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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS- 22.06.2009

El Tribunal Supremo ha dictado el lunes un auto por el que exige al Sindicato Manos Limpias una fianza por valor de 6.000 euros para poder ejercer la acusación en la causa admitida a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, que habría cometido al tramitar el caso de los desaparecidos durante el franquismo.

Fuentes del alto tribunal señalaron que la imposición de esta fianza se realiza por la Sala de lo Penal a petición de la defensa de Garzón, con el fin de que el sindicato pueda responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del resultado del proceso. Una vez se materialice la fianza, el instructor de la causa, Luciano Varela, citará al juez Garzón para que declare en calidad de imputado.

CONFIRMACIÓN DE LA QUERELLA

El pasado día 17, la Sala de lo Penal del Supremo desestimó el recurso de súplica interpuesto por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que había sido apoyado por la Fiscalía, contra la admisión a trámite la querella.

Según este auto, el material con el que cuenta hasta ahora el Supremo "no permite considerar los afirmado en la querella como algo inverosímil, ni por tanto hay razones para que no se admita a trámite".

El Tribunal Supremo respondía que de momento, tan sólo ha resuelto la admisión a trámite de la querella y matizaba que "la iniciación de un proceso no es consecuente con la responsabilidad penal, sino la previa condición". "No se inicia un proceso porque sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable", reitera el auto firmado por los magistrados Juan Saavedra, Adolfo Prego de Olíver (ponente), Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

EL JUEZ DEL FRANQUISMO

Entre los jueces que se niegan a desestimar la querella de Manos Limpias, se encuentra Adolfo Prego de Olíver, un magistrado que en reiteradas ocasiones ha alabado y defendido el alzamiento franquista de 1936, según informó el domingo el diario Público.

En los dos últimos años participó en dos actos celebrados el 26 de enero de 2005 y el 14 de febrero de 2007, tuvieron como escenario el Casino de Madrid, una emblemática institución privada de la capital de cuya junta directiva el propio juez Prego forma parte. En ambos, el magistrado del Supremo ejerció idéntico papel: pronunció el discurso que dio paso a sendas conferencias del escritor Pío Moa, uno de los principales representantes del revisionismo histórico que pretende justificar el "alzamiento" de julio de 1936 como la respuesta a un supuesto golpe de Estado previo realizado por el Frente Popular.

Durante sus intervenciones, Prego no sólo no escatimó elogios al polémico conferenciante "una de las cabezas mejor amuebladas y mejor ventilada de este país" sino que también hizo suyas las cuestionadas tesis que defiende Moa "se ha convertido en una demostración argumentada, documentada de una realidad que no se quería ver".
En su intervención, Prego también hizo referencia al, en su opinión, "proceso de sovietización" que supuso la llegada al poder del Frente Popular , y califició el golpe de Estado del general Franco como "contrarrevolución", según se recoge en dos ejemplares de la propia revista interna del Casino de Madrid.

CONTRA LA MEMORIA HISTÓRICA

Además De su defensa hacia las teorías de Pío Moa, el magistrado Prego, no ha dudado a la hora de dejar clara su opinión e ideología, cuando firmó un manifiesto contra la Ley de Memoria Históricaque apareció publicado tras la aprobación de ésta.

El manifiesto, que aún se puede consultar en el blog de Pío Moa, insistía en la idea de exculpar a los golpistas del estallido de la guerra y de achacar toda la responsabilidad al Frente Popular, integrada, según el documento firmado por Prego, por "agrupaciones marxistas radicales, estalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertad".

Fue precisamente su apoyo a este manifiesto uno de los argumentos esgrimidos por asociaciones que defienden la memoria histórica para pedir su recusación en la causa de Manos Limpias contra el juez Garzón. Sin embargo, el alto tribunal rechazó una semana después la pretensión de estos colectivos.

Prego, que forma parte del patronato de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), ya había hecho alarde de su postura ante el franquismo en reuniones internas del CGPJ. En una de ellas, se opuso vehementemente a que el órgano de Gobierno de los jueces acordara reparar a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales que sufrieron represión por haber defendido la legalidad republicana.

En otra, pidió explicaciones al entonces presidente del CGPJ, Francisco Hernando, por un curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial en el que se debatió sobre la reparación a las víctimas de la dictadura.

El juez que admitió la querella contra Garzón defiende el golpe franquista