nuevatribuna.es
9 de julio de 2010, 6:31
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 7.7.2010
...Y no es la primera vez que el TSJCV maniobra a favor de los 'populares' en casos de corrupción.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Además, añade que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.
"Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial", reza textualmente en el comunicado del TSJCV.
Sin embargo, a las 12.00 horas de este mediodía, Ripoll ha asegurado ante los medios de comunicación que la Policía se presentó en su domicilio con el secretario judicial y que le dieron una citación para el jueves ante el juez, 8 de julio a las 14 horas. En dicha citación, se manifiesta que "en virtud de lo acordado en el Juzgado de Primera instancia número Tres de Orihuela (Alicante) en el procedimiento de diligencias previas 851/07, por la presente se le comunica que deberá personarse el día 8-7-2010 a las 14 horas en la referida sede judicial, para ser oído en declaración". También la alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, señaló este miércoles en una entrevista a Onda Cero que los tres ediles del municipio detenidos, Manuel Abadía -concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas-, Antonio Rodríguez Murcia -delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías-, y Ginés Sánchez -responsable de Calidad Medioambiental- y puestos en libertad tras declarar deberán prestar declaración el viernes en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela.
El TSJCV advierte de que dada la situación procesal de las presentes diligencias, "no existe autorización expresa ni tácita a la Oficina Judicial, Ministerio Fiscal ni Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas y el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucional y legalmente establecidos, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones".
La operación policial llevada a cabo en el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) el martes, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con un total de 19 registros efectuados y la detención de once personas, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso, según ha informado en un comunicado la Policía.
El TSJCV ha señalado que el Juzgado de Primera Instancia número 3 (antiguo mixto 3) de Orihuela "no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarden relación con estas diligencias durante el día de hoy" y ha explicado que las Diligencias Previas 851/07 se hallan todavía bajo secreto sumarial y subraya que "desde su incoación en el mes de marzo de 2007 la Instrucción ha sido asumida por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional. El actual magistrado asumió la causa tras su incorporación al Juzgado a finales del mes de febrero del presente año 2010, por lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación bajo secreto decretado por otros instructores".
EL PP SE LANZA CONTRA RUBALCABA Y ZAPATERO
Inmediatamente, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha denunciado que la orden de detención del presidente de la diputación de Alicante "se tomó" en el Ministerio del Interior y ha acusado a la Policía de haber "suplantado" al juez en al menos tres actuaciones. González Pons ha afirmado que los arrestos "echan tufo a operación publicitaria y política para allanarle el camino" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, antes del "complicado" Debate sobre el estado de la Nación que tiene que afrontar la próxima semana en el Congreso.
Según González Pons, la Policía "mintió" ayer en su nota de prensa por sostener que se había incautado dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll, cuando él mismo ha aclarado que no lo había, así como al decir que había imputaciones cuando el TSJV rechaza ese extremo en su comunicado. Igualmente ha recordado que la Policía habla de citaciones y el juzgado dice que "no hay ninguna persona citada". Sin embargo, en la nota de prensa de Interior se admitía el decomiso de dinero en metálico, pero no especificaba dónde.
Para el dirigente 'popular', la forma en la que se llevó a cabo la operación, "espectacular y cinematográfica", delata las verdaderas intenciones de Interior: "Se enviaron 80 policías a Alicante como si en Alicante no hubiera un policía que le pudiera decir que fuera a declarar. Se cortaron calles y de colocaron furgonetas de la Policía como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban".
Es más, ha destacado que en el PP ha "crecido la alarma" ante la posibilidad de que Interior "esté utilizando los recursos de la Policía nacional para que, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista".
González Pons ha añadido que en este caso no se da ninguno de los supuestos en los que la Policía puede practicar una detención: evitar un flagrante delito, la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga. Igualmente ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que las detenciones se deben producir de la forma que "menos perjudique la reputación del detenido", algo que a su juicio, no se ha cumplido.
Por todo ello, ha demandado una "aclaración inmediata" a Interior porque, en su opinión, ayer se "se practicaron detenciones en Alicante con la clara intención de hacer publicidad política a favor del Gobierno y en contra de la oposición, a costa de derechos fundamentales que deberían ser sagrados para las personas". Y ha cuestionado directamente el papel del ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, al asegurar que con él al frente de este Ministerio "están en riesgo" las garantías de los derechos fundamentales. El PP se da de plazo el día de hoy para obtener esa explicación antes de exigir responsabilidades políticas.
Al ser preguntado si el presidente del PP, Mariano Rajoy, apoya a Ripoll y si el partido va a tomar alguna medida contra él ante los presuntos delitos de los que se le acusa, el diputado del PP ha respondido que éste no era el asunto de su comparecencia, sino la "gravedad" de los derechos fundamentales que se están vulnerando y la necesidad de que se aclaren las circunstancias en que se han producido las detenciones.
LAS EXPLICACIONES DE INTERIOR
Entretanto, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por la agencia Europa Press han aclarado que la detención José Joaquín Ripoll se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.
Estas mismas fuentes han precisado que las detenciones practicadas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y hanb añadido que son "habituales" en este tipo de operativos. Asimismo, recuerdan que todas las entradas de registro realizadas se hicieron a partir de una autorización judicial, lo que a su juicio, "evidencia" que es un juez quien dirige la operación en contra de las sospechas vertidas por el secretario de comunicación del PP.
Por otra parte, estas fuentes aseguran que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la Policía. Cuando el martes por la noche el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento", lo que se pretendía decir es que los detenidos estaban "relacionados" o "vinculados" con los presuntos delitos puesto que la Policía no tiene capacidad para imputar.
En cuanto a que la citación de Ripoll para declarar en el juzgado llevara el sello de la Policía y el Ministerio del Interior, las mismas fuentes explican que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía.
