La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a que, a través del Instituto de la Mujer, se elabore un informe sobre el impacto de género que va a conllevar la aplicación desde este lunes de las nuevas tasas judiciales, tras la publicación este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro de las mismas.
La parlamentaria socialista recuerda que desde 2003 se estableció que los proyectos de ley y las disposiciones reglamentarias debían ir acompañadas de un informe sobre el impacto por razón de género
En este sentido, critica que el informe de impacto de género que acompaña a la Ley de Tasas manifiesta textualmente que: "No existiendo desigualdades previas ni factores que puedan dificultar la participación equilibrada de hombres y mujeres, se prevé que el anteproyecto de ley tenga un impacto nulo".
A su juicio, este "minúsculo texto" pretende pasar como informe de impacto de género y es por ello por lo que se constata que el Gobierno "ha caído en el error" de considerar que la norma, al no contener discriminación directa, produce un tratamiento igualitario, sin considerar que puede, a pesar de no ser discriminatoria, no tener el mismo impacto sobre la vida de mujeres y de hombres.
"El Gobierno no ha valorado si la aplicación del proyecto legislativo producirá un efecto equivalente para ambos sexos, ni identificando los diferentes resultados que la disposición normativa pudiera producir sobre mujeres y hombres, de forma separada", agrega.
Finalmente, recuerda que los datos sobre el número de separaciones y divorcios habidos en España en 2011 ponen de manifiesto que se han realizado más de 110.000 demandas de divorcio y, dice que, "tan solo" de los 56.846 contenciosos habidos en 2011, el 64 por ciento de las demandas fueron interpuestas por mujeres.
LAS MUJERES SON QUIENES HACEN MÁS APELACIONES
Es más, sostiene que las mujeres son quienes mayoritariamente realizan posteriores apelaciones, especialmente las relacionadas con las demandas de pensión compensatoria, las indemnizaciones por dedicación a la familia, los alimentos para hijos mayores de 18 dependientes económicamente, el levantamiento de cargas familiares o los pagos de cuotas de préstamos hipotecarios. "Estos datos básicos ponen de manifiesto que las tasas judiciales tendrán un impacto diferenciado por sexo", sentencia la socialista.
Por todo ello, Álvarez quiere que el Ejecutivo encomiende al Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, la elaboración de un informe que, recabando información que proceda de los distintos departamentos competentes en la materia, aborde específicamente la recogida de la información básica que sirva para valorar la situación de partida de mujeres y hombres en relación a las tasas judiciales en materia de separación o divorcio.
Igualmente, desea que analice el comportamiento diferenciado que desempeñan mujeres y hombres en los procedimientos judiciales contenciosos en los casos de separación o divorcio y las diferencias relevantes en relación a los tipos de demanda planteados, analizando también, si desde la perspectiva del acceso a los recursos legalmente disponibles, las mujeres y los hombres enfrentan limitaciones distintas de acuerdo con las posiciones de partida identificadas.
Por último, insta al Gobierno a valorar si la reciente normativa por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias forenses es consistente con el objetivo de una relación más equitativa entre mujeres y hombres o refuerza papeles tradicionales negativos.
