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24 de mayo de 2010, 14:40
NUEVATRIBUNA.ES 23.05.2010
Gobierno y PSOE no pasan por sus mejores momentos. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista para paliar el déficit han soliviantado a los sindicatos que reprochan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero haber dado la espalda a los trabajadores. Los últimos días han sido especialmente difíciles y lo seguirán siendo en el arranque de esta semana cuando se redoblen los esfuerzos negociadores con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante el impopular ‘plan de ajuste’.
En Ferraz temen que los recortes terminen por pasarles una severa factura en las urnas pese a que el presidente está asumiendo toda la responsabilidad de los mismos y pese a que no se descarta subir los impuestos a las rentas más altas, lo que contrarrestaría el ‘tijeretazo’. No obstante, los socialistas confían en que todo se reconduzca y los ciudadanos entiendan el sacrificio cara al primer examen electoral de 2011 cuando se celebren los comicios autonómicos y municipales. Los más optimistas ven que aún hay tiempo para llegar airosos a las Generales de 2011.
El propio Zapatero explicó este domingo en Elche las razones que le han obligado a acometer uno de los mayores ajustes de la democracia. En una intervención muy pedagógica, el jefe del Ejecutivo negó que el PSOE haya cambiado su ideario político o que él mismo haya abandonado el discurso social que le ha caracterizado en sus años de mandato. “Ni cambio, ni bandazo, sino respuesta a las circunstancias”, dijo.
La primera batalla que deberá librar el martes el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, será conseguir que el decreto aprobado por el Gobierno para reducir el déficit pueda ser votado en el pleno del jueves próximo.
Al Ejecutivo le urge sacar adelante las medidas y redoblará sus esfuerzos para conseguir los apoyos necesarios. Las conversaciones ya comenzaron la semana pasada y los socialistas confían en tener el respaldo del PNV y CiU, aunque este último podría optar por la abstención. Aún no está claro cuál será el sentido de voto de los populares pero no parecen por la labor de dar su brazo a torcer. Algunos dirigentes del PP creen que un ‘no’ sería mal entendido por su electorado por lo que la fórmula menos traumática para ellos sería la abstención.
Y mientras se suceden las negociaciones políticas en la Cámara Baja, los sindicatos trabajan ya con el horizonte de la huelga general ante un plan de ajuste que reduce el salario de los funcionarios y congela las pensiones.
CCOO y UGT también siguen con las espadas en alto por la reforma laboral cuyo plazo dado por el Gobierno se acaba sin que la mesa de diálogo social haya llegado a un acuerdo, en cuyo caso el Ejecutivo asumiría toda la responsabilidad. Esta posibilidad suscita mucha desconfianza en los sindicatos porque temen que Zapatero termine por ceder y recorte derechos de los trabajadores tal y como están pidiendo los empresarios.
En este sentido, las declaraciones de los últimos días han ido subiendo de tono. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que la credibilidad del Gobierno está ya "por los suelos" y su fiabilidad como interlocutor ha quedado en entredicho tras haber vulnerado el Pacto de Toledo con la congelación de las pensiones e incumplido el acuerdo firmado con los sindicatos de la Función Pública. Las críticas también han llegado de Cándido Méndez, líder de UGT, para quien las medidas del Gobierno no están ayudando a la negociación.
Mientras tanto, la CEOE ha instado al Ejecutivo que legisle si finalmente no se consigue cerrar un acuerdo antes de que finalice mayo. El optimismo de Gerardo Díaz Ferrán sobre el desenlace de la reforma laboral no es compartido por las centrales sindicales. Aunque siguen confiando en el acuerdo y apostando por el diálogo social, reconocen que la cosa está difícil y creen que la patronal no está demostrando en la mesa esa apuesta por el diálogo que hace fuera de ella.
Así, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunciaba que la patronal sigue pidiendo cosas "difícilmente asumibles", como la rebaja de cotizaciones empresariales. "Nosotros nos creemos lo que dice la patronal de que tiene voluntad de acuerdo, pero eso tiene que demostrarlo en la mesa de negociación. Las posiciones en la mesa no parecen aventurar un desenlace favorable", admitía Ferrer.
Por otro lado y un mes de que finalice la presidencia española de la UE, en las filas socialistas se empieza a contemplar la posibilidad de que Zapatero acometa una remodelación de su Ejecutivo que podría incluir la reducción o fusión de ministerios. Hasta en cuatro ocasiones, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a hacerlo y este martes el PP volverá a intentarlo con una nueva propuesta que presentará en la Junta de Portavoces. Los populares enmarcan esta iniciativa en su particular ‘plan de ajuste’ a través de una proposición de ley para reducir en 10.000 millones de euros el gasto público.
El partido de Mariano Rajoy insiste en la necesidad de eliminar la vicepresidencia tercera encabezada por Manuel Chaves, pero también los Ministerios de Igualdad y Vivienda. En cualquier caso, estos cambios sólo se producirán a partir de julio ante una posible crisis de Gobierno que los socialistas no descartan como un mensaje simbólico de austeridad. Algunos dirigentes trasladan la fecha a septiembre cuando empiecen a configurarse las listas para las elecciones autonómicas y municipales de 2011 y justifican dichos cambios en la situación que vive toda Europa donde “se va hacia los macroministerios”.
