nuevatribuna.es
31 de agosto de 2009, 4:31
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 31.8.2009
El secreto que pesa sobre las actuaciones del caso Gürtel pueden estar llegando a su fin. El juez que instruye la causa en el TSJM, Antonio Pedreira, podría levantar el secreto de sumario, ya que la prórroga que decretó el pasado 16 de julio vence en la primera semana de septiembre. Sobre esta cuestión, el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, avanzó a finales del mes de julio que las previsiones de Pedreira incluyen el levantamiento de dicho secreto "posiblemente" en septiembre.
El pasado 16 de julio, Pedreira acordó prorrogar el secreto sumarial que pesa sobre las diligencias hasta finales de verano para garantizar que el curso de la investigación y esclarecer los hechos punibles, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
IMPUTADOS
Entre otros, el magistrado instructor ha imputado al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, al parlamentario autonómico Alfonso Bosch, al diputado autonómico y ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, al ex concejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, al ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez y al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.
El Tribunal de Madrid atribuye a los tres primeros la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. Durante sus comparecencias, los parlamentarios regionales se negaron a declarar hasta que se levantara el secreto sumarial.
LOCALIZAR EL CAPITAL EVADIDO
En cuanto a la investigación del TSJM, el instructor ordenó en julio la práctica de quince comisiones rogatorias a diferentes países (entre ellos Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá) con el objeto de averiguar la situación y el destino del dinero supuestamente desviado por la trama liderada por Francisco Correa fuera del territorio español.
Según el TSJM, la investigación ha depositado su confianza en la posibilidad de que las citadas diligencias, que deberían contar con la colaboración de las autoridades de los paraísos fiscales, permitan localizar y recuperar el capital evadido. La colaboración de las autoridades de los diferentes paraísos fiscales, en los términos solicitados, supondría un importante precedente que marcaría el curso de éste y de futuros procedimientos.
ÚLTIMAS REVELACIONES
Entretanto, y hasta que el sumario salga íntegramente a la luz, la prensa sigue siendo la vía para conocer nuevas revelaciones sobre el alcance de la trama y los delitos que se imputan a los involucrados. El País asegura este lunes que "las empresas de Francisco Correa no sólo hicieron caja gracias al trato de favor de Gobiernos del PP que concedieron cientos de contratos, muchos de ellos adjudicados sin ningún tipo de concurso, por los que facturaron varias decenas de millones de euros en los últimos ocho años. Además, la trama corrupta investigada en el caso Gürtel intervino, y cobró millonarias comisiones por ello, como intermediaria en operaciones inmobiliarias para favorecer a determinados constructores en concursos de suelo o en la concesión de obras públicas cuya aprobación dependía de dirigentes del PP situados en puestos claves de distintos organismos, según apunta la investigación judicial".
Este sería el contenido de un "exhaustivo informe" que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Anticorrupción sobre contratos de determinadas administraciones públicas gobernadas por el PP y que tuvieron tratos con la trama corrupta. En ese informe, dice el diario, se apuntan "diversas irregularidades" en contratos adjudicados por dirigentes del PP "tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras". Y añade que un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos [de la red de empresas de Francisco Correa]".
El diario Público, por otra parte, informa de que Fundescam, la fundación que utilizó el PP de Madrid para recaudar fondos de empresarios afines en las semanas previas a las elecciones autonómicas de 2003 y las generales de 2004, "destinó gran parte de ese dinero a pagar facturas a Starcom, una central de medios que también se ocupó de contratar parte de la publicidad de la primera campaña electoral de Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003. Según aparece en las cuentas de ese año depositadas en el registro de fundaciones, Fundescam adeudaba a Starcom la suma de 250.264,43 euros al cierre de 2003. La central de medios cobró al año siguiente esa deuda de Fundescam, según se deduce de los balances presentados: Starcom no vuelve a aparecer en la lista de acreedores de los siguientes ejercicios".
Público subraya que "en los balances presentados no se detalla qué clase de servicios contrató Fundescam con Starcom", cuya principal actividad consiste en gestionar la inversión publicitaria de empresas e instituciones, desde anuncios de televisión hasta vallas en la calle. Y recuerda que la Ley Electoral (Loreg) prohíbe las aportaciones a partidos en campaña por importe superior a 6.000 euros. Y la Ley de Financiación de Partidos limitaba en 2003 a 60.000 euros anuales la aportación máxima que, directa o indirectamente, podía entregar una misma persona, física o jurídica, a un partido.
Este mismo diario ya publicó en mayo que "gran parte de los fondos llegaron a Fundescam a través de donativos de empresarios afines a Aguirre, como el ahora presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. La fundación, que depende orgánicamente del PP de Madrid, recaudó entre 2003 y 2004 cerca de un millón de euros. Parte de ese dinero también pagó facturas del PP a Special Events, una de las empresas del caso Gürtel". Público aseguraba en la misma información que "los empresarios donantes de Fundescam lograron después más de 200 contratos de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, que también preside esta fundación. Las adjudicaciones a estas empresas superan los 300 millones de euros".
