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sábado. 20.08.2022
EN LA LEY DE HIPOTECAS

El PSOE estudiará cambiar la Ley de hipotecas para evitar un "privilegio" concedido a la Iglesia desde 1998

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el socialista Álvaro Cuesta Martínez, ha anunciado que trasladará a todos los grupos, al Ministerio de Justicia, al PSOE y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la denuncia planteada por la Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro

Asegura que la Iglesia Católica se inmatricula propiedades que podrían no ser suyas en base a un privilegio que le concede la Ley de Hipotecas de 1998.

Así, Cuesta (PSOE) ha reconocido que hasta ahora desconocía esta situación que califica de "disfunción" del derecho público por el que de manera "inconstitucional" la Iglesia Católica estaría manteniendo "privilegios" y, mediante el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1998, tendría naturaleza de corporación de derecho público.

Por este motivo, ha denunciado que se podría estar produciendo una "inmatriculación masiva de bienes inmuebles por parte de la Iglesia Católica, basándose en el principio de privilegio de ésta respecto a los ciudadanos y las administraciones públicas" y ha observado la posibilidad de "corregir esta disfunción".

Concretamente, la plataforma con la que se ha reunido este jueves para conocer su denuncia, asegura que un total de 1.081 propiedades podrían estar en dicha situación desde 1998, es decir, que estén inscritas en el Registro de la Propiedad.

Cuesta ha reconocido que en 1998 "este artículo pudo pasar desapercibido en la votación" de las modificaciones a la Ley Hipotecaria en el Parlamento y posteriormente ha rectificado para decir que "no culpa al Parlamento" del desconocimiento de los diputados sobre la cuestión.

La plataforma asegura que además de en Navarra, esta situación se produce en otras regiones españolas y que afecta a corporaciones municipales y también a propietarios privados.

Así, el catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, ha asegurado que desde 1998 más de 1.000 propiedades han sido inmatriculadas en el registro de la propiedad y que el hecho de que la certificación de propiedad esté expedida por la parte interesada, en este caso el diocesano, "ha pasado desapercibido" para las administraciones y la sociedad.

"No cabe equiparar a la Iglesia como corporación de derecho público, como si fueran funcionarios públicos", ha criticado, en consonancia con una sentencia de 1993.

Por este motivo, considera que para los pequeños propietarios o pequeños ayuntamientos reclamar ante la vía contencioso-administrativa es "muy costoso" y, en sustitución de la vía jurídica caso por caso, plantea que se modifique la Ley para adoptar un derecho común a "todas las confesiones religiosas y sin dar privilegios a ninguna", algo que, en su opinión, "queda fuera de cuestiones religiosas o intereses partidistas".

"Se corre el riesgo de inmatricular bienes que sean suyos y otros no suyos", ha apostillado y ha añadido que no es un problema cuantitativo sino que con un solo caso en que se plantee la inconstitucionalidad se debe revisar el procedimiento.

Mientras, la representante de dicha plataforma y letrada Isabel Urzainqui, ha insistido en que "hay que cambiar la norma para evitar privilegios acordes al régimen franquista" que afecta, sobre todo, a pequeñas iglesias o ermitas de municipios pero también a bienes como parques, colegios, casas rectorales o pinares.

En todo caso, para el diputado socialista "todo lo que concierne a la Iglesia tiene una sofisticación normativa que a veces es difícil de entender porque a veces hay un mayor nivel de 'inteligencia' de la Iglesia que de los servicios jurídicos del Estado".

LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

Cuesta ha defendido varias veces que el Gobierno impulse una nueva Ley de Libertad Religiosa y, en este contexto, este jueves ha reiterado su apuesta por esta ley que de "por superados, 33 años después", los Acuerdos con la Santa Sede y con el resto de confesiones religiosas, "pero sobre todo la Santa Sede".

Asimismo, a pesar de que la Constitución dice que España es un Estado aconfesional, a su juicio, España es un estado "laico" y ha expresado que se pretende "ampliar su laicidad" con una ley y con la creación de un Observatorio de la Laicidad que se ocupe de la objeción de conciencia.

Sin embargo, ha asegurado que esta intención se mantiene en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero que se ha encontrado con que "no hay un consenso" y que "no hay condiciones suficientes" y ha admitido que "en esta legislatura será muy difícil". A pesar de esto, ha subrayado que el debate "está en el Gobierno".

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