nuevatribuna.es
18 de febrero de 2009, 18:09
NUEVATRIBUNA.ES - 18.2.2009
Se cumpliría así una de las principales aspiraciones del PP, el partido cuya presunta implicación en la trama se dirime en la investigación, que desde un primer momento ha querido que el caso saliese de las manos de Baltasar Garzón por considerar que el juez actúa por “enemistad manifiesta” hacia los “populares”.
El juez de la Audiencia Nacional no puede procesar a las personas aforadas, parlamentarios y altos cargos, pero sí al resto de los imputados y así lo reseñaba en su último auto. El PP ha insistido desde entonces para que Garzón haga públicos los nombres de los aforados que figuran en la lista de los 37 imputados.
La Fiscalía asegura en su escrito que el juez no puede desgajar una parte de la investigación y que debe entregarlo en su totalidad a órganos superiores de la Justicia.
Concretamente, lo que plantea la Fiscalía Anticorrupción supondría que "la investigación de la totalidad del sumario recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia", según indica el Ministerio Público en una nota de prensa.
LA FISCALÍA NO ACLARA SUS MOTIVOS
La Fiscalía aclara que las dos fiscales encargadas del caso -Concha Sabadell y Miriam Segura- presentaron este miércoles en el Juzgado Central de Instrucción número 5 este informe, que les solicitó Garzón para que se pronunciaran sobre los pasos a seguir en el caso de que pudiera haber imputados aforados en la causa.
La nota de prensa destaca que el Ministerio Público "respeta el carácter secreto de las actuaciones" por lo que se limita a manifestar que en su escrito solicita a Garzón "la elevación de "exposiciones razonadas" a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. No obstante, la Fiscalía no explica los motivos que han conducido a Anticorrupción a realizar esta petición y se remite "a las o razones que se exponen en el referido informe", que no se ha hecho público.
El pasado viernes, Garzón anticipó en el auto por el que rechazó la personación del Partido Popular (PP) en la causa que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
En su auto afirmaba que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente". La investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados nacionales y senadores y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.
Se cumpliría así una de las principales aspiraciones del PP, el partido cuya presunta implicación en la trama se dirime en la investigación, que desde un primer momento ha querido que el caso saliese de las manos de Baltasar Garzón por considerar que el juez actúa por “enemistad manifiesta” hacia los “populares”.
El juez de la Audiencia Nacional no puede procesar a las personas aforadas, parlamentarios y altos cargos, pero sí al resto de los imputados y así lo reseñaba en su último auto. El PP ha insistido desde entonces para que Garzón haga públicos los nombres de los aforados que figuran en la lista de los 37 imputados.
La Fiscalía asegura en su escrito que el juez no puede desgajar una parte de la investigación y que debe entregarlo en su totalidad a órganos superiores de la Justicia.
Concretamente, lo que plantea la Fiscalía Anticorrupción supondría que "la investigación de la totalidad del sumario recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia", según indica el Ministerio Público en una nota de prensa.
LA FISCALÍA NO ACLARA SUS MOTIVOS
La Fiscalía aclara que las dos fiscales encargadas del caso -Concha Sabadell y Miriam Segura- presentaron este miércoles en el Juzgado Central de Instrucción número 5 este informe, que les solicitó Garzón para que se pronunciaran sobre los pasos a seguir en el caso de que pudiera haber imputados aforados en la causa.
La nota de prensa destaca que el Ministerio Público "respeta el carácter secreto de las actuaciones" por lo que se limita a manifestar que en su escrito solicita a Garzón "la elevación de "exposiciones razonadas" a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. No obstante, la Fiscalía no explica los motivos que han conducido a Anticorrupción a realizar esta petición y se remite "a las o razones que se exponen en el referido informe", que no se ha hecho público.
El pasado viernes, Garzón anticipó en el auto por el que rechazó la personación del Partido Popular (PP) en la causa que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
En su auto afirmaba que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente". La investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados nacionales y senadores y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.
