de alertadores”, dijo una de las co-autoras del reporte, Suelette Dreyfus, Directora Ejecutiva de Blueprint. “Pero hay buenas noticias. Existe una oportunidad de mostrar el compromiso de España para luchar contra la corrupción adoptando la mejor ley de protección de denunciantes de corrupción en la Unión Europea hasta el momento. A veces llegar el 'último a la fiesta‘ puede también dejarte como el 'mejor vestido‘”.

“Los alertadores ayudan a elevar los estándares éticos en sociedad”, dijo. “Nos advierten cuando alguien está arrojando residuos tóxicos en nuestros ríos, o maltratando a nuestros ancianos, o robando fondos públicos con contratos corruptos”. “Ayudan a pelear contra la corrupción. La ley debe protegerlos tanto en el papel como en la práctica”, dijo un co-autor del reporte, Garreth Hanley.