nuevatribuna.es
25 de febrero de 2009, 2:01
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 24.2.2009
Así parece desprenderse de las palabras del nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, al tomar posesión de su cargo arropado por cuatro miembros del Ejecutivo, la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega, y los ministros Celestino Corbacho, Beatriz Corredor, Elena Espinosa y César Antonio Molina.
En su primer discurso, ha señalado que los jueces son independientes "pero también responsables" y ha ofrecido un diálogo "sincero y abierto" a todos los colectivos implicados en la modernización de la Justicia. Preguntado por la prensa por el significado de su llamamiento a la responsabilidad de los jueces durante su intervención, el ministro ha explicado que el poder legislativo y el poder ejecutivo responden ante los ciudadanos a través de las urnas, mientras que el poder judicial lo hace "con su correcta actuación".
Caamaño ha realizado estas declaraciones en una multitudinaria toma de posesión, respaldado también por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, el fiscal general del Estado, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso y una numerosa representación de miembros de la carrera fiscal y judicial.
De momento, todo parece indicar que el nuevo ministro va a contribuir a restablecer el diálogo con la judicatura y a restañar las heridas que condujeron a la convocatoria de una huelga sin precedentes el pasado 18 de febrero. Es lo que, nada más conocerse su designación para hacerse cargo de la cartera que dejaba vacante Bermejo, opinaron las cuatro asociaciones de jueces más representativas.
AHORA, A POR GARZÓN
Muy distinto es lo que ocurre en las filas del principal partido de la oposición que, al haberse quedado sin la presa a la que ha estado persiguiendo durante los últimos días, no se da por satisfecho y pretende emprender una nueva cacería contra el juez Baltasar Garzón. La portavoz parlamentaria "popular", Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba este martes que ya tienen preparada la querella contra el juez por no haberse inhibido en el caso Gürtel, en el que investiga la supuesta trama de corrupción que salpica a este partido.
En este contexto hay que interpretar las primeras declaraciones de Federico Trillo, actual portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, para valorar la dimisión de Bermejo. Tras criticar la gestión del ex ministro, Trillo hablaba de "connivencia" entre Bermejo y Garzón en la instrucción del caso que afecta a su partido.
La gravedad de la acusación ha provocado un gran revuelo y el propio líder del PP, Mariano Rajoy, ha tenido que especificar que él no sabe si ha habido connivencia y que no habla de lo que no puede probar. Entre los diputados socialistas la indignación, lejos de quedar aplacada, ha ido subiendo de grados hasta el punto de que hay quien propone un plante, es decir, no acudir a la Comisión de Justicia mientras Trillo siga desempeñando la función de portavoz. Algo similar a lo que hizo el PP con Bermejo: la suspensión del pacto por la Justicia mientras él siguiera siendo ministro.
LA COMISIÓN "FANTASMA"
En Madrid, mientras tanto, los dirigentes del PSM preguntan qué pasa con la Comisión de los espías, esa que el PP aceptó constituir en la Asamblea regional con el único propósito de que gracias a los retrasos y entorpecimientos del grupo mayoritario el escándalo de la trama se fuera diluyendo en el tiempo. Los Grupos Parlamentarios de la oposición tildan de "burla e indecencia" la actitud del PP, en cuya mano está la decisión de dar comienzo al órgano parlamentario.
El portavoz adjunto de IU, Miguel Reneses, ha señalado que se han habilitado los días inhábiles necesarios para llevar a cabo los trabajos de la "comisión fantasma, que a día de hoy no se ha materializado", hecho que considera una "burla al parlamento, a los grupos políticos de la oposición y a los ciudadanos de la Comunidad". "Estamos convencidos de que si alguna vez se pone en marcha será después de que pasen las elecciones gallegas y vascas", apunta.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Adolfo Navarro, indica que el cambio de presidente a Rosa Posada después de que el popular Benjamín Martín Vasco "haya sido cesado" por el Grupo Popular, "no era más que un cambio de puro maquillaje". "Es un cambio que no representa nada porque la señora Posada sigue ejerciendo el papel de restringir, retrasar, impedir, que la comisión entre en funcionamiento tres semanas después de su creación". Añade que "ya es tener cara dura llevar tres semanas sin que la comisión haya podido comenzar sus trabajos", y asegura que "el comportamiento político y ético del Grupo Popular en este asunto es un verdadero escarnio, una burla y una indecencia".
A la Mesa de la Asamblea se han presentado ya 33 escritos de reconsideración de la información que les fue negada para llevar a cabo los trabajos de la comisión de investigación porque a su juicio, la Mesa "no tiene competencias" para impedir las peticiones de información de los diputados, y porque "vulnera los derechos" de parlamentarios a pedir la documentación que consideren necesaria. Asimismo, los socialistas presentarán otros 15 recursos de reconsideración porque "en un intento de retrasar, ocultar e impedir el esclarecimiento de los hechos" les han negado quince de los comparecientes que han reclamado.
