El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por seis votos a cinco la sentencia del Supremo que en marzo de 2010 prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, lo que supone 'de facto' la legalización de la formación abertzale.
La noticia se conocía a primera hora de la tarde. El fallo del Constitucional ha tenido en cuenta los argumentos dados en su día por el mismo Tribunal y que permitieron a la coalición Bildu concurrir a las elecciones municipales de 2009, igualmente por seis votos a cinco.
Minutos antes de conocerse el fallo, el portavoz de Amaiur en el Congreso de los Diputados, Mikel Errekondo, criticaba en una entrevista a Nuevatribuna.es (se publicará íntegra los próximos días) que la sentencia podría estar al caer aunque se mostraba “incrédulo” a la hora de de interpretar las decisiones políticas y judiciales.
Errekondo criticaba la tardanza del TC en pronunciarse sobre este asunto y lo ha achacado a cierta “inercia política” de obstaculización. “Sé que Sortu está ahí y tengo la esperanza de que en esta semana, si queremos ser optimistas, se ponga fin a este proceso y salga la sentencia favorable a la legalización de Sortu que no podría ser de otra manera porque no hay ningún dato, ningún parámetro objetivo con respecto a las leyes que se le aplican para ilegalizarlo”.
La formación Amaiur decidió este miércoles no hacer declaraciones sobre el fallo y quienes se pronunciarán serán los promotores de Sortu este jueves en Euskadi, según fuentes consultadas.
EL SUPREMO CONSIDERÓ A SORTU SUCESOR DE LA ILEGALIZADA BATASUNA
El Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto.
Muchos de los argumentos de este voto particular son los que han sido acogidos por el tribunal de garantías, que ha dado los apoyos necesarios a la segunda versión de la ponencia que correspondió a la magistrada de tendencia progresista Elisa Pérez Vera.
Para la mayoría del Supremo, la nueva formación pretendía suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando una estrategia fraudulenta que fue diseñada por ETA en 2009. Por contra, los discrepantes redactaron un voto particular conjunto en el que mostraron su profunda discrepancia con la mayoría y señalaron que Sortu había rechazado la violencia en los estatutos que presentó al Registro.
En este caso, el tribunal de garantías consideró que el Supremo vulneró el derecho a la participación política de la coalición integrada por EA, Alternatiba e "independientes" de la izquierda abertzale, consagrado en el artículo 23 de la Constitución.
