El PSOE cree que este tipo de políticas pueden ser el marco filosófico adecuado a la progresiva implicación de las empresas en un proyecto de sociedad justa
El programa electoral del PSOE para las próximas elecciones generales del 20 de noviembre propone que las Administraciones Públicas presenten una Memoria Anual de Responsabilidad Social en la que se informe sobre cuáles son los sistemas que se están aplicando en la gestión pública para que ésta sea socialmente responsable y qué resultados se han obtenido al respecto.
El texto también contempla para la nueva legislatura que la adjudicación de los contratos del sector público recaiga sobre aquellas empresas que tengan acreditada su condición de empresas socialmente responsables, según los criterios recomendados por el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE).
Además, pide que las Administraciones Públicas gestionen sus inversiones y fondos mediante criterios socialmente responsables.
Estas son algunas de las medidas que se incluyen en el programa de los socialistas, que cuenta con un apartado específico relativo a la Responsabilidad Social Corporativa ante "la creencia" de que este tipo de políticas pueden ser "el marco filosófico adecuado a la progresiva implicación de las empresas en un proyecto de sociedad justa".
Las restantes medidas hacen alusión al fomento de la práctica de las Memorias Sostenibles de las empresas y a la homologación de los sistemas de transparencia. En concreto, el texto señala que las grandes empresas, con más de 1.000 asalariados, tendrán que comunicar anualmente al CERSE sus informes sobre RSE. Posteriormente, el Consejo elaborará un informe anual sobre el grado de implantación de estas políticas en las grandes empresas españolas.
También se contempla el fomento de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), de tal forma que los fondos de inversión y los de pensiones informen anualmente sobre si las inversiones que se realizan tienen en cuenta criterios socialmente responsables. En caso afirmativo, se hará público dicho informe y, en el caso contrario, se informará de porqué no se tienen en cuenta.
En líneas generales, los socialistas apuestan por establecer "una política de estímulos" a la Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo con criterios vinculados a aspectos como el gobierno corporativo, los derechos humanos, el ámbito laboral, los proveedores, la acción social y el impacto ambiental.
FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Por otro lado, el programa del PSOE también apuesta por el fomento de la Economía Social, un sector que genera casi 2,5 millones de empleos -directos e indirectos-, y hace alusión a la Ley de Economía Social, aprobada en marzo de este año, con la que se persigue "dar un marco de reconocimiento y estabilidad" a las actividades de estas empresas.
De cara al futuro, el texto contempla actualizar las normas que regulan a las empresas de la economía social con el objeto de que mejoren su gestión a través de la reforma de la Ley de Sociedades Laborales; y establecer un tratamiento fiscal favorable para estas empresas para que sus trabajadores pasen a formar parte de las mismas con la condición de socios trabajadores.
Los socialistas también piden articular mecanismos para que la Economía Social participe en todas las Administraciones donde se diseñen políticas públicas; e incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión social por parte de las Empresas de Inserción mediante el incremento de las bonificaciones de esos contratos, además de otros incentivos fiscales.
El programa también apuesta por establecer medidas de apoyo para promover la participación en los programas de desarrollo local, así como el fomento del autoempleo colectivo como fórmula de creación de empleo estable; establecer una Comisión de Seguimiento a nivel estatal para organizar la participación institucional del sector en relación a las convocatorias específicas de Planes de Economía Social; e incentivar la creación de "empresas en prácticas", entre otras iniciativas.
Además, el PSOE pretende establecer un marco "claro y estable" de relación entre el sector público y el privado en la provisión y desarrollo de servicios de atención a la dependencia, especialmente en torno al papel que cada parte ha de tener en los planes de desarrollo de infraestructura y servicios.
