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19 de octubre de 2009, 13:48
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 19.10.2009
Los dos principales imputados por el desvío de dinero del Palau, que han declarado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, están acusados de los cargos de falsedad documental y apropiación indebida. El juez les obliga a entregar los pasaportes, pero no les ha impuesto ninguna fianza. Esta decisión llega tres meses después del registro del Palau y de que Millet y Montull confesaran haber desviado unos diez millones de euros de la entidad en una carta remitida al juez.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, les había citado en calidad de imputados y tras la querella presentada por la Fiscalía en junio contra ellos dos, la hija de Montull y contable de la institución, Gemma Montull, y contra los tesoreros Pau Duran y Enric Álvarez. Estaba previsto que el interrogatorio se centrara en la querella de la Fiscalía, y que se dejaran para más adelante unas diligencias ampliatorias sobre todo lo confesado por Millet y Montull en varias cartas remitidas al juez.
La investigación la inició la Agencia Tributaria en 2008, cuando detectó la retirada de numerosos billetes de 500 euros de cuentas del Palau, aunque en 2002 un anónimo ya había advertido a Hacienda de irregularidades contables cometidas por Millet. Tras una larga investigación de casi un año, a principios de junio la Fiscalía presentó la querella ante el juez, que no ordenó el registro del Palau por parte de los Mossos d'Esquadra hasta el 23 de julio, momento en el que el caso salió a la luz pública causando un gran revuelo entre la clase política y la sociedad civil.
En la querella de la Fiscalía no se llega a determinar el destino final del dinero desviado, que se elevaría a unos 10 millones. El 16 de septiembre los implicados admitieron la apropiación de 3,3 millones para viajes familiares a destinos lejanos o para remodelar sus viviendas particulares, como una torre que Millet tiene en L'Ametlla del Vallès (Barcelona). Lo que sí se determina en la querella es la manera como Millet y Montull desviaron el dinero. Lo hacían a través de facturas falsas o hinchando otras, como la correspondiente a la reforma del órgano del Palau, además de pagar en dinero negro a artistas, según su propia confesión.
A pesar de que no figura en la investigación judicial, también ha salido a la luz pública que la Fundació del Palau fue el principal donante privado de la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, durante varios años, aunque no está claro si le entregó 630.000 o 330.000 euros, y que Millet dio 72.000 euros a Àngel Colom, que éste utilizó para pagar las deudas del Partit per la Independència (PI).
El caso ha provocado estupor en la sociedad civil catalana, ya que se consideraba que el Palau de la Música y el Orfeó Català eran entidades culturales ejemplares y simbólicas. El hecho de que, además, las administraciones públicas estén dentro del Consorcio que gestiona el Palau ha provocado indignación por el poco control que había del dinero público que se abocaba a las entidades. Aunque las instituciones públicas pretendían presentarse como acusación particular, el juez sólo permitirá que lo hagan el propio Orfeó y el Consorcio --donde ya están representadas las administraciones--. No obstante, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura podrían personarse como acusación popular.
Los dos principales imputados por el desvío de dinero del Palau, que han declarado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, están acusados de los cargos de falsedad documental y apropiación indebida. El juez les obliga a entregar los pasaportes, pero no les ha impuesto ninguna fianza. Esta decisión llega tres meses después del registro del Palau y de que Millet y Montull confesaran haber desviado unos diez millones de euros de la entidad en una carta remitida al juez.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, les había citado en calidad de imputados y tras la querella presentada por la Fiscalía en junio contra ellos dos, la hija de Montull y contable de la institución, Gemma Montull, y contra los tesoreros Pau Duran y Enric Álvarez. Estaba previsto que el interrogatorio se centrara en la querella de la Fiscalía, y que se dejaran para más adelante unas diligencias ampliatorias sobre todo lo confesado por Millet y Montull en varias cartas remitidas al juez.
La investigación la inició la Agencia Tributaria en 2008, cuando detectó la retirada de numerosos billetes de 500 euros de cuentas del Palau, aunque en 2002 un anónimo ya había advertido a Hacienda de irregularidades contables cometidas por Millet. Tras una larga investigación de casi un año, a principios de junio la Fiscalía presentó la querella ante el juez, que no ordenó el registro del Palau por parte de los Mossos d'Esquadra hasta el 23 de julio, momento en el que el caso salió a la luz pública causando un gran revuelo entre la clase política y la sociedad civil.
En la querella de la Fiscalía no se llega a determinar el destino final del dinero desviado, que se elevaría a unos 10 millones. El 16 de septiembre los implicados admitieron la apropiación de 3,3 millones para viajes familiares a destinos lejanos o para remodelar sus viviendas particulares, como una torre que Millet tiene en L'Ametlla del Vallès (Barcelona). Lo que sí se determina en la querella es la manera como Millet y Montull desviaron el dinero. Lo hacían a través de facturas falsas o hinchando otras, como la correspondiente a la reforma del órgano del Palau, además de pagar en dinero negro a artistas, según su propia confesión.
A pesar de que no figura en la investigación judicial, también ha salido a la luz pública que la Fundació del Palau fue el principal donante privado de la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, durante varios años, aunque no está claro si le entregó 630.000 o 330.000 euros, y que Millet dio 72.000 euros a Àngel Colom, que éste utilizó para pagar las deudas del Partit per la Independència (PI).
El caso ha provocado estupor en la sociedad civil catalana, ya que se consideraba que el Palau de la Música y el Orfeó Català eran entidades culturales ejemplares y simbólicas. El hecho de que, además, las administraciones públicas estén dentro del Consorcio que gestiona el Palau ha provocado indignación por el poco control que había del dinero público que se abocaba a las entidades. Aunque las instituciones públicas pretendían presentarse como acusación particular, el juez sólo permitirá que lo hagan el propio Orfeó y el Consorcio --donde ya están representadas las administraciones--. No obstante, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura podrían personarse como acusación popular.