REPROBACIÓN DE LÓPEZ VIEJO
Por otra parte, el PSOE ha criticado que la Mesa de la Asamblea no haya admitido a trámite la Proposición no de Ley (PNL) del PSOE en la que reclamaba la "reprobación de la gestión" de Alberto López Viejo como viceconsejero de la Presidencia y como consejero de Deportes del Ejecutivo regional "a la vista de las implicaciones del señor López Viejo en la trama de la operación Gürtel". Navarro ha señalado que "hemos protestado porque de nuevo la mayoría del Grupo Popular en la Mesa de la Asamblea ha utilizado esta mayoría de manera restrictiva para los derechos de los grupos parlamentarios y de los diputados".
Pero el caso es que, entretanto, la apisonadora de Esperanza Aguirre impedirá que el asunto de su ex consejero de Deportes, contra el que existen abundantes indicios de implicación en el caso de corrupción urbanística, sea debatido por el máximo órgano de representación de los madrileños. Mientras unos asumen responsabilidades con todas las consecuencias, otros se atrincheran para no tener que mirar a la cara a las suyas.
CERCO A GRANADOS
El Grupo Parlamentarios Socialista de Madrid, además, dio este martes 48 horas al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, para que haga público su patrimonio antes de que reclamar su declaración de la renta, patrimonio y relación de bienes mediante la comisión del Estatuto del Diputado.
"Si en 48 horas el señor Granados no explica su patrimonio, vamos a solicitar por la vía de la comisión del Estatuto del Diputado o por otras vías legales que prevé el reglamento de la Asamblea la copia de su Declaración de la Renta, patrimonio y la relación de los bienes de los que es propietario para poder conocer en detalle cómo se ha forjado ese importante patrimonio", señaló Adolfo Navarro después de que algunas informaciones apuntaran a que Granados podría haber comprado un chalé en Valdemoro.
Navarro dijo que han "tenido conocimiento de que el señor Granados además de tener un patrimonio inmobiliario más que notable se está construyendo algo así como una fortaleza medieval en el municipio de Valdemoro". "La impresión que da es que se está haciendo el castillo del señor feudal que mira desde la colina a los súbditos de Valdemoro", consideró y dijo que si es verdad, "dice mucho de la ética y de la estética de la que hace gala el señor Granados".
Ante estas acusaciones, el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, dijo que no existe relación entre el consejero y la vivienda de Valdemoro a la que hizo alusión el PSOE.
Así parece desprenderse de las palabras del nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, al tomar posesión de su cargo arropado por cuatro miembros del Ejecutivo, la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega, y los ministros Celestino Corbacho, Beatriz Corredor, Elena Espinosa y César Antonio Molina.
En su primer discurso, ha señalado que los jueces son independientes "pero también responsables" y ha ofrecido un diálogo "sincero y abierto" a todos los colectivos implicados en la modernización de la Justicia. Preguntado por la prensa por el significado de su llamamiento a la responsabilidad de los jueces durante su intervención, el ministro ha explicado que el poder legislativo y el poder ejecutivo responden ante los ciudadanos a través de las urnas, mientras que el poder judicial lo hace "con su correcta actuación".
Caamaño ha realizado estas declaraciones en una multitudinaria toma de posesión, respaldado también por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, el fiscal general del Estado, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso y una numerosa representación de miembros de la carrera fiscal y judicial.
De momento, todo parece indicar que el nuevo ministro va a contribuir a restablecer el diálogo con la judicatura y a restañar las heridas que condujeron a la convocatoria de una huelga sin precedentes el pasado 18 de febrero. Es lo que, nada más conocerse su designación para hacerse cargo de la cartera que dejaba vacante Bermejo, opinaron las cuatro asociaciones de jueces más representativas.
AHORA, A POR GARZÓN
Muy distinto es lo que ocurre en las filas del principal partido de la oposición que, al haberse quedado sin la presa a la que ha estado persiguiendo durante los últimos días, no se da por satisfecho y pretende emprender una nueva cacería contra el juez Baltasar Garzón. La portavoz parlamentaria "popular", Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba este martes que ya tienen preparada la querella contra el juez por no haberse inhibido en el caso Gürtel, en el que investiga la supuesta trama de corrupción que salpica a este partido.
En este contexto hay que interpretar las primeras declaraciones de Federico Trillo, actual portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, para valorar la dimisión de Bermejo. Tras criticar la gestión del ex ministro, Trillo hablaba de "connivencia" entre Bermejo y Garzón en la instrucción del caso que afecta a su partido.
La gravedad de la acusación ha provocado un gran revuelo y el propio líder del PP, Mariano Rajoy, ha tenido que especificar que él no sabe si ha habido connivencia y que no habla de lo que no puede probar. Entre los diputados socialistas la indignación, lejos de quedar aplacada, ha ido subiendo de grados hasta el punto de que hay quien propone un plante, es decir, no acudir a la Comisión de Justicia mientras Trillo siga desempeñando la función de portavoz. Algo similar a lo que hizo el PP con Bermejo: la suspensión del pacto por la Justicia mientras él siguiera siendo ministro.
