viernes. 29.03.2024

El Gobierno recurre la reforma de la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre

Hace sólo dos días el presidente Zapatero criticaba el "espectáculo lamentable" que el ejecutivo madrileño está dando en la cuarta entidad financiera de España al desatar una guerra para hacerse con su control.
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El PP dice que es una "injerencia inaceptable"
Cristóbal Montoro, portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso, opina que se trata de una "maniobra de distracción" y que el Gobierno tiene cosas más importantes de qué ocuparse en momentos tan delicados para la banca.
NUEVATRIBUNA.ES - 27.3.2009

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha ordenado a la Abogacía del Estado (dependiente del Ministerio de Justicia) que el próximo lunes presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid que fue reformada por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de diciembre.

El anuncio ha sido hecho por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. El recurso se basa en un informe elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Elena Salgado.

El Ejecutivo, que ha adoptado esta decisión tras contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado, fundamenta este recurso en que la norma, impulsada por el Gobierno que preside Esperanza Aguirre, "altera los criterios de proporcionalidad establecidos en la ley estatal de Cajas de Ahorros de 2003" en la representatividad de las corporaciones locales.

La nueva Ley de Cajas limita la presencia del Ayuntamiento en Caja Madrid y es en este punto en el que se fundamenta el recurso, al estimar que la capital queda infrarepresentada en la entidad financiera en relación con otros municipios más pequeños.

Precisamente por este motivo, el consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón presentó la semana pasada un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

SUSPENSIÓN CAUTELAR

El recurso del Gobierno suspendería de manera cautelar la aplicación de los nuevos estatutos en Caja Madrid hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, en lo que pueden pasar cinco meses. Los estatutos impuestos por el ejecutivo regional fueron rechazados por la Asamblea General de la entidad financiera.

Siempre que una Comunidad Autónoma aprueba una ley, la Administración del Estado pone en marcha un estudio para determinar si dicha normativa conculca alguna competencia estatal. En este sentido, la ‘número dos’ del Ejecutivo ha asegura que la reforma va en contra del “criterio de proporcionalidad" de la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA). Por su parte, el vicepresidente económico del Gobierno, Pero Solbes añade que hay "fundamentos jurídicos suficientes" para presentar el recurso.

La crisis en Caja Madrid fue llevada por el propio Zapatero al Congreso de los Diputados cuando en el Pleno del miércoles reprochó a Mariano Rajoy no hacer nada por solucionar el “lamentable espectáculo” que estaba dando el PP en la lucha por el poder en la entidad.

Un día antes, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, criticó con mucha dureza el “intervencionismo descarado” que, a su juicio, se está produciendo en la Caja.

AGUIRRE BUSCA AHORA UN ACUERDO

Por su parte, la presidenta de Madrid ha iniciado una ronda de contactos con los principales interlocutores con representación en la Caja pero sin ninguna intención de reformar la ley. Aguirre se reunió ayer con los secretarios generales de CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez. El pacto alcanzado por los sindicatos mayoritarios provocó el bloqueo de la comisión de control el pasado 16 de enero, con el objetivo de buscar una solución dialogada.

La jefa del Ejecutivo regional también tiene previsto reunirse la semana que viene con el líder del PSM, Tomás Gómez, para lograr una cuerdo. El PSOE está manteniendo hasta ahora una postura neutral, absteniéndose en las votaciones de lo órganos de control de la Caja.

En estas reuniones también participarán el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio González y el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, quien tiene de plazo un mes para imponer los estatutos en base a la nueva ley pese a que fueron rechazados por la Asamblea General.

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