El secreto que pesa sobre las actuaciones del caso Gürtel pueden estar llegando a su fin. El juez que instruye la causa en el TSJM, Antonio Pedreira, podría levantar el secreto de sumario, ya que la prórroga que decretó el pasado 16 de julio vence en la primera semana de septiembre. Sobre esta cuestión, el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, avanzó a finales del mes de julio que las previsiones de Pedreira incluyen el levantamiento de dicho secreto "posiblemente" en septiembre.
El pasado 16 de julio, Pedreira acordó prorrogar el secreto sumarial que pesa sobre las diligencias hasta finales de verano para garantizar que el curso de la investigación y esclarecer los hechos punibles, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
IMPUTADOS
Entre otros, el magistrado instructor ha imputado al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, al parlamentario autonómico Alfonso Bosch, al diputado autonómico y ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, al ex concejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, al ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez y al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.
El Tribunal de Madrid atribuye a los tres primeros la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. Durante sus comparecencias, los parlamentarios regionales se negaron a declarar hasta que se levantara el secreto sumarial.
LOCALIZAR EL CAPITAL EVADIDO
En cuanto a la investigación del TSJM, el instructor ordenó en julio la práctica de quince comisiones rogatorias a diferentes países (entre ellos Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá) con el objeto de averiguar la situación y el destino del dinero supuestamente desviado por la trama liderada por Francisco Correa fuera del territorio español.
Según el TSJM, la investigación ha depositado su confianza en la posibilidad de que las citadas diligencias, que deberían contar con la colaboración de las autoridades de los paraísos fiscales, permitan localizar y recuperar el capital evadido. La colaboración de las autoridades de los diferentes paraísos fiscales, en los términos solicitados, supondría un importante precedente que marcaría el curso de éste y de futuros procedimientos.
ÚLTIMAS REVELACIONES
Entretanto, y hasta que el sumario salga íntegramente a la luz, la prensa sigue siendo la vía para conocer nuevas revelaciones sobre el alcance de la trama y los delitos que se imputan a los involucrados. El País asegura este lunes que "las empresas de Francisco Correa no sólo hicieron caja gracias al trato de favor de Gobiernos del PP que concedieron cientos de contratos, muchos de ellos adjudicados sin ningún tipo de concurso, por los que facturaron varias decenas de millones de euros en los últimos ocho años. Además, la trama corrupta investigada en el caso Gürtel intervino, y cobró millonarias comisiones por ello, como intermediaria en operaciones inmobiliarias para favorecer a determinados constructores en concursos de suelo o en la concesión de obras públicas cuya aprobación dependía de dirigentes del PP situados en puestos claves de distintos organismos, según apunta la investigación judicial".
Este sería el contenido de un "exhaustivo informe" que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Anticorrupción sobre contratos de determinadas administraciones públicas gobernadas por el PP y que tuvieron tratos con la trama corrupta. En ese informe, dice el diario, se apuntan "diversas irregularidades" en contratos adjudicados por dirigentes del PP "tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras". Y añade que un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos [de la red de empresas de Francisco Correa]".
El diario Público, por otra parte, informa de que Fundescam, la fundación que utilizó el PP de Madrid para recaudar fondos de empresarios afines en las semanas previas a las elecciones autonómicas de 2003 y las generales de 2004, "destinó gran parte de ese dinero a pagar facturas a Starcom, una central de medios que también se ocupó de contratar parte de la publicidad de la primera campaña electoral de Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003. Según aparece en las cuentas de ese año depositadas en el registro de fundaciones, Fundescam adeudaba a Starcom la suma de 250.264,43 euros al cierre de 2003. La central de medios cobró al año siguiente esa deuda de Fundescam, según se deduce de los balances presentados: Starcom no vuelve a aparecer en la lista de acreedores de los siguientes ejercicios".
Público subraya que "en los balances presentados no se detalla qué clase de servicios contrató Fundescam con Starcom", cuya principal actividad consiste en gestionar la inversión publicitaria de empresas e instituciones, desde anuncios de televisión hasta vallas en la calle. Y recuerda que la Ley Electoral (Loreg) prohíbe las aportaciones a partidos en campaña por importe superior a 6.000 euros. Y la Ley de Financiación de Partidos limitaba en 2003 a 60.000 euros anuales la aportación máxima que, directa o indirectamente, podía entregar una misma persona, física o jurídica, a un partido.
Este mismo diario ya publicó en mayo que "gran parte de los fondos llegaron a Fundescam a través de donativos de empresarios afines a Aguirre, como el ahora presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. La fundación, que depende orgánicamente del PP de Madrid, recaudó entre 2003 y 2004 cerca de un millón de euros. Parte de ese dinero también pagó facturas del PP a Special Events, una de las empresas del caso Gürtel". Público aseguraba en la misma información que "los empresarios donantes de Fundescam lograron después más de 200 contratos de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, que también preside esta fundación. Las adjudicaciones a estas empresas superan los 300 millones de euros".