Gobierno y PSOE no pasan por sus mejores momentos. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista para paliar el déficit han soliviantado a los sindicatos que reprochan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero haber dado la espalda a los trabajadores. Los últimos días han sido especialmente difíciles y lo seguirán siendo en el arranque de esta semana cuando se redoblen los esfuerzos negociadores con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante el impopular ‘plan de ajuste’.
En Ferraz temen que los recortes terminen por pasarles una severa factura en las urnas pese a que el presidente está asumiendo toda la responsabilidad de los mismos y pese a que no se descarta subir los impuestos a las rentas más altas, lo que contrarrestaría el ‘tijeretazo’. No obstante, los socialistas confían en que todo se reconduzca y los ciudadanos entiendan el sacrificio cara al primer examen electoral de 2011 cuando se celebren los comicios autonómicos y municipales. Los más optimistas ven que aún hay tiempo para llegar airosos a las Generales de 2011.
El propio Zapatero explicó este domingo en Elche las razones que le han obligado a acometer uno de los mayores ajustes de la democracia. En una intervención muy pedagógica, el jefe del Ejecutivo negó que el PSOE haya cambiado su ideario político o que él mismo haya abandonado el discurso social que le ha caracterizado en sus años de mandato. “Ni cambio, ni bandazo, sino respuesta a las circunstancias”, dijo.
La primera batalla que deberá librar el martes el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, será conseguir que el decreto aprobado por el Gobierno para reducir el déficit pueda ser votado en el pleno del jueves próximo.
Al Ejecutivo le urge sacar adelante las medidas y redoblará sus esfuerzos para conseguir los apoyos necesarios. Las conversaciones ya comenzaron la semana pasada y los socialistas confían en tener el respaldo del PNV y CiU, aunque este último podría optar por la abstención. Aún no está claro cuál será el sentido de voto de los populares pero no parecen por la labor de dar su brazo a torcer. Algunos dirigentes del PP creen que un ‘no’ sería mal entendido por su electorado por lo que la fórmula menos traumática para ellos sería la abstención.
Y mientras se suceden las negociaciones políticas en la Cámara Baja, los sindicatos trabajan ya con el horizonte de la huelga general ante un plan de ajuste que reduce el salario de los funcionarios y congela las pensiones.
CCOO y UGT también siguen con las espadas en alto por la reforma laboral cuyo plazo dado por el Gobierno se acaba sin que la mesa de diálogo social haya llegado a un acuerdo, en cuyo caso el Ejecutivo asumiría toda la responsabilidad. Esta posibilidad suscita mucha desconfianza en los sindicatos porque temen que Zapatero termine por ceder y recorte derechos de los trabajadores tal y como están pidiendo los empresarios.
En este sentido, las declaraciones de los últimos días han ido subiendo de tono. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que la credibilidad del Gobierno está ya "por los suelos" y su fiabilidad como interlocutor ha quedado en entredicho tras haber vulnerado el Pacto de Toledo con la congelación de las pensiones e incumplido el acuerdo firmado con los sindicatos de la Función Pública. Las críticas también han llegado de Cándido Méndez, líder de UGT, para quien las medidas del Gobierno no están ayudando a la negociación.
Mientras tanto, la CEOE ha instado al Ejecutivo que legisle si finalmente no se consigue cerrar un acuerdo antes de que finalice mayo. El optimismo de Gerardo Díaz Ferrán sobre el desenlace de la reforma laboral no es compartido por las centrales sindicales. Aunque siguen confiando en el acuerdo y apostando por el diálogo social, reconocen que la cosa está difícil y creen que la patronal no está demostrando en la mesa esa apuesta por el diálogo que hace fuera de ella.
Así, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunciaba que la patronal sigue pidiendo cosas "difícilmente asumibles", como la rebaja de cotizaciones empresariales. "Nosotros nos creemos lo que dice la patronal de que tiene voluntad de acuerdo, pero eso tiene que demostrarlo en la mesa de negociación. Las posiciones en la mesa no parecen aventurar un desenlace favorable", admitía Ferrer.
Por otro lado y un mes de que finalice la presidencia española de la UE, en las filas socialistas se empieza a contemplar la posibilidad de que Zapatero acometa una remodelación de su Ejecutivo que podría incluir la reducción o fusión de ministerios. Hasta en cuatro ocasiones, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a hacerlo y este martes el PP volverá a intentarlo con una nueva propuesta que presentará en la Junta de Portavoces. Los populares enmarcan esta iniciativa en su particular ‘plan de ajuste’ a través de una proposición de ley para reducir en 10.000 millones de euros el gasto público.
El partido de Mariano Rajoy insiste en la necesidad de eliminar la vicepresidencia tercera encabezada por Manuel Chaves, pero también los Ministerios de Igualdad y Vivienda. En cualquier caso, estos cambios sólo se producirán a partir de julio ante una posible crisis de Gobierno que los socialistas no descartan como un mensaje simbólico de austeridad. Algunos dirigentes trasladan la fecha a septiembre cuando empiecen a configurarse las listas para las elecciones autonómicas y municipales de 2011 y justifican dichos cambios en la situación que vive toda Europa donde “se va hacia los macroministerios”.
