viernes. 29.03.2024

ERC defenderá el próximo martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa pidiendo la cesión a la Generalitat catalana de la competencia para autorizar referendos en la comunidad autónoma. Ésto permitiría celebrar una consulta sobre la independencia de Catalunya sin permiso del Gobierno central.

Esta proposición no de ley se registró tras la manifestación de la Diada, que tenía por lema la apuesta por un Estado propio para Catalunya, y la aprobación en el Parlament de una resolución instando a celebrar una consulta por la autodeterminación durante la próxima legislatura.

El Estatut atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, el cumplimiento y la convocatoria de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular en su territorio, exceptuando los que la Constitución española reserva al Estado.

Según recuerda ERC en su iniciativa, el Parlament aprobó una Ley de Consultas para desarrollar esa competencia, pero fue impugnada por el Gobierno del PSOE y suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), alegando que la Carta Magna reserva al Gobierno central la autorización de consultas sobre asuntos de especial trascendencia.

REGISTRADA TRAS LA DIADA

La formación independentista entiende que el referéndum debería ser un mecanismo normalizado de expresión política en cada una de las Administraciones con poder de decisión, pero "esta normalización está obstaculizada de manera incomprensible por la autorización previa estatal a cualquier referéndum de una Comunidad Autónoma o municipio".

Lo que plantea ERC es aprovechar el mecanismo de la delegación de competencias que permite la Constitución en su artículo 150.2 para que el Pleno del Congreso inste al Gobierno central a ceder esa autorización a la Generalitat en un plazo de seis meses y así "permitir en toda su magnitud la Ley de consultas catalana e, incluso, aumentar su profundización democrática".

"Extender el derecho de participación directa de la ciudadanía respecto a las decisiones y acuerdos sobre aspectos de especial trascendencia política que afecte al ámbito estricto de las Comunidades Autónomas, haría posible una articulación del poder evidentemente más participativa", sostienen.

El Congreso debate si Catalunya puede convocar un referéndum