nuevatribuna.es
10 de mayo de 2009, 15:59
NUEVATRIBUNA.ES - 08.05.2009
El PP no piensa pasar por alto la concentración de trabajadores a las puertas del Parlamento regional mientras se celebraba el Pleno del jueves. La Presidencia de la Asamblea de Madrid llevará a los tribunales los altercados presentando una denuncia judicial por perturbación del orden público e injurias a las instituciones.
La Junta de Portavoces se reunió este viernes, durante más de una hora y media, de manera extraordinaria en la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Popular, para abordar los hechos ocurridos durante el desarrollo del Pleno del jueves a raíz de una concentración de trabajadores de Iveco Pegaso, BP Solar y ArcelorMittal, empresas sobre las que pesa la amenaza de un ERE, que finalizó con lanzamientos de tuercas y petardos a las puertas de la Cámara.
Un millar de trabajadores se concentraron el jueves ante el Parlamento regional para reclamar al Gobierno regional que mostrara su oposición a los expedientes de regulación, una concentración que se sumó a la expulsión de los trabajadores presentes en la tribuna de invitados del Hemiciclo y la del socialista José Quintana, que fue llamado a abandonar su escaño tras dos llamadas de atención por mostrar su descontento con la actitud mostrada hacia los trabajadores sobre los que pesa un ERE. Esto provocó la salida en masa de todos los diputados de la oposición.
Fuentes de la Presidencia de la Asamblea explicaron que las decisiones hoy adoptadas pasan por interponer una denuncia judicial en base a los artículos 494 y 497 del Código Penal por alteración del orden público e injurias a las instituciones con el fin de ver si los hechos ayer ocurridos tanto dentro como fuera del Hemiciclo pueden ser constitutivos de delito. Asimismo, la Presidencia de la Asamblea remitirá dos escritos al Ministerio y a Delegación de Gobierno para exponerles los hechos y que sean estas instituciones las que reclamen las debidas responsabilidades a los organizadores de la manifestación por alterar las normas de la convocatoria establecidas.
En cuanto a la situación de los diputados, la Cámara ha señalado que estudirán si se puede aplicar el régimen sancionador de la Asamblea al diputado socialista José Quintana por los insultos proferidos contra la Presidencia.
Los altercados se produjeron durante una pregunta al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sobre la industria en la región. En ese momento, los trabajadores de las empresas afectadas, que se encontraban en la tribuna vieron cómo la presidenta regional recogía sus cosas para abandonar su escaño, una actitud que interpretaron como una falta de interés por la cuestión. Cuando salieron los diputados, los trabajadores cruzaron la calle sobrepasando el lugar autorizado para la concentración y los servicios de seguridad de la Cámara cerraron las puertas del Parlamento madrileño después de que la Policía bloqueara la entrada.
LA OPOSICIÓN, "CORRESPONSABLE"
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, ha acusado al PSOE y a IU por su “corresponsabilidad” en lo hechos y de las consecuencias que de estos puedan derivarse.
González ha advertido que pedirán explicaciones al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno por el “acto violento” que protagonizaron cientos de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, ya que a estas instituciones les compete guardar el orden público”. Asimismo considera “inaceptable” que diputados regionales de la oposición se sumaran a esas protestas que “agraden a la institución que representa a todos los madrileños”.
El ‘número dos’ de Esperanza Aguirre tampoco descarta acudir a los tribunales para denunciar “la violencia de las actuaciones que se produjeron”, ya que ha recordado que según figura en el Código Penal está prohibido hacer concentraciones y manifestaciones en el entorno de las sedes de los parlamentos nacional y regional.
POLÍTICA DE SALÓN
La portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, ha destacado que las instituciones “deben procurar no hacer política de salón cuando hay 2.000 trabajadores que se van a ir a la calle en esta ciudad”.
Las instituciones �ha seguido- “no se blindan porque tengan reglamentos sino porque son serias, responden, hacen política y dan la cara ante la crisis”. En su opinión el conflicto no se hubiera producido si Aguirre “se hubiera levantado y hubiera dicho que si se lleva a cabo el ERE, ella estará al lado de los trabajadores, que el ERE es injustificado, que ella irá al Gobierno central o donde haga falta para no ceder ante Iveco porque no hay razones para que se produzcan los despidos y que ella se pondrá a la cabeza de la reivindicación”.
“Lo que es increíble �ha seguido- es que una empresa en la que ha habido múltiples beneficios, con varias recalificaciones, ahora, cuando las cosas vienen duras, tengan que pagar los trabajadores”.