LA COMISIÓN "FANTASMA"
En Madrid, mientras tanto, los dirigentes del PSM preguntan qué pasa con la Comisión de los espías, esa que el PP aceptó constituir en la Asamblea regional con el único propósito de que gracias a los retrasos y entorpecimientos del grupo mayoritario el escándalo de la trama se fuera diluyendo en el tiempo. Los Grupos Parlamentarios de la oposición tildan de "burla e indecencia" la actitud del PP, en cuya mano está la decisión de dar comienzo al órgano parlamentario.
El portavoz adjunto de IU, Miguel Reneses, ha señalado que se han habilitado los días inhábiles necesarios para llevar a cabo los trabajos de la "comisión fantasma, que a día de hoy no se ha materializado", hecho que considera una "burla al parlamento, a los grupos políticos de la oposición y a los ciudadanos de la Comunidad". "Estamos convencidos de que si alguna vez se pone en marcha será después de que pasen las elecciones gallegas y vascas", apunta.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Adolfo Navarro, indica que el cambio de presidente a Rosa Posada después de que el popular Benjamín Martín Vasco "haya sido cesado" por el Grupo Popular, "no era más que un cambio de puro maquillaje". "Es un cambio que no representa nada porque la señora Posada sigue ejerciendo el papel de restringir, retrasar, impedir, que la comisión entre en funcionamiento tres semanas después de su creación". Añade que "ya es tener cara dura llevar tres semanas sin que la comisión haya podido comenzar sus trabajos", y asegura que "el comportamiento político y ético del Grupo Popular en este asunto es un verdadero escarnio, una burla y una indecencia".
A la Mesa de la Asamblea se han presentado ya 33 escritos de reconsideración de la información que les fue negada para llevar a cabo los trabajos de la comisión de investigación porque a su juicio, la Mesa "no tiene competencias" para impedir las peticiones de información de los diputados, y porque "vulnera los derechos" de parlamentarios a pedir la documentación que consideren necesaria. Asimismo, los socialistas presentarán otros 15 recursos de reconsideración porque "en un intento de retrasar, ocultar e impedir el esclarecimiento de los hechos" les han negado quince de los comparecientes que han reclamado.
REPROBACIÓN DE LÓPEZ VIEJO
Por otra parte, el PSOE ha criticado que la Mesa de la Asamblea no haya admitido a trámite la Proposición no de Ley (PNL) del PSOE en la que reclamaba la "reprobación de la gestión" de Alberto López Viejo como viceconsejero de la Presidencia y como consejero de Deportes del Ejecutivo regional "a la vista de las implicaciones del señor López Viejo en la trama de la operación Gürtel". Navarro ha señalado que "hemos protestado porque de nuevo la mayoría del Grupo Popular en la Mesa de la Asamblea ha utilizado esta mayoría de manera restrictiva para los derechos de los grupos parlamentarios y de los diputados".
Pero el caso es que, entretanto, la apisonadora de Esperanza Aguirre impedirá que el asunto de su ex consejero de Deportes, contra el que existen abundantes indicios de implicación en el caso de corrupción urbanística, sea debatido por el máximo órgano de representación de los madrileños. Mientras unos asumen responsabilidades con todas las consecuencias, otros se atrincheran para no tener que mirar a la cara a las suyas.
CERCO A GRANADOS
El Grupo Parlamentarios Socialista de Madrid, además, dio este martes 48 horas al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, para que haga público su patrimonio antes de que reclamar su declaración de la renta, patrimonio y relación de bienes mediante la comisión del Estatuto del Diputado.
"Si en 48 horas el señor Granados no explica su patrimonio, vamos a solicitar por la vía de la comisión del Estatuto del Diputado o por otras vías legales que prevé el reglamento de la Asamblea la copia de su Declaración de la Renta, patrimonio y la relación de los bienes de los que es propietario para poder conocer en detalle cómo se ha forjado ese importante patrimonio", señaló Adolfo Navarro después de que algunas informaciones apuntaran a que Granados podría haber comprado un chalé en Valdemoro.
Navarro dijo que han "tenido conocimiento de que el señor Granados además de tener un patrimonio inmobiliario más que notable se está construyendo algo así como una fortaleza medieval en el municipio de Valdemoro". "La impresión que da es que se está haciendo el castillo del señor feudal que mira desde la colina a los súbditos de Valdemoro", consideró y dijo que si es verdad, "dice mucho de la ética y de la estética de la que hace gala el señor Granados".
Ante estas acusaciones, el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, dijo que no existe relación entre el consejero y la vivienda de Valdemoro a la que hizo alusión el PSOE.
