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27 de mayo de 2010, 5:12
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 26.5.2010
Atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Antonio Pedreira ve indicios de delito en la actuación de dirigentes del PP valenciano aforados al ser diputados en las Corts Valencianes y que podrían haber incurrido en delitos de financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama liderada por Francisco Correa.
Esta decisión se produce después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana después de que el magistrado instructor sobreseyera la causa al entender que no había delito. Una de las últimas actuaciones en este sentido fue la declaración el pasado 18 de mayo de Álvaro Pérez El Bigotes, quien negó los hechos de corrupción que se le imputan relacionados con unos trajes que supuestamente pagó al presidente valenciano.
Del auto se deduce que el objeto de la inhibición de Pedreira es evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana, y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Concretamente, el magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. Además, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. El juez también advierte que los informes de la Agencia Tributaria reflejan que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales. Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.
La oposición ha considerado "gravísimo" el nuevo paso dado por Pedreira y ha instado a Mariano Rajoy a que actúe contra Camps y su equipo. El portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, ha destacado el "salto cualitativo" que supone respecto a la instrucción anterior de la causa. El Consell, sin embargo, no se da por aludido. El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha manifestado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunitat y que está, ha dicho, "acreditada a lo largo de los años".
El vicepresidente primero, que ha comparecido en rueda de prensa junto a los vicepresidentes segundo y tercero del Consell, Gerardo Camps y Juan Cotino, para ofrecer un balance de gestión de los tres primeros años de legislatura, ha asegurado que todavía no había tenido oportunidad de conocer el auto de Pedreira pero que en todo caso "estaremos ante una cuestión de competencia entre tribunales" y ha subrayado que afecte a quien afecte "llevamos unos cuantos años en la política y la gestión siempre ha estado caracterizada por ser absolutamente honesta". "Nadie ha dicho nunca una sola referencia en contrario", ha añadido y ha precisado que esto "merece que haya una justa presunción de inocencia sobre cualquier decisión que se pueda tomar y acudir a la defensa de los derechos que a todo el mundo le corresponden con la seguridad y la tranquilidad de no haber cometido ninguna actuación delictiva a quien corresponda por parte de la decisión que se acaba de producir".
El propio Francisco Camps ha hablado para decir que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada". Camps ha asegurado que su gobierno "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso, se está hablando "de 80 contratos en seis años" y de una "pretendida financiación" irregular del PPCV, --del que ha dicho que "lidera" la Comunidad y la "inmensa mayoría" de los municipios valencianos--, que se ha "demostrado, sindicada y fiscalizada, que no es así".
"Seguiré dándoles todas las explicaciones que quieran. No hay nada que ocultar ni esconder", ha manifestado el jefe del Gobierno valenciano, quien ha añadido que desconoce el tiempo que se tardará en que se sepa "la verdad", aunque considera que se trata de un "proceso mediático" y confía en los jueces. "Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado", ha comentado en alusión a decisiones adoptadas anteriormente por el TSJCV.
> PDF: Auto de inhibición del juez Pedreira
Atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Antonio Pedreira ve indicios de delito en la actuación de dirigentes del PP valenciano aforados al ser diputados en las Corts Valencianes y que podrían haber incurrido en delitos de financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama liderada por Francisco Correa.
Esta decisión se produce después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana después de que el magistrado instructor sobreseyera la causa al entender que no había delito. Una de las últimas actuaciones en este sentido fue la declaración el pasado 18 de mayo de Álvaro Pérez El Bigotes, quien negó los hechos de corrupción que se le imputan relacionados con unos trajes que supuestamente pagó al presidente valenciano.
Del auto se deduce que el objeto de la inhibición de Pedreira es evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana, y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Concretamente, el magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. Además, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. El juez también advierte que los informes de la Agencia Tributaria reflejan que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales. Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.
La oposición ha considerado "gravísimo" el nuevo paso dado por Pedreira y ha instado a Mariano Rajoy a que actúe contra Camps y su equipo. El portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, ha destacado el "salto cualitativo" que supone respecto a la instrucción anterior de la causa. El Consell, sin embargo, no se da por aludido. El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha manifestado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunitat y que está, ha dicho, "acreditada a lo largo de los años".
El vicepresidente primero, que ha comparecido en rueda de prensa junto a los vicepresidentes segundo y tercero del Consell, Gerardo Camps y Juan Cotino, para ofrecer un balance de gestión de los tres primeros años de legislatura, ha asegurado que todavía no había tenido oportunidad de conocer el auto de Pedreira pero que en todo caso "estaremos ante una cuestión de competencia entre tribunales" y ha subrayado que afecte a quien afecte "llevamos unos cuantos años en la política y la gestión siempre ha estado caracterizada por ser absolutamente honesta". "Nadie ha dicho nunca una sola referencia en contrario", ha añadido y ha precisado que esto "merece que haya una justa presunción de inocencia sobre cualquier decisión que se pueda tomar y acudir a la defensa de los derechos que a todo el mundo le corresponden con la seguridad y la tranquilidad de no haber cometido ninguna actuación delictiva a quien corresponda por parte de la decisión que se acaba de producir".
El propio Francisco Camps ha hablado para decir que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada". Camps ha asegurado que su gobierno "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso, se está hablando "de 80 contratos en seis años" y de una "pretendida financiación" irregular del PPCV, --del que ha dicho que "lidera" la Comunidad y la "inmensa mayoría" de los municipios valencianos--, que se ha "demostrado, sindicada y fiscalizada, que no es así".
"Seguiré dándoles todas las explicaciones que quieran. No hay nada que ocultar ni esconder", ha manifestado el jefe del Gobierno valenciano, quien ha añadido que desconoce el tiempo que se tardará en que se sepa "la verdad", aunque considera que se trata de un "proceso mediático" y confía en los jueces. "Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado", ha comentado en alusión a decisiones adoptadas anteriormente por el TSJCV.
> PDF: Auto de inhibición del juez Pedreira