El PP no piensa pasar por alto la concentración de trabajadores a las puertas del Parlamento regional mientras se celebraba el Pleno del jueves. La Presidencia de la Asamblea de Madrid llevará a los tribunales los altercados presentando una denuncia judicial por perturbación del orden público e injurias a las instituciones.
La Junta de Portavoces se reunió este viernes, durante más de una hora y media, de manera extraordinaria en la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Popular, para abordar los hechos ocurridos durante el desarrollo del Pleno del jueves a raíz de una concentración de trabajadores de Iveco Pegaso, BP Solar y ArcelorMittal, empresas sobre las que pesa la amenaza de un ERE, que finalizó con lanzamientos de tuercas y petardos a las puertas de la Cámara.
Un millar de trabajadores se concentraron el jueves ante el Parlamento regional para reclamar al Gobierno regional que mostrara su oposición a los expedientes de regulación, una concentración que se sumó a la expulsión de los trabajadores presentes en la tribuna de invitados del Hemiciclo y la del socialista José Quintana, que fue llamado a abandonar su escaño tras dos llamadas de atención por mostrar su descontento con la actitud mostrada hacia los trabajadores sobre los que pesa un ERE. Esto provocó la salida en masa de todos los diputados de la oposición.
Fuentes de la Presidencia de la Asamblea explicaron que las decisiones hoy adoptadas pasan por interponer una denuncia judicial en base a los artículos 494 y 497 del Código Penal por alteración del orden público e injurias a las instituciones con el fin de ver si los hechos ayer ocurridos tanto dentro como fuera del Hemiciclo pueden ser constitutivos de delito. Asimismo, la Presidencia de la Asamblea remitirá dos escritos al Ministerio y a Delegación de Gobierno para exponerles los hechos y que sean estas instituciones las que reclamen las debidas responsabilidades a los organizadores de la manifestación por alterar las normas de la convocatoria establecidas.
En cuanto a la situación de los diputados, la Cámara ha señalado que estudirán si se puede aplicar el régimen sancionador de la Asamblea al diputado socialista José Quintana por los insultos proferidos contra la Presidencia.
Los altercados se produjeron durante una pregunta al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sobre la industria en la región. En ese momento, los trabajadores de las empresas afectadas, que se encontraban en la tribuna vieron cómo la presidenta regional recogía sus cosas para abandonar su escaño, una actitud que interpretaron como una falta de interés por la cuestión. Cuando salieron los diputados, los trabajadores cruzaron la calle sobrepasando el lugar autorizado para la concentración y los servicios de seguridad de la Cámara cerraron las puertas del Parlamento madrileño después de que la Policía bloqueara la entrada.
LA OPOSICIÓN, "CORRESPONSABLE"
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, ha acusado al PSOE y a IU por su “corresponsabilidad” en lo hechos y de las consecuencias que de estos puedan derivarse.
González ha advertido que pedirán explicaciones al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno por el “acto violento” que protagonizaron cientos de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, ya que a estas instituciones les compete guardar el orden público”. Asimismo considera “inaceptable” que diputados regionales de la oposición se sumaran a esas protestas que “agraden a la institución que representa a todos los madrileños”.
El ‘número dos’ de Esperanza Aguirre tampoco descarta acudir a los tribunales para denunciar “la violencia de las actuaciones que se produjeron”, ya que ha recordado que según figura en el Código Penal está prohibido hacer concentraciones y manifestaciones en el entorno de las sedes de los parlamentos nacional y regional.
POLÍTICA DE SALÓN
La portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, ha destacado que las instituciones “deben procurar no hacer política de salón cuando hay 2.000 trabajadores que se van a ir a la calle en esta ciudad”.
Las instituciones �ha seguido- “no se blindan porque tengan reglamentos sino porque son serias, responden, hacen política y dan la cara ante la crisis”. En su opinión el conflicto no se hubiera producido si Aguirre “se hubiera levantado y hubiera dicho que si se lleva a cabo el ERE, ella estará al lado de los trabajadores, que el ERE es injustificado, que ella irá al Gobierno central o donde haga falta para no ceder ante Iveco porque no hay razones para que se produzcan los despidos y que ella se pondrá a la cabeza de la reivindicación”.
“Lo que es increíble �ha seguido- es que una empresa en la que ha habido múltiples beneficios, con varias recalificaciones, ahora, cuando las cosas vienen duras, tengan que pagar los trabajadores”.
