En la mayoría de casos, , señala Equo, estos nombramientos “recaen en militantes, afiliados. Todo ello, mientras se recortan sueldos y derechos básicos”.
Para el co-portavoz de EQUO Madrid, Ramón Linaza, “es inadmisible que, ante el recorte de sueldos a los funcionarios y a las prestaciones por desempleo, entre otros abusos, se siga considerando a los ayuntamientos como una agencia de colocación de afiliados y simpatizantes”.
“Esta actitud de la ‘clase’ política es lo que nos ha llevado al despilfarro y a la crisis actual”, añade. Por otro lado, Linaza ha responsabilizado a las sucesivas administraciones del Partido Popular de un crecimiento sin precedentes en cargos de confianza y libre designación, que “ha incrementado el gasto en casi 20 millones de euros, desde la entrada de la Administración Gallardón en Madrid”.
EQUO Madrid recuerda que este despilfarro, junto con grandes deudas, como las obras de la M-30 o la compra de nuevos edificios, es lo que ahora obliga a unos recortes y políticas de ajuste intolerables, tanto para los trabajadores como para los servicios sociales.
Linaza señala que, en el momento que vivimos, “la tendencia de los gobiernos debería ser eliminar cualquier situación de privilegio o de gasto excesivo”. Sin embargo, en el contexto del Ayuntamiento de Madrid, “tenemos ejemplos muy claros de este corporativismo político, asociado a privilegios propios tan sólo de las élites políticas”, añade.
Para EQUO Madrid, el importe de estos gastos innecesarios debería dedicarse, sin ningún menoscabo para el funcionamiento de nuestra Corporación, a partidas sociales que permitan mitigar las consecuencias de la crisis económica, ecológica, social y política, que el Partido Popular se empeña en hacer más profunda.
DATOS DEL DESPILFARRO DE LOS “ENCHUFES”
Desde EQUO se recuerda que, actualmente, 162 puestos están cubiertos por eventuales de libre designación, adscritos a Gobierno y Administración, con un coste de más de siete millones de euros.
Su función es prestar “asesoramiento y confianza de carácter político” a los cargos electos, cobrando cantidades astronómicas y realizando el trabajo que deberían llevar a cabo funcionarios –además, sin dar fe pública y sin poder tramitar expedientes–. En este grupo se inscriben también los asesores de los grupos políticos. El coste de los salarios de este personal eventual asciende a 3,5 millones de euros.
Por otro lado, deben sumarse 101 cargos directivos, designados en etapas sucesivas, desde la Ley de Grandes Ciudades, con la entrada de Gallardón, y que han sido ratificados por la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Éstos realizan funciones que antes realizaban los funcionarios públicos, con un coste de unos 9 millones de euros. Sus sueldos oscilan entre los 85.000 y los 89.000 euros anuales.