De momento, se desconoce si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.
...Y no es la primera vez que el TSJCV maniobra a favor de los 'populares' en casos de corrupción.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Además, añade que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.
"Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial", reza textualmente en el comunicado del TSJCV.
Sin embargo, a las 12.00 horas de este mediodía, Ripoll ha asegurado ante los medios de comunicación que la Policía se presentó en su domicilio con el secretario judicial y que le dieron una citación para el jueves ante el juez, 8 de julio a las 14 horas. En dicha citación, se manifiesta que "en virtud de lo acordado en el Juzgado de Primera instancia número Tres de Orihuela (Alicante) en el procedimiento de diligencias previas 851/07, por la presente se le comunica que deberá personarse el día 8-7-2010 a las 14 horas en la referida sede judicial, para ser oído en declaración". También la alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, señaló este miércoles en una entrevista a Onda Cero que los tres ediles del municipio detenidos, Manuel Abadía -concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas-, Antonio Rodríguez Murcia -delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías-, y Ginés Sánchez -responsable de Calidad Medioambiental- y puestos en libertad tras declarar deberán prestar declaración el viernes en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela.
El TSJCV advierte de que dada la situación procesal de las presentes diligencias, "no existe autorización expresa ni tácita a la Oficina Judicial, Ministerio Fiscal ni Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas y el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucional y legalmente establecidos, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones".
La operación policial llevada a cabo en el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) el martes, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con un total de 19 registros efectuados y la detención de once personas, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso, según ha informado en un comunicado la Policía.
El TSJCV ha señalado que el Juzgado de Primera Instancia número 3 (antiguo mixto 3) de Orihuela "no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarden relación con estas diligencias durante el día de hoy" y ha explicado que las Diligencias Previas 851/07 se hallan todavía bajo secreto sumarial y subraya que "desde su incoación en el mes de marzo de 2007 la Instrucción ha sido asumida por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional. El actual magistrado asumió la causa tras su incorporación al Juzgado a finales del mes de febrero del presente año 2010, por lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación bajo secreto decretado por otros instructores".
EL PP SE LANZA CONTRA RUBALCABA Y ZAPATERO
Inmediatamente, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha denunciado que la orden de detención del presidente de la diputación de Alicante "se tomó" en el Ministerio del Interior y ha acusado a la Policía de haber "suplantado" al juez en al menos tres actuaciones. González Pons ha afirmado que los arrestos "echan tufo a operación publicitaria y política para allanarle el camino" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, antes del "complicado" Debate sobre el estado de la Nación que tiene que afrontar la próxima semana en el Congreso.
Según González Pons, la Policía "mintió" ayer en su nota de prensa por sostener que se había incautado dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll, cuando él mismo ha aclarado que no lo había, así como al decir que había imputaciones cuando el TSJV rechaza ese extremo en su comunicado. Igualmente ha recordado que la Policía habla de citaciones y el juzgado dice que "no hay ninguna persona citada". Sin embargo, en la nota de prensa de Interior se admitía el decomiso de dinero en metálico, pero no especificaba dónde.
Para el dirigente 'popular', la forma en la que se llevó a cabo la operación, "espectacular y cinematográfica", delata las verdaderas intenciones de Interior: "Se enviaron 80 policías a Alicante como si en Alicante no hubiera un policía que le pudiera decir que fuera a declarar. Se cortaron calles y de colocaron furgonetas de la Policía como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban".
Es más, ha destacado que en el PP ha "crecido la alarma" ante la posibilidad de que Interior "esté utilizando los recursos de la Policía nacional para que, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista".
González Pons ha añadido que en este caso no se da ninguno de los supuestos en los que la Policía puede practicar una detención: evitar un flagrante delito, la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga. Igualmente ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que las detenciones se deben producir de la forma que "menos perjudique la reputación del detenido", algo que a su juicio, no se ha cumplido.
Por todo ello, ha demandado una "aclaración inmediata" a Interior porque, en su opinión, ayer se "se practicaron detenciones en Alicante con la clara intención de hacer publicidad política a favor del Gobierno y en contra de la oposición, a costa de derechos fundamentales que deberían ser sagrados para las personas". Y ha cuestionado directamente el papel del ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, al asegurar que con él al frente de este Ministerio "están en riesgo" las garantías de los derechos fundamentales. El PP se da de plazo el día de hoy para obtener esa explicación antes de exigir responsabilidades políticas.
Al ser preguntado si el presidente del PP, Mariano Rajoy, apoya a Ripoll y si el partido va a tomar alguna medida contra él ante los presuntos delitos de los que se le acusa, el diputado del PP ha respondido que éste no era el asunto de su comparecencia, sino la "gravedad" de los derechos fundamentales que se están vulnerando y la necesidad de que se aclaren las circunstancias en que se han producido las detenciones.
LAS EXPLICACIONES DE INTERIOR
Entretanto, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por la agencia Europa Press han aclarado que la detención José Joaquín Ripoll se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.
Estas mismas fuentes han precisado que las detenciones practicadas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y hanb añadido que son "habituales" en este tipo de operativos. Asimismo, recuerdan que todas las entradas de registro realizadas se hicieron a partir de una autorización judicial, lo que a su juicio, "evidencia" que es un juez quien dirige la operación en contra de las sospechas vertidas por el secretario de comunicación del PP.
Por otra parte, estas fuentes aseguran que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la Policía. Cuando el martes por la noche el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento", lo que se pretendía decir es que los detenidos estaban "relacionados" o "vinculados" con los presuntos delitos puesto que la Policía no tiene capacidad para imputar.
En cuanto a que la citación de Ripoll para declarar en el juzgado llevara el sello de la Policía y el Ministerio del Interior, las mismas fuentes explican que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía.
De momento, se desconoce si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.
