También hay padres y madres que se desplazan a España con sus hijos desde otros países si tener derecho a hacerlo, aunque la cifra descendió en 2010 con respecto a los años anteriores, al registrarse un total de 109 requerimientos frente a los 183 de 2009, los 113 de 2008 y los 122 del año 2007.
En concreto, España reclamó 136 niños al extranjero el año pasado, superando por primera vez el centenar de casos y confirmando una tendencia al alza que se viene registrando en los últimos años, ya que en 2007 fueron 70 los requerimientos, frente a los 95 de 2008 y los 97 tramitados en el año 2009. En 1998, fueron 18.
En función del país del que se trate, las herramientas para reclamar la devolución del menor difieren. Así, en 123 casos el requerimiento se realizó en el marco de la Convención de la Haya, documento de 1980 al que se han adherido todos los Estados de la Unión Europea y algunos países del resto del mundo, pensado para promover la colaboración en la restitución de niños robados por sus padres.
En otros ocho casos España apeló al Reglamento del Consejo Europeo relativo a la Competencia, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Matrimonial y Responsabilidad Parental, que vincula a todos los miembros de la UE a cooperar en la solución de las sustracciones de menores por parte de sus progenitores.
Por último, los cinco requerimientos restantes, se dirigieron a Marruecos, país con el que España mantiene un convenio bilateral de colaboración en este sentido y cuya adhesión al Convenio de la Haya no ha sido realidad hasta el pasado 1 de abril.
Atendiendo a la relación por países, los grupos más amplios de requerimientos se concentran en Alemania, donde hay doce niños sustraídos de España; Reino Unido, con una decena; Ecuador, con un total de once y Rumanía y Argentina, con nueve casos en cada uno. Estos cinco países acumulan también los mayores incrementos de casos con relación al año 2009.
"ES MUY COMPLICADO RECUPERAR AL MENOR"
Según ha explicado en declaraciones la abogada de familia y consejera del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Margarita Pastor, la inmigración ha traído consigo un notable incremento de los casos de sustracción de menores entre España y países latinoamericanos, donde "es muy complicado" que la justicia actúe para recuperarles.
Pastor ha señalado que "lo más difícil" es localizar el paradero del otro progenitor y el menor sustraído. Cuando se trata de Europa, la tarea puede parecer más sencilla porque también se involucra la Interpol, pero aún así, la letrada indica que hay "muchos que contratan detectives privados" porque "hay padres que desaparecen totalmente con los hijos". Una vez localizados, el ciudadano debe acudir al Ministerio de Justicia para solicitar que abra un proceso de restitución de los menores.
La abogada explica que los problemas empiezan cuando, una vez localizados los niños y contactada la autoridad del país en el que residen, el adulto recurre a la justicia para evitar entregar la custodia e interpone un recurso que debe dirimirse allí. Además, puede ocurrir que el juez extranjero dicta una sentencia contraria a la que previamente se dictó en España, por lo que "entran en conflicto los intereses de cada país"
"En esta segunda fase, en teoría debería ser todo mucho más fácil, porque si una persona tiene la custodia del menor por resolución judicial, la justicia del otro país no tendría por qué poner problemas, pero la realidad no es esa", señala Pastor, que recuerda el caso de la abogada valenciana Maria José Carrascosa, encarcelada actualmente en Estados Unidos por secuestrar a su hija, pese a que tenía la custodia legal por una sentencia previa dictada en España.
Pastor reconoce que "en justicia nunca se puede hablar de plazos y nunca se sabe cuánto se puede prolongar" una reclamación de este tipo y apunta que en muchos casos, se trata de "años". "Es una situación muy dura porque durante ese tiempo los niños están viendo sólo a uno de los progenitores", señala.
La abogada apunta que para evitar estas situaciones, "cada vez son más" los jueces que, de oficio, "ante la sospecha" de que uno de los progenitores tiene la intención de abandonar el país, dictan medidas cautelares para impedirlo, como prohibir la expedición de pasaportes a los menores o directamente, fijar la prohibición de que abandonen el territorio nacional, medidas que suelen solicitar también los afectados en los procedimientos civiles de divorcio, separación o de medidas paterno filiales.
En España, la sustracción de menores por parte de los progenitores está tipificada en el Código Penal (Artículo 225bis) y castigada con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
