El Pleno de la Sala de lo Penal ha decidido por mayoría no encausar al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque los magistrados José Manuel Maza, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez y Alberto Jorge, favorables a la admisión de la querella, han emitido votos particulares.
Se ha quedado fuera del Pleno de la Sala de lo Penal el magistrado Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella hubiera sido admitida a trámite y hubiera sido necesario buscar un instructor imparcial.
El Pleno de lo Penal ha comenzado sus deliberaciones a las 11.00 horas, días después de que la Sala de Admisiones del alto tribunal le elevara la decisión de admitir a trámite la querella por el presunto uso de dinero público para gastos privados.
El Pleno ha anunciado su decisión al filo de las 14.15 horas, poco después de que conocerse que cinco vocales del órgano de gobierno de los jueces quieren pedir la dimisión de su presidente en una sesión que se celebraría en el plazo de 72 horas. En todo caso, antes de que Dívar presida el próximo lunes junto al Rey Juan Carlos los actos del Bicentenario de la creación del Tribunal Supremo.
La maniobra de los vocales Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz y José Manuel Gómez Bénitez anularía el movimiento realizado por Dívar que ha convocado a iniciativa propia un Pleno extraordinario para el próximo 21 de junio para analizar la situación en la que se encuentra el CGPJ.
LA FISCALÍA NO VE DELITO
La reunión del Pleno de lo Penal se ha mantenido pese a que la asociación, presidida por el letrado José Luis Mazón, amplió la querella para añadir la información que publican varios medios impresos y que extiende hasta un total de 32 los viajes a investigar. El total cargado al CGPJ por los viajes se acercaría alos 28.000 euros.
Los magistrados han tenido sobre la mesa el informe por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a la admisión de la querella interpuesta en relación con una primera veintena de viajes realizados a Marbella (Málaga) por valor de 13.000 euros.
El Ministerio Público no ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, que es el mismo que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público a raíz de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, señala que en este caso no cabe estafa, como apuntaban inicialmente los querellantes, sino malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal), una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva.
Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades como Dívar que son de "jerarquía máxima", y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, existen unos "límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente".
"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público", señalaba el escrito
QUERELLA POR MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.
A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.
