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15 de mayo de 2009, 14:10
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 14.05.2009
En un Consejo de Ministros de carácter extraordinario, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que remitirá el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para después iniciar su trámite parlamentario y sea aprobada por las Cortes.
En rueda de prensa en La Moncloa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que el objetivo es "salvaguardar la dignidad de la mujer" y ofrecer también seguridad jurídica a los profesionales de la Sanidad. "Protege y garantiza en todo el Estado los derechos de las mujeres", insistió.
UNA LEY QUE SE ACERCA A EUROPA
Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha manifestado que la Ley ofrece "más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados". Además, ha señalado que se trata de una norma "más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual".
Según ha informado la titular de Igualdad, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. "Garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas", ha agregado Aído.
De manera excepcional -ha continuado- hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
A partir de aquí sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, "para que sea una prestación pública y gratuita". Según ha explicado Aído, "el Estado velará por el cumplimiento efectivo de estos derechos a través de la Alta Inspección Sanitaria".
"Con la nueva ley -ha afirmado la titular de Igualdad- ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, pero la Ministra ha insistido que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes".
EVITAR INTERVENCIONES CLANDESTINAS
Por último, en la disposición final segunda del Anteproyecto se plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en 16 años. Según Aído, "se trata de dar coherencia al marco jurídico y desde luego, de evitar intervenciones clandestinas".
En relación a la encuesta presentada hoy por Derecho a Vivir (DAV), de la que se desprende que el 40,5% de los españoles no aprueba el aborto, la titular de Igualdad dijo "tener datos diferentes". En todo caso, ha añadido que lo que corresponde al Gobierno "es solventar los problemas" generados por la legislación actual.
Por otra parte, defendió al Ejecutivo de Zapatero como "el que más ayuda a la mujer embarazada". "Este Gobierno tiene un compromiso firme para avanzar en conciliación y garantizar más derechos", ha agregado.
En un Consejo de Ministros de carácter extraordinario, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que remitirá el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para después iniciar su trámite parlamentario y sea aprobada por las Cortes.
En rueda de prensa en La Moncloa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que el objetivo es "salvaguardar la dignidad de la mujer" y ofrecer también seguridad jurídica a los profesionales de la Sanidad. "Protege y garantiza en todo el Estado los derechos de las mujeres", insistió.
UNA LEY QUE SE ACERCA A EUROPA
Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha manifestado que la Ley ofrece "más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados". Además, ha señalado que se trata de una norma "más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual".
Según ha informado la titular de Igualdad, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. "Garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas", ha agregado Aído.
De manera excepcional -ha continuado- hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
A partir de aquí sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, "para que sea una prestación pública y gratuita". Según ha explicado Aído, "el Estado velará por el cumplimiento efectivo de estos derechos a través de la Alta Inspección Sanitaria".
"Con la nueva ley -ha afirmado la titular de Igualdad- ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, pero la Ministra ha insistido que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes".
EVITAR INTERVENCIONES CLANDESTINAS
Por último, en la disposición final segunda del Anteproyecto se plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en 16 años. Según Aído, "se trata de dar coherencia al marco jurídico y desde luego, de evitar intervenciones clandestinas".
En relación a la encuesta presentada hoy por Derecho a Vivir (DAV), de la que se desprende que el 40,5% de los españoles no aprueba el aborto, la titular de Igualdad dijo "tener datos diferentes". En todo caso, ha añadido que lo que corresponde al Gobierno "es solventar los problemas" generados por la legislación actual.
Por otra parte, defendió al Ejecutivo de Zapatero como "el que más ayuda a la mujer embarazada". "Este Gobierno tiene un compromiso firme para avanzar en conciliación y garantizar más derechos", ha agregado.